El nuevo socavón en el edificio Euromarina II en Reñaca, Región de Valparaíso, resurgió las interrogantes sobre la situación del campo dunar en esa zona.
Y es que los cuestionamientos porque esto vuelva a ocurrir es la latente preocupación, tanto para quienes habitan -o son propietarios- como para las autoridades locales.
Sobre todo, tomando en cuenta los similares sucesos registrados en agosto y septiembre del año pasado en el sector de Cochoa, que obligó la evacuación de los edificios Kandinsky, Miramar y Santorini -y cuya reparación está en curso- producto del colapso del colector Reñaca norte que es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.
Por eso, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunciaron esta mañana la solicitud de un informe extenso para determinar si existe riesgo de que ocurra otro socavón en la zona.
En es ese sentido, la directora (s) del organismo, Alicia Cebrián, informó en Radio Universo que mandatarán a Sernageomin y otros organismos para que "puedan hacer un análisis un poco más extenso de la zona y no solo radicado en esta situación puntual".
"De manera de poder detectar si existen riesgos inminentes de que pudieran ocurrir otras situaciones y eso significa además involucrar a otros organismos como Serviu (Minvu), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que pudieran hacer un análisis un poco más amplio", añadió.
Ahora bien, y pese al informe que mandató Senapred, en 2023 la Municipalidad de Viña del Mar informó de problemas a la repartición y en abril pasado, además, solicitó medidas y advirtió del "grave" riesgo.
Todo, en medio de que además para el jueves y viernes se espera que caigan al menos 70 milímetros de agua por el sistema frontal.
La preocupación por falta de protección
Al respecto, Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa, manifestó su preocupación subrayando la falta de protección y la ocupación agresiva del área.
"Es realmente triste lo que sucede allí", comentó la especialista, destacando que ya existía evidencia científica sobre el estado crítico de este campo dunar.
"Sernageomin había emitido un informe técnico años atrás, alertando sobre los peligros de ocupar esta área", añadió.
Según precisó, este campo de dunar, que ha sido monitoreado por expertos, es uno de los más antiguos en la región y se caracteriza por sus dunas colgadas, es decir, que no tienen alimentación directa del mar, a diferencia de otros campos de dunas.
"Es bien triste lo que pasa ahí, porque ya había evidencia científica publicada sobre el estado de este campo de dunar, en particular, también Sernageomin había hecho, varios años antes, un informe técnico sobre los peligros que representaba hacer ocupación de este campo de dunar"
Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa
"Este ecosistema tiene miles de años y ha desarrollado suelo y vegetación, formando parte de un patrimonio biocultural que aún no ha sido protegido hasta la fecha", añadió.
En ese sentido, Martínez criticó la urbanización desmedida y las formas de ocupación agresivas que han sometido a grandes presiones a este frágil ecosistema.
"La construcción y el crecimiento urbano para segundas residencias han impactado gravemente el área, no solo dañando un ecosistema de alta fragilidad, sino también exponiéndolo a grandes cargas y presiones", manifestó.
A pesar de la evidencia científica y los informes técnicos que subrayan la necesidad de protección, no se ha integrado este conocimiento en los planes reguladores para controlar y gestionar adecuadamente el uso del suelo en estas áreas.
"No tenemos una ley de costa ni una normativa orgánica que regule y consensue los usos en la costa", lamentó la especialista.
En esa línea, acusó que la falta de una legislación adecuada ha sido un problema persistente en Chile.
"Hace dos años se entregó al Parlamento un proyecto de ley de costa, basado en evidencias científicas y comparaciones con legislaciones exitosas en otros países, pero sigue en espera, sin voluntad política para avanzar", señaló.
La experta concluyó afirmando que "el Estado está en deuda" con este tema, ya que la ausencia de una normativa adecuada sigue poniendo en riesgo la seguridad de las personas que habitan en estas zonas.
