El Tribunal Oral en lo Penal (
TOP) de San Fernando sentenció a seis años de cárcel a
Eduardo Macaya Zentilli (72) tras ser declarado culpable de dos delitos de abuso sexual contra dos menores.
Además, el mismo tribunal absolvió a Macaya -padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya- por dos acusaciones por el mismo delitos.
La jueza
Marisol López fue la encargada de leer el veredicto, señalando que se condenó a "Eduardo Juan Macaya Zentilli del cargo de autor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años (...) cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en un mismo día, cuando tenía 8 o 9 años".
La magistrada agregó que se condenó a Macaya Zentilli por su "responsabilidad en calidad de autor ejecutor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años (...) cometido, el primero de ellos, entre los meses de abril y mayo del año 2022".
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins había pedido una pena total de 12 años de cárcel.
El imputado se conectó a la audiencia de forma virtual. El fiscal Carlos Fuentes, de la Fiscalía Regional de O’Higgins, sostuvo que "hemos conseguido que se decrete la prisión preventiva en contra del imputado por los argumentos que hemos esgrimido y además hemos solicitado y fue decretada una orden de detención para asegurar la ejecución de esa prisión preventiva".
El 10 de julio el tribunal leyó el veredicto condenatorio, instancia en la que no se accedió a la solicitud de prisión preventiva y mantuvo el arresto domiciliario contra el ahora sentenciado.
Un grupo de personas se manifestó en las afueras del tribunal, previo al inicio de la audiencia de lectura de sentencia contra el imputado.
En junio del año pasado el Juzgado de Garantía de San Fernando decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, la que fue revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones, decretando arresto domiciliario.
En esa oportunidad, la Segunda Sala de la instancia fijó una caución económica de $150 millones, junto con la prohibición de salir del país y de aproximarse y comunicarse con las víctimas por cualquier vía "y con sus padres mientras dure la investigación".
