Hace pocos días se confirmó que la pensión de gracia otorgada en el marco del estallido social a Juan Francisco Villalobos, no fue revaluada para su revocación a pesar de tener antecedentes penales.
En este contexto, los diputados de RN, Andrés Longton, Diego Schalper, Carla Morales, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, y Juan Carlos Beltrán, ingresaron este lunes a Contraloría General de la República un requerimiento solicitando un informe de seguimiento sobre el pronunciamiento de las revocaciones de Pensiones de Gracia a afectados en las manifestaciones de octubre de 2019.
Recordemos que este beneficio es una facultad del Presidente, a quien asesora una Comisión Especial en torno a las solicitudes, ya que también se encuentra establecido por ley quiénes pueden solicitar.
Así las cosas, los parlamentarios sostienen que, bajo el desarrollo de la Comisión Especial Investigadora N° 26, la que estuvo encargada de reunir antecedentes sobre las Pensiones de Gracia para presuntas víctimas del estallido social "existió bastante controversia en razón a la inclusión de personas en la lista de beneficiados", asegundando que no solo no cumplirían con los requisitos, sino que de las 418 que se autorizaron por vulneración de derechos en este contexto, "cerca de un 10% fueron concedidas a personas con antecedentes penales".
Entregando como ejemplo de lo anterior el caso de Villalobos, quien fue detenido en 2019 por desórdenes públicos y robo en supermercado. Quedó libre, y el 2022 fue formalizado por estafa y otras defraudaciones, sin embargo, se dio a la fuga. Finalmente, Carabineros lo capturó en enero de este año. Asimismo, en su historial policial, Villalobos registra detenciones en 2008 por hurto. También tiene por lesiones menos graves en 2013, 2014 y 2015.
Además entregaron una serie de antecedentes, como el informe que dio a conocer que 39 beneficiados sufrieron lesiones leves, las que no les impedían trabajar; el Informe Final N°419/2023 de la Contraloría, el que realiza 13 observaciones al procedimiento de otorgamiento, donde "se hacen evidentes las deficiencias significativas en el proceso", por ejemplo expedientes "sin suficientes antecedentes médicos", o que los beneficiarios "tienen antecedentes penales por multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos", entre otros.
Además se instruyó a la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones de Gracia la revisión de aquel beneficio incluso en periodo mayor -5 años-, motivo por el cual esta recomendó que revocaran 50 pensiones, de las cuales -a la fecha- han sido revocadas 27.
Todo lo anterior terminó en que la Contraloría solicitara acciones correctivas. Sin embargo, según el documento presentado por los diputados RN, habiendo pasado seis meses sobre estas observaciones, y con el caso de Villalobos presente, solicitaron a la realización de un informe de seguimiento con el propósito de establecer si se han efectuado las recomendaciones efectuadas en el informe mencionado anteriormente.
Además de consultar, a los organismos correspondientes, respecto del por qué no se ha efectuado la revocación de las 23 pensiones de gracia faltantes.
Reacciones
El diputado Longton sostuvo que "hay 69 personas con antecedentes penales y el Gobierno sólo revocó 27. Eso no tiene presentación y esperamos que Contraloría le haga un seguimiento exhaustivo a estas pensiones de gracia donde además nosotros hicimos una denuncia junto a los diputados que me acompañan al Consejo de Defensa del Estado y queremos saber qué dice porque han pasado más de seis meses ya que hicimos la representación por eventual fraude al fisco y prevaricación y no hemos tenido ninguna respuesta y mientras tanto la plata de todos los chilenos se sigue despilfarrando de esta manera".
Por su parte, el diputado Schalper, manifestó que "da la impresión que este es un Gobierno que se congracia cada cierto tiempo con el octubrismo y que le cuesta cortar el cordón umbilical con la primera línea que gran parte le dio contexto a los hechos que motivaron la irrupción del presidente Boric. Entonces emplazamos al Gobierno a cortar el cordón, a hacer lo que tiene que hacer y ojalá la ministra Tohá más temprano que tarde deje sin efecto todas aquellas pensiones de gracia que tengan huellas digitales del octubrismo del 2019".
El diputado Mellado, se dirigió directamente al Gobierno cuando dijo que "tiene que cumplir los mandatos de Contraloría. El año pasado ya le dijo que tenía que echar para atrás los 69, de acuerdo al informe que emitió, y no ha hecho absolutamente nada, solo fueron 27 de los 69 (...) queremos saber si el gobierno va a cumplir las órdenes de Contraloría, o efectivamente va a estar por sobre, como dice RD, un ser superior, moralmente, al resto de los chilenos".
Finalmente el diputado Sauerbaum, expresó que "el Gobierno está permanentemente solicitándonos que aprobemos una nueva reforma tributaria para recaudar más, pero permanentemente se despilfarra los recursos, cada día más escasos. Hoy no solamente tenemos las pensiones de gracia, tenemos el último año contratado a 31 mil personas en el Estado que tienen un costo de más de US$1.000 millones (...) Le pedimos al Gobierno que por lo menos dé una señal de claridad de que los escasos recursos del Estado se administran adecuadamente y se termine con estas pensiones de gracia que se le han dado a los delincuentes".
