Aunque se estima que la cifra podría ser superior, hay entre 500 mil y 700 mil los venezolanos en Chile, quienes desde ayer han visto anulada toda posibilidad de hacer trámites relevantes como extranjeros,
puesto que la embajada de Venezuela en Santiago está sin personal diplomático.
Lo anterior, porque el régimen de Nicolás Maduro ordenó la expulsión del personal diplomático de siete países de la región, incluido Chile, en represalia por no reconocer los resultados de la elección. A su vez, determinó que todo el personal de las respectivas embajadas, retorne a Venezuela.
Este escenario dejó a millones de venezolanos sin posibilidad de acceder a documentación clave, como renovación del pasaporte, permisos de viaje para menores de edad, sistema de AFP, y los conductos en salida de Chile para todos los que tienen los pasaportes en el país, entre otros.
Sobre este punto, esta mañana, la vicepresidenta Carolina Tohá comentó que existe preocupación por la comunidad venezolana en Chile y que "esta definición que tomó el gobierno venezolano les va a afectar fuertemente, entre otras cosas, no van a tener cómo realizar sus trámites, y vamos a buscar cómo apoyar para dar una solución a eso".
En esa línea, dijo que se ha trabajado con la Cancillería en coordinaciones, y "podemos recurrir a terceras embajadas, en situaciones parecidas a esta, se hace eso, que embajadas de otros países cumplen un rol para ayudar a facilitar esos trámites. Vamos a buscar la manera de minimizar, dentro de lo posible, el impacto".
Más tarde, el Servicio Nacional de Migraciones anunció que se flexibilizarán los requisitos para que venezolanos que lo deseen, e independiente de su situación migratoria puedan salir del país: podrán hacerlo con documento de identidad o pasaporte vencido.
En conversación con Emol, distintas voces apuntan a dos elementos clave para resolver el problema: por un lado, una mirada que deje de lado "la ingenuidad" -a raíz de los discursos y tendencias ideológicas-, y por otro, avanzar en materias prácticas, como un empadronamiento o un registro eficaz para quienes estaban en ese proceso.
Medidas extraordinarias, pero sin "perdonazos"
Para Guillermo Pérez, analista político y experto en materias de migración del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), sin duda se trata de una "situación extremadamente difícil, para la que nadie tiene respuestas claras, y requerirá una acción prudencial y criteriosa de nuestras autoridades. Pero por lo mismo, esa acción tiene que evitar ciertas tendencias muy propias de quienes nos gobiernan".
"En ese sentido, es importante dejar la ingenuidad e insuficiencia de un discurso como el de 'todos somos migrantes' o 'nadie es ilegal' y hacerse cargo de los problemas efectivos de convivencia que existen", apuntó.
"Es fundamental destacar que no es posible continuar con políticas de regularización masiva o 'perdonazos', ya que estas medidas solo incentivan la llegada ilegal de más personas a Chile".
Álvaro Bellolio, ex director Migraciones
Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, comenta que "además del drama humanitario, es un problema para el Gobierno chileno, que de no enfrentarlo podría generar mayores consecuencias tanto para los residentes venezolanos como para nuestro país. Tales podrían ser el aumento de la irregularidad, aumento del número de personas que circulan por nuestro país sin ningún tipo de identificación, y otros problemas laborales".
"Por tanto, debe adoptarse una medida extraordinaria de empadronamiento o registro eficaz para que los ciudadanos extranjeros que estaban en vías de obtener residencia, o de próximo vencimiento no caigan en esta situación. Lo anterior debe estar diseñado de manera tal que terminada la excepcionalidad de la situación, los ciudadanos venezolanos puedan ser rápidamente ubicados y puedan regularizar su situación o retornar a su país de origen".
Por su parte, el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, plantea que las acciones deben ir en dos direcciones: para los venezolanos que están en situación regular, y para quienes no lo están.
En el primer caso, dice que "se debe buscar una solución respecto al tema del pasaporte, ya que la ausencia de servicios consulares puede dificultar la renovación de documentos esenciales. Es necesario explorar alternativas que permitan a estas personas mantener su documentación al día, quizás mediante acuerdos con otros países que puedan prestar asistencia consular. Por ejemplo, Bolivia no pide visa para los ciudadanos venezolanos, al igual que Brasil, y pueden viajar por tierra a esos consulados a un bajo costo", comenta.
En el segundo caso, es decir, venezolanos en situación irregular, precisa que "es fundamental destacar que no es posible continuar con políticas de regularización masiva o 'perdonazos', ya que estas medidas solo incentivan la llegada ilegal de más personas a Chile".
"En lugar de ello, aquellos en situación irregular deberán considerar la posibilidad de buscar establecerse en países donde ya tenían residencia previa, como Perú o Colombia, donde ya existe una estructura para su acogida y residencia. Es crucial mantener una política migratoria ordenada y responsable, que respete tanto los derechos de los migrantes como la seguridad y estabilidad del país", cerró.
