Este miércoles y tras la ola de crímenes que azota al país, la Defensoría de la Niñez convocó a parlamentarios y alcaldes de la Región Metropolitana para abordar la crisis de seguridad presente.
En este contexto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que han manifestado -reiteradamente- la necesidad de "incorporar de manera concreta medidas para hacer frente a la crisis de seguridad que consideren prioritariamente a los niños, niñas y adolescentes", además de su preocupación ante el incremento de homicidios en contra de menores, y es que, según cifras del Ministerio Público, este número aumentó de 45 (en 2016) a 69 en 2023, de los cuales, 42 fueron con armas de fuego.
El Defensor sostuvo que desde que asumió, en noviembre de 2023, un tema prioritario es el incremento de esta cifra. "Hemos manifestado reiteradamente al Gobierno, nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, de Desarrollo Social, con el Presidente, precisamente para hacer frente a esta crisis de seguridad".
De esta manera, indicó que espera que la política anunciada por el Gobierno, donde participaron entregando recomendaciones, "sea justamente acorde a las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha formulado", advirtiendo que "de lo contrario vamos a estar justamente en una situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes".
Acerca del trabajo realizado por la Defensoría de la Niñez con los parlamentarios y jefes comunales, Quesille informó que han entregado una serie de recomendaciones a quienes lo han solicitado en materia de prevención, persecución, reparación y acompañamiento a las familias que han resultado afectadas por la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Homicidio cuádruple en Quilicura
Durante el fin de semana se registró el fallecimiento de cuatro menores en Quilicura, frente a lo que la Defensoría de la Niñez presentó una querella contra quienes resulten responsables, sin embargo, en conversación con ADN Radio, Quesille sostuvo que la persecución penal es "insuficiente", ya que es una "acción tardía, un instrumento que procede, pero que no ataca el problema de fondo", agregando que "el Estado debe llegar con una respuesta adicional".
De esta manera, el Defensor declaró que se necesita- de manera urgente- la implementación de políticas públicas en materia de seguridad, que incorporen medidas preventivas y garanticen un acompañamiento para las familias, además de espacios seguros.
"Requerimos que exista protección social, educación, salud, barrios verdes, áreas deportivas para los niños, niñas y adolescentes porque en la medida que ellos estudian, van al colegio, están bien alimentados, tienen acceso a una atención de salud digna y viven en entornos seguros, las posibilidades de que sigan siendo víctimas a propósito de esta crisis de seguridad van a disminuir", dijo.
Contrario a lo anterior, "cuando el Estado falla en la protección social, las posibilidades de que cometan delitos o se vean envueltos en situaciones que están vinculadas al crisis de seguridad son mucho más grandes".
Dos de los menores que murieron en Quilicura eran parte del Sename o estuvieron en un programa de protección, lo que -a juicio de Quesille- demuestra que "el Estado no está cumpliendo adecuadamente su rol".
"El Estado no llegó a tiempo y terminó con niños, niñas y adolescentes que fallecieron producto de esta circunstancia donde el Estado tenía que haberlos protegido porque estaban en un programa de protección", concluyó.
