Mensualmente y sin falta el abogado Luis Hermosilla pagaba los gastos comunes de un departamento en Concón que, si bien no estaba inscrito a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces, la Fiscalía Metropolitana Oriente estableció que era de su propiedad.
El hallazgo en el caso Audio de los equipos investigadores del OS7 de Carabineros y el Ministerio Público fue analizado como una señal del delito de lavado de activos, ya que, además, la propiedad fue pagada al contado, con dineros que provendrían de la empresa de factoring Factop. Sus controladores, Daniel y Ariel Sauer, están en prisión preventiva tras la formalización de una causa por facturas falsas y estafas a sus inversores, entre otros ilícitos.
La fiscalía, ahora, formulará cargos contra Hermosilla y los coimputados en el caso Audio, la abogada Leonarda Villalobos, su pareja Luis Angulo y los funcionarios públicos Renato Robles —de la Tesorería General de la República— y Patricio Mejías —del Servicio de Impuestos Internos— en la indagatoria por soborno, cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Solo en el blanqueo de capitales, la causa determinó que habría un monto total comprometido que superaría los $20 mil millones.
El fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, detalló —en el expediente al que accedió este medio— los hechos contra el penalista. Entre otras cosas, menciona la compra al contado del departamento y movimientos bancarios por miles de millones de pesos que, según el criterio de los investigadores, no se condicen con el nivel de ingresos que tenía. Además, explica el delito de cohecho, en relación con Villalobos: "Se pudo acreditar la existencia de diversos abonos de dinero a funcionarios públicos".
Hermosilla y su defensor, su hermano Juan Pablo, niegan el blanqueo de dinero. Y en su declaración el imputado explicó que solo tenía una especie de "línea de crédito" con Factop, empresa de los hermanos Sauer, dado que los bancos tradicionales no le otorgaban préstamos
Son indiciarios de una conducta de blanqueo de capitales"
"Estas conductas, tales como el pago de un bien raíz de contado, con dineros supuestamente provenientes de Factop SpA, justificando patrimonialmente dicha compra con un certificado de la misma sociedad de una supuesta inversión por $300.000.000, y posteriormente la no inscripción de dicho inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, son indiciarios de una conducta de blanqueo de capitales, modalidad de ocultamiento, contemplada en el artículo 27 letra b) de la Ley N° 19.913”, dice el fiscal Sepúlveda en uno de los escritos con los que pide diligencias al 4º Juzgado de Garantía de Santiago.
Asegura que “luego, constan en la cartola de transferencias realizadas desde la cuenta corriente personal de Luis Hermosilla numerosos abonos cuyo destinatario es la Comunidad Edificio (...), que conforme a la periodicidad, monto y glosa de cada operación, inequívocamente corresponden al pago de gastos comunes de un departamento".
Entre otras cosas, concluye que "en la investigación se le tomó declaración al gerente de la Inmobiliaria Gespania, quien dio cuenta que la propiedad en cuestión fue adquirida por la sociedad Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada, la que fue pagada con cheques girados por dicha sociedad. Sin embargo, no obstante haberse efectuado esta operación el año 2022, a la fecha no se ha efectuado la inscripción de dicho bien raíz en el Conservador de Bienes Raíces respectivo a nombre de la compradora, irregularidad que es indiciaria de blanqueo de capitales por ocultamiento, puesto que, no obstante haberse adquirido la propiedad hace bastante tiempo, esta no figura a nombre de la sociedad compradora".
Dineros sin "correspondencia"
La fiscalía, en la antesala de la formalización, además da luces sobre otras conductas de Hermosilla: "Se puede observar que en el ítem depósitos y abonos, existen 1.025 movimientos desde la sociedad Factop a la cuenta corriente del imputado Luis Hermosilla por un total aproximado de $4.505.767.431, así mismo los principales egresos corresponden al giro de cheques, por un total de $4.796.247.241 en el período 2019-2024", consigna el documento del fiscal.
Y en el mismo texto sostiene que "los altísimos montos involucrados no parecen ser compatibles con actividades profesionales realizadas por el imputado Luis Hermosilla por concepto de asesorías jurídicas. De suerte tal que el comportamiento bancario previamente descrito, al no tener correspondencia aparente con las actividades profesionales de Hermosilla Osorio, tal como advierte el informe de la Unidad de Análisis Financiero, es indiciario de delitos asociados a maniobras de lavado de activos".
Agrega que "estos movimientos implican transferencias de fondos y giro de cheques indiciarios de maniobras de ocultamiento o aprovechamiento de activos provenientes de un origen ilícito, relacionado a los delitos base por los cuales fueron formalizados los imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, socios y controladores de las empresas ya mencionadas".
Se pudo acreditar la existencia de diversos abonos de dinero
Para definir el cohecho ante el tribunal, el fiscal Sepúlveda parte detallando los hechos reconocidos en audio de junio de 2023, difundido cinco meses después, abriéndose el caso: "En esa reunión se le planteó a Sauer por parte de Hermosilla y Villalobos que era fundamental continuar pagando sumas de dinero a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, dando cuenta derechamente de pagos de sobornos a funcionarios públicos, los que, según el tenor de esta conversación, fueron realizados con antelación a la data de instancia".
Sobre ese punto, afirma el persecutor en el expediente y “con el fin de dilucidar el posible delito de soborno efectuado por los sujetos investigados, es que hemos solicitado a este tribunal el alzamiento del secreto bancario tanto de los imputados como también, de sociedades ligadas en propiedad a ellos. Así las cosas, se pudo acreditar la existencia de diversos abonos de dinero a funcionarios públicos, tanto del Servicio de Impuestos Internos, como de la Tesorería General de la República, quienes prestaron declaración en la causa, en calidad de imputados".
Al ser interrogados sobre estos movimientos bancarios, advierte Sepúlveda, estos "sostuvieron que correspondían a servicios y entrega de información solicitada por la imputada María Leonarda Villalobos, hecho que se corrobora también por información obtenida de chats de WhatsApp de la imputada María Leonarda Villalobos, obtenidos de la extracción realizada a su teléfono móvil".
