el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.
Aton
Tras conocerse que más de 323 mil interconsultas en lista de espera fueron dadas de alta el año pasado por vía administrativa del hospital Sótero del Río, la indignación se hizo presente y diversas autoridades solicitaron que desde el Ministerio de Salud entregara explicaciones.
Fue el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, quien hoy reconoció que los hechos ocurridos son graves ya que "atentan contra la confianza y la transparencia del sistema, y por el impacto que puede haber tenido en las personas que están involucradas".
Tras lo anterior informó que cuando el Minsal se enteró de la situación instruyeron un sumario. "De tal manera que hoy hay un sumario para investigar con más precisión qué pasó y quiénes eventualmente puedan ser responsables y cuáles son las sanciones que esos responsables debieran recibir", dijo.
Agregó que la preocupación está puesta también en los afectados. "De esa enorme cantidad de personas que estaban en una lista que el hospital tenía, que era paralela y desde hace muchos años, lo que sucedió es que un día terminado un número importante de esa lista fue eliminado de la lista. Y esa fue la alarma".
"Cuando revisamos con más detalle, insisto hoy no tenemos todo el detalle porque hay una investigación, pero sí podemos decir que de la totalidad de esas personas, la gran parte no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros tenemos registrada, que son para consultas de nueva especialidad y para cirugías. Era para otro tipo de procedimientos que no están dentro de la lista de espera de esta característica" dijo.
Agregando que "un número importante de casos habían sido ya resueltos o estaban duplicados. Y por cierto, algunas de esas personas habían fallecido. Estamos hablando de una lista que lleva muchos años".
"Hoy son poquito menos de 20 mil los que efectivamente son personas que debieron estar en la lista oficial"
Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales
En este punto se detuvo y explicó que "es distinto 'fallecidos estando en la lista de espera' que 'fallecidos debido a la causa que estaban esperando'. Todos los estudios que hemos hecho demuestran que las personas que fallecen esperando una atención en lista de espera son de las mismas causas y edades que aquellas personas de la población general que fallecen cotidianamente. De manera que no hay diferencias específicas y no podemos decir hoy día que esas personas fallezcan por la patología por la cual están en lista de espera".
Hablando de cifras, comunicó que del total de casos reportados "hoy son poquito menos de 20 mil los que efectivamente son personas que debieron estar en la lista oficial". Estas ya habrían sido trasladadas a el listado oficial.
De esta manera anunció que "hay un programa específico para sacar de esa lista de espera a las personas que fueron afectadas", asegundo que "hay más de dos mil personas a las que ya se les resolvió el problema de ese universo final que son aproximadamente 19 mil o 20 mil".
Finalmente dijo que "el compromiso del hospital es durante el presente año sacar de la lista de espera por atención efectiva a todas las personas que eventualmente pudieron ser afectadas por el problema".
Diputados RN solicitan acciones penales
Este jueves, mediante un oficio enviado a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera y al Director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Juan Torres, los diputados de RN, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero y Andrés Celis solicitaron acciones penales.
Misma solicitud fue hecha al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, con el objetivo de que se resguarde el Patrimonio Fiscal y la Probidad en la Función Pública frente a recursos que pudieron haber sido mal utilizados.
Según fundamentan los parlamentarios, entre los delitos que podrían haberse cometidos se encuentran: el delito de falsificación o adulteración maliciosa de instrumento público cometido por empleados públicos, el delito de fraude al Fisco, además de confirmarse que los delitos se ejecuten en un contexto organizativo, podría verificarse el delito de asociación delictiva o criminal.
Finalmente, los diputados indicaron que el Código Procesal Penal impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar los hechos punibles que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, misma obligación contenida a nivel administrativo en el Estatuto Administrativo.
