Desde sugerencias a llamados a "transparentar" el sistema. Distintas fueron las reacciones que dejó la nueva información entregada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) respecto a las pensiones de gracia otorgadas en el último tiempo. Y es que el dato que resaltó apunta a que el 44% de las que fueron entregadas en 2023 no detalla el motivo.
Una fiscalización realizada por la corporación al beneficio que dio la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre enero de 2021 y febrero de 2024, estableció un total de 782 actos emitidos.
Ahora bien, dentro de 175 actos correspondientes a 2023, se contabilizaron 630 beneficiarios, de los cuales hay 278 (44%), en los que no se indica el criterio de asignación.
El Presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, se refirió a esto según consignó El Mercurio, aseverando que "pudimos lograr hacer una tipología en términos del criterio, donde nos damos cuenta de que hay un 44% que no indica cuál es. Y el criterio es un elemento que nos permite distinguir, por ejemplo, si fueron víctimas del estallido social. Pero al no expresar este criterio, nosotros no podemos hacer una clarificación de dónde viene y a título de qué se les otorga ese beneficio".
El problema de aquello, agregó, es que "el acto en sí mismo no es suficientemente claro para establecer una tipología de criterio, que es lo que nos importa e interesa saber: qué define, comparado con otras personas que a mí se me otorguen y a otros no (...). Por eso no es aceptable que en un 44% de este beneficio no encontramos el porqué".
Consultados por Emol, diversos diputados abordaron esta situación, y si bien muchos concordaron con que la atribución de otorgar pensiones de gracia es del Presidente, hay quienes llaman a transparentar la información. También están los que lo toman con más cautela o entregando sugerencias.
"Las pensiones de gracia responden a un ámbito de discrecionalidad del Ejecutivo que creo necesario conservar. Sin embargo, siempre es conveniente contar con información para efectos del análisis público", advirtió el diputado Luis Cuello, jefe de bancada del PC.
El diputado Jaime Araya, quien es jefe de la bancada IND-PPD, sostuvo por su parte que "tenemos un problema con la falta de regulación legal y adecuada para el otorgamiento de las pensiones de gracia, que son beneficios sociales otorgados por el Presidente de la República, en un régimen distinto del conjunto de las prestaciones estatales, y tal como ocurre en el caso del indulto, es más bien una manifestación de voluntad del Primer Mandatario, que se puede ejercer sin limitaciones de ningún tipo".
"Esto ha dado pie a mantener una discusión abierta por largo tiempo, y que ahora reflota, a propósito de una observación que hace el CPLT respecto de la falta de fundamentación", agregó y, por lo mismo, sinceró que "sería oportuno en este contexto que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley que regula esta materia, e incluso mediante una indicación sustitutiva piense en cuál debiera ser el régimen moderno de otorgamiento de estos beneficios. El proyecto está en el Senado y ahí podemos corregir esta situación y así evitar focos de conflictos innecesarios".
Desde la oposición, la jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), diputada Ximena Ossandón, expuso en tanto: "Hay dos instituciones de discrecionalidad presidencial que han sido mal utilizadas por el presidente Boric. En efecto, tanto el indulto como las pensiones de gracias han sido usadas con una discrecionalidad que las distorsiona y las lleva al absurdo de liberar y dar una renta mensual a delincuentes. Las democracias modernas no aguantan estos 'actos del Príncipe' en los que no se observa ninguna regla objetiva o razonable, y por tanto, o se modifican sustancialmente o se terminan".
Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, indicó que "aquí es necesario transparentar el sistema, porque si bien hay personas que cumpliendo los requisitos legales pueden postular a este beneficio, hay otras que el Presidente de la República les puede otorgar con su sola discreción".
Por eso es importante, continuó, "el proyecto que aprobamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y falta que lo apruebe el Senado, en el sentido de que cuando el Presidente decide otorgar pensiones de gracia, no cumpliendo con los requisitos que establece la ley, por lo menos haya un trámite previo de toma de razón para que así se transparente aún más el sistema".
También desde la UDI, el diputado Henry Real se manifestó: "El Gobierno no está entendiendo absolutamente nada. El tema de las escandalosas pensiones de gracia entregadas a personas delincuentes con antecedentes penales, explotó hace ya mucho tiempo, a inicios del 2023. Pero el Gobierno sigue cometiendo los mismos errores, entregando pensiones sin los fundamentos necesarios, sin las explicaciones de fondo, sin que la ciudadanía pueda acceder y saber los motivos reales de a quién se le está beneficiando con un sueldo de por vida".
En la misma línea, informó que "vamos a retomar nuevamente este tema, vamos a oficiar, vamos a citar al subsecretario (Manuel) Monsalve a la Comisión de Seguridad, para que nos dé una muy buena explicación de qué está pasando con las pensiones de gracia, por qué no se ha recogido todo lo que se planteó en la discusión parlamentaria, por qué esta opacidad de tratar de ocultar la información real".
La diputada Marlene Pérez (IND-UDI), por su lado, dijo esperar que el Mandatario "asuma su responsabilidad y revoque todas las pensiones que se otorgaron sin razón".
Finalmente, el diputado Stephan Schubert, jefe de bancada del Partido Republicano, calificó la situación como "inaceptable". "Si bien es cierto, esta es una facultad presidencial, no por ser una facultad presidencial deja de ser un acto administrativo. Y todos los actos administrativos deben estar fundados, es decir, señalar cuál es la razón que subyace para la entrega, en este caso, de recursos de todos los chilenos de manera vitalicia a una persona".
"¿Por qué no existe una ley de reparación que repare a las muchas víctimas que han sido víctimas de distintas formas por 25 años en La Araucanía? Pero por el contrario, una liviandad tremenda y sin fundamento en un 44% de los casos se están entregando recursos de todos los chilenos de manera vitalicia. Esto requiere transparencia y regulación", concluyó.
