Este 5 de septiembre se cumplen 10 años del crimen de
Erica Hagan, la joven psicóloga estadounidense de 22 años asesinada en el departamento que ocupaba al interior de Colegio Bautista de Temuco, en 2014.
El cuerpo de la joven fue hallado en la tina, con múltiples golpes -con un atizador- y un traumatismo craneoencefálico.
Hasta ahora, y con la investigación cerrada en dos oportunidades, y fuertes cuestionamientos respecto a la forma en que se desarrollaron las pericias y la aportación de evidencia, nunca se logró dar con el o los autores del hecho.
El único imputado, fue un guardia del colegio, identificado como
Domingo Cofré, quien en diciembre de 2015
fue absuelto de todos los cargos -y de manera unánime- por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que estableció que las pruebas rendidas por el Ministerio Público durante el juicio no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad en el asesinato.
El veredicto fue ratificado posteriormente por la Corte de Apelaciones.
En la causa, se querelló la Fundación Educacional Bautista y la madre de la joven, Regina O'Neal, quienes buscaron a peritos privados para realizar pesquisas en la habitación de Hagan. No obstante, ninguna de aquellas medidas permitió que se encontraran más pistas que llevaran a dilucidar lo ocurrido esa noche, entre las 21.30 y 22.30 horas.
O'Neal escribió entonces en su Facebook que su hija había sido asesinada "de manera brutal (...) fue agredida como muy pocos imaginan. La estrangularon, se defendió, aumentó la ira de quien la atacaba, la golpearon de puños en sus dos ojitos, le propinaron golpes de palos dejando cortes profundos en toda su cabeza y le aplastaron su cráneo hasta quebrárselo, fue arrastrada y sumergida en agua caliente para quebrar su piel totalmente".
Domingo Cofré abandona la cárcel en diciembre de 2015, tras ocho meses en prisión preventiva. El rondín fue detenido el 12 de septiembre de 2014, siete días después de que Erica Hagan fuera asesinada.
La familia de la joven interpuso una demanda contra el fisco por US$1 millón, y en 2016, una demanda civil por indemnización de perjuicios contra el colegio donde trabajaba la joven. El argumento de fondo hacía referencia a la obligatoriedad del establecimiento de entregar seguridad a los pasantes extranjeros. De hecho, se detallaba que el departamento donde vivía Erica, ya había sufrido intromisión de terceros producto de robos.
2021: Reapertura de la investigación
El 4 de septiembre de 2021, la Fiscalía Regional de La Araucanía resolvió abrir la investigación por el crimen de Hagan, luego de la solicitud realizada por la madre de la joven.
La teoría de la defensa de la mujer apuntaba a que las pruebas rendidas por el Ministerio Público durante el juicio no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad de Domingo Cofré en el asesinato de su hija.
En esa oportunidad, se encomendó el caso a un equipo de fiscales especializados en delitos violentos y violencia de género, quienes debían realizar nuevas diligencias.
Entre ellas, se reabrió el departamento donde fue hallada la joven, el que había sido clausurado durante el periodo anterior de la indagatoria. La reapertura abría una esperanza para la familia, especialmente porque las pericias de la PDI ahora iban a incorporar herramientas que no estaban disponible en 2014, como drones, tecnología química y relacionada con la obtención de ADN.
En marzo de este año, la Fiscalía Regional de la Araucanía confirmó el cierre de la investigación, situación que se comunicó en una audiencia en abril.
Ese mes, y con el objetivo de evitar el cierre, la madre de la joven -a través de su abogado en Chile, Roberto Celedón- pidió que se realizaran 76 nuevas diligencias, entre ellas, gestionar la colaboración del FBI. Asimismo, pidió que el caso fuera trasladado desde la Fiscalía de La Araucanía a otra fiscalía regional.
"Estoy indignada con la 'misteriosa' desaparición del reloj que portaba mi hija, porque el mismo oficial investigador anterior dijo que era una evidencia muy importante. Ahora no sólo desapareció el reloj, sino numerosa evidencia de varios sospechosos: pantalones, casacas y evidencias personales de mi hija. La Fiscalía no ha aclarado aquello. ¿Por qué?", cuestionó O'Neal, en una carta enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia, desde Kentucky, Estados Unidos.
