La Fiscalía y el Gobierno descartaron el homicidio de tres testigos protegidos en las comunas de Lampa y Ovalle. Pese a que negaron que esas personas contaran con tal calidad, se instaló el debate sobre la eficacia de esta protección.
Según La Moneda se trata de un asunto de "mayor prioridad", ya que son personas que colaboran en investigaciones penales de gran importancia, que podrían estar en riesgo. Incluso desde el Ejecutivo se están impulsando modificaciones al Código Procesal Penal y al proyecto que fortalece el Ministerio Público, para que este último tenga mayores atribuciones y se focalicen los recursos de manera más específica.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que en esta institucionalidad de protección el Ejecutivo "no tiene ninguna participación (...) no participa de la gestión de su protección, no sabe quiénes son, es una tarea exclusivamente de la Fiscalía".
"En el presupuesto de la Nación se le entrega los recursos a la Fiscalía dentro de los que están estas temáticas. Hoy día hay en discusión en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la Fiscalía que va a significar recursos adicionales, donde las prioridades han sido conversadas con ellos", agregó.
En esa línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que hoy ser un testigo protegido significa "estar sometido a un régimen de tutela, de reubicación, de protección de identidad que realiza el Ministerio Público".
