La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -de manera unánime- acogió ayer el recurso de protección presentado por el fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, Jorge Sáez San Martín, en contra de Gendarmería, y a favor de 171 personas privadas de libertad que se encuentran en el Pabellón Asistir, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1. Dicha unidad se encuentra habitada por condenados y procesados por causas de derechos humanos, quienes tienen la calidad de adultos mayores. El fallo de los ministros Maritza Villadangos Frankovich, Fernando Valderrama Martínez y Manuel Luna Abarza indica que "la circunstancia de tratarse las personas en cuyo favor se acciona, en su gran mayoría, de personas mayores que sufren de patologías graves que requieren cuidados permanentes -a quienes se les discrimina en relación a los demás adultos mayores que tienen derecho a una atención preferente del Estado en esta materia-, muchos de ellos no autovalentes, existiendo respecto de ellos una hipervulnerabilidad dada su condición de ancianos y de personas privadas de libertad que no ha sido tenida en vista para los efectos de adoptar medidas inmediatas". Para ello, el tribunal de alzada ordenó que la administración tiene 30 días, desde que el fallo quede ejecutoriado, para disponer un vehículo exclusivo para el traslado de los internos para horas médicas programadas y atenciones de urgencias que requieran; contratar a los menos a dos médicos con horas suficientes para atender a dichos internos; y adecuar el protocolo de derivación de personas privadas de libertad en situación de urgencia de salud a fin de garantizar una "atención oportuna y eficaz".
