El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, se refirió a la investigación que dio con la vinculación de un interno de la ex Penitenciaría de Santiago con el secuestro de una mujer en Talagante, Región Metropolitana.
El jefe comunal solicitó una auditoria, ya que se levantaron dudas del funcionamiento del sistema de inhibición de señal en el centro carcelario: Gendarmería incautó teléfonos celulares.
Fue el viernes que funcionarios de la PDI detuvieron a cuatro venezolanos y un colombiano imputados por el ilícito. La policía liberó a la mujer, quien estaba
cautiva desde el miércoles.
Así las cosas, las indagatorias establecieron que entre los involucrados del ilícito se encontraba un interno del recinto carcelario ya mencionado. Gendarmería realizó un operativo el domingo y le incautó teléfonos celulares.
El punto polémico es que ese centro carcelario cuenta un sistema de inhibición de señal: en Santiago Uno y en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad también opera. Alessandri sostuvo que "exigimos una auditoría detallada sobre la implementación de estos inhibidores".
"La grave crisis de seguridad exige que el Gobierno transparente qué empresa está a cargo, cómo se está realizando la instalación y si realmente están operativos 24/7 o no. La seguridad de nuestros ciudadanos y la eficacia del uso de los recursos públicos dependen de la transparencia y responsabilidad en la gestión de estos proyectos", agregó.
Con todo, sostuvo que "es inaceptable" que hayan encontrado aparatos telefónicos "después de todas las promesas de cambios que hizo este Gobierno en relación al control de las cárceles".
Completó señalando que "se nos aseguró que se implementarían inhibidores de señales de comunicación con una inversión millonaria financiada por todos los ciudadanos. Sin embargo, a través de la propia fiscalía, hemos descubierto que estos dispositivos no están funcionando, y peor aún, las cárceles siguen siendo en centros operativos para organizaciones criminales".
El diputado Mauro González (RN) sostuvo que "es impresentable que desde la misma cárcel se estén coordinando nuevos delitos y de máxima gravedad. No estamos hablando de llamadas telefónicas para hacer estafas, sino que de la coordinación de un secuestro".
"Desde hace tiempo vengo pidiendo que se mejore la infraestructura carcelaria, no solo por los llamados pelotazos que proveen de celulares y drogas a los reos, sino que también por seguridad de los mismos gendarmes, que hoy están custodiando a integrantes de peligrosas bandas del crimen organizado", añadió, y señaló que "si no se actúa ahora, las cárceles terminarán siendo centro de operaciones delictuales subvencionadas por el Estado".
A su vez, la congresista Marlene Pérez (IND UDI) sostuvo que "esto ya traspasó todos los límites" y argumentó que "no es posible que desde la misma cárcel se estén orquestando secuestros: es un burla para nuestro sistema carcelario".
"Esto evidencia las graves falencias que tenemos en estos recintos penales, donde los delincuentes siguen actuando sin ningún temor. Con esto queda demostrado que no basta solo con tener a las bandas del crimen organizado en las cárceles, también debemos ser capaces de terminar con el ingreso de celulares y drogas a estos recintos", cerró.
