El pasado 5 de junio, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley sobre
Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, iniciativa que formó parte de los anuncios que hizo el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del 1 de junio.
La iniciativa, a la que se le aplicará urgencia para su tramitación, busca que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar con medidas que previenen y erradican todo tipo de acoso, violencia o discriminación.
Además, recoge otras iniciativas que se han presentado en esta línea, como el proyecto conocido como "José Matías", que toma el nombre del adolescente trans quien se quitó la vida en 2019 en Copiapó, tras sufrir bulliyng, e integra contenidos para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.
La iniciativa consta de cuatro ejes clave: en primer lugar, establece el rol del Estado para abordar la convivencia; como segundo punto, robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa, entre ellos, la obligatoriedad de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades.
Como tercer eje, fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico (con más facultades en la Superintendencia de Educación y crea un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación); y en cuarto lugar, contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos.
En conversación con Emol, expertos y miembros de la comisión de Educación en la Cámara reconocen que hay aspectos positivos en plantear iniciativas en esta línea, pero expresan sus inquietudes de cara a la tramitación, o aquello que, a su juicio, debería ser añadido o revisado cuando ocurra el respectivo debate.
Cuestionamientos por los recursos
Algunos voces cuestionan algunas áreas del proyecto, en específico aquellas que cuestionan que existan más "protocolos y obligaciones" a las comunidades educativas, y que los recursos vayan hacia instituciones contraloras del Estado, pero no directamente a los recintos educativos.
Daniel Rodríguez director ejecutivo de Acción Educar, comenta que "es un muy mal proyecto, que reitera el extravío preocupante del Gobierno en materia legislativa. No se entiende qué relación ve el Gobierno entre la buena convivencia y este proyecto, cuyo foco es introducir elementos de cogobierno en todos los colegios de Chile y recargarlos de aún más de protocolos y obligaciones, sin entregarles un peso más".
"No necesitamos más funcionarios del Estado, necesitamos que los recursos se vayan y lleguen efectivamente a las comunidades escolares, a los profesores con buenas ideas, a los directores con buenas prácticas, a las organizaciones de apoderados que marcan la diferencia apoyando en la gestión de los ambientes escolares".
Jaime Retamal, experto en educación, Usach
"Es incomprensible que se aumente la presión y responsabilidad sobre los directores sin darles recursos y quitándoles atribuciones. Con más papeles, sanciones y reglamentos no se soluciona la convivencia, sino con profesionales que trabajen en el establecimiento y ayuden a abordar la convivencia en sus distintas aristas", precisó.
En tanto, María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, también apunta a que "el proyecto implica más sobrecarga para las escuelas, y no es un real apoyo para que los equipos directivos puedan tomar medidas frente a situaciones de violencia escolar. Preocupa especialmente que en vez de entregar más recursos a las escuelas, se propone aumentar la contratación de más funcionarios públicos. No se necesita dar mas poder a la superintendencia sino apoyar a los equipos directivo".
Por su parte, el académico de la Usach, Jaime Retamal, experto en educación y en materias de violencia escolar, comenta en esa línea que la nueva legislación aumenta los recursos para las instituciones contraloras del Estado, lo que, a su juicio, es "mala señal".
"No necesitamos más funcionarios del Estado, necesitamos que los recursos se vayan y lleguen efectivamente a las comunidades escolares, a los profesores con buenas ideas, a los directores con buenas prácticas, a las organizaciones de apoderados que marcan la diferencia apoyando en la gestión de los ambientes escolares. "Más Estado" es la peor señal de esta nueva legislación y creo que no pasará la discusión parlamentaria.
Llamado a evitar la "ideologización"
Otro aspecto que ponen sobre la mesa los expertos es la necesidad de que en el debate, se escuchen a todos los miembros de las comunidades escolares, y evitar, además, la "ideologización" de una eventual futura normativa.
Retamal recuerda que hay mucho trabajo prelegislativo en esta materia, "y sin duda cuenta con la venia de un sector de las y los investigadores activos sobre violencia escolar, todos orientados por sus propias ideologías, lo que es legítimo".
"Pero espero que durante el trámite legislativo en el Congreso no sólo se escuche a los psicólogos y sociólogos expertos, sino que por sobre todo, a madres, padres, apoderados, profesores y muy especialmente a estudiantes; se debe escuchar la voz de las comunidades educativas que sufren la violencia escolar; la voz de ellos sería muy triste que se pasara por alto. Repetiríamos los errores de las legislaciones antiguas", puntualizó.
El debate en la Cámara
Ayer, el ministro Nicolás Cataldo llegó hasta el Congreso para presentar a los parlamentarios la iniciativa, de modo que se agilice la discusión y presentación de indicaciones. En esa línea, algunos parlamentarios dieron cuenta de sus inquietudes.
La diputada del PDG, Karen Medina, dijo valorar la iniciativa del Gobierno para "enfrentar un problema que nos viene pegando hace ya bastante rato, como es la violencia escolar y que esté tomando las iniciativas parlamentarias, que se levantan por alguna necesidad puntual vivida y las haga parte para robustecer y fortalecer esta idea legislativa, que sin duda vamos a apoyar".
No obstante, la parlamentaria advirtió que "voy a poner mucho ojo, porque espero que el Ejecutivo no venga a ideologizar este proyecto con algunas ideas que no han podido sacar en algunas otras iniciativas, y estén tratando de meterlas acá como indicaciones, y me refiero al proyecto José Matías. Aquí se debe apuntar a la igualdad de condiciones de todas la personas, no a tratar de estigmatizar o dejar unos por sobre otros, que es lo que no genera el consenso en la Cámara".
Por su parte, la diputada Helia Molina (PPD), comentó que "recién hoy día (ayer) empezamos a discutir la ley, pero me alegré que hubieran recursos, porque muchas veces estas leyes pueden ser de muy buenas intenciones, pero si no hay recursos que permitan implementar todos los programas que están dentro de la política, no sirve para nada".
"Escuché la buena noticia que hay recursos, yo voy a apoyar este proyecto, voy a hacer las indicaciones que me parezcan necesarias para hacerlo más operacional", subrayó.
La diputada Marcia Raphael (RN), planteó al respecto que "estamos claros que como país tenemos una deuda pendiente en cómo abordamos los problemas de convivencia y de violencia que vemos día a día en distintos establecimientos educacionales. Sin embargo, debemos ser cautos en el proyecto que ingresó el Gobierno que tiene problemas estructurales que pueden incidir en la libertad de enseñanza y en la diversidad de proyectos educativos existentes".
Eso, añadió", "se suma a que los recursos adicionales de esta iniciativa no van a los establecimientos, si no para seguir aumentando la dotación de funcionarios públicos y no sumando así recursos directos a los establecimiento".
El diputado Stephan Schubert (REP), dijo además que le consultó al ministro Cataldo por el fundamento teórico tras la propuesta y si el hecho de establecer un comité de alguna manera podría restar atribuciones a los rectores o directores.
"Ellos serían parte de este comité pero no serían quienes resuelven, entonces además haría que la resolución no fuera técnica, profesional, sino que de representación y eso aleja algo que probablemente debiera ser resuelto por alguien técnico. Es una buena idea la de legislar respecto de la convivencia, pero creo que la herramienta que está proponiendo el Gobierno debe ser modificada durante el proceso de tramitación de la ley", afirmó.
