Un revés sufrió este sábado la Fiscalía Metropolitana Sur en medio de la indagación que está llevando a cabo por los casos de colocación de bombas que se han registrado en los últimos años en la Región Metropolitana.
Esta jornada se efectuaron diversos allanamientos en Santiago a fin de dar con los presuntos autores de estos hechos, logrando la detención de 13 personas.
Sin embargo, tras la audiencia de formalización que se realizó esta tarde, sólo uno de los aprehendidos quedó en prisión preventiva, mientras que otros dos quedaron con arresto arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.
En tanto, otros nueve imputados quedaron a la espera de lo que determine la Corte de Apelaciones de Santiago, tras un recurso presentado por el Ministerio Público.
Lo anterior, luego de que el tribunal estimara que faltan pruebas para acusar a los involucrados.
Al respecto, el fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Sur, detalló que "logramos formalizar a nueve personas y formalizamos a otras tres personas también. Una de ellas quedó en prisión preventiva y queda pendiente para formalizar el día lunes a dos personas respecto de las cuales se concedió una ampliación en el plazo de la detención, una de ellas aquejada por una situación de salud, por haber chocado minutos antes de su detención, y una persona que será formalizada el lunes en razón de recabar algunos antecedentes por parte del Ministerio Público para poder formalizar adecuadamente".
Agregó que "de las dos personas que restan de formalizar, una de ellas es una que generó una orden de detención por la colocación de un artefacto explosivo el año pasado a fines de diciembre, y la segunda persona fue detenida le día de hoy en razón de hallazgos de naturaleza de sustancias explosivas en su domicilio como se indicó al tribunal, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y tres emulsiones explosivas".
Sobre la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el tribunal de alzada, indicó que "el Ministerio Público apeló porque la ley proporciona la vía de la apelación en estas circunstancias y como ya lo señalé, consideramos que es una situación de opinión jurídica distinta del tribunal a la del Ministerio Público que debe ser definida por la ilustrísima Corte de Apelaciones".
