El nombre del
abogado Juan Carlos Manríquez nuevamente aparece liderando la defensa de algún personero involucrado en un caso que se ha tomado la agenda pública y mediática. Esta vez, es el escogido por la ministra de la Corte Suprema,
Ángela Vivanco, para su defensa en la arista penal "muñeca bielorrusa", conocida en medio de las revelaciones de los chats de Luis Hermosilla.
El penalista, titulado de la Universidad de Valparaíso y con posgrados en España y Estados Unidos, ha encabezado la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue en el caso Farmacias, y precisamente viene de un triunfo en su labor, luego que el pasado lunes, tras presentar nuevos antecedentes en la causa, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva del militante comunista, medida que fue reemplazada por arresto domiciliario.
El abogado también es
representante de la familia del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y luego hallado muerto en una toma de Maipú, en marzo de este año. Las diferencias de opiniones entre sus defendidos no le significó un problema -puesto que Jadue ha alabado en varias oportunidades el régimen de Maduro-, ni tampoco ha tenido dificultades en expresar sus propias hipótesis respecto al caso Ojeda. A mediados de año, Manríquez dijo estar convencido de que se trató de un crimen por encargo, mismo parecer de la familia del exmilitar.
Su estilo frente a los medios de comunicación ha sido directo, y precisamente, sin reparos en plantear teorías a la luz de los nuevos antecedentes que se dedica a escarbar para sus acciones judiciales. Luego de lograr el arresto domiciliario de Jadue, no dudó en apuntar al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, para que se le interrogue y se profundice en su presunta responsabilidad en su administración como tesorero de la Achifarp.
La lista suma y sigue. Meses después de que estallara el caso audio, el penalista asumió la defensa del entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, quien fue formalizado por el delito de vulneración de secreto, por haber entregado información a Hermosilla en causas que eran de su interés.
Por entonces, Manríquez explicó a Radio Usach la teoría de la "seducción" que habría ejercido Hermosilla al extitular de la PDI. "Hasta las personas más inteligentes caen en un engaño y, técnicamente, esto tiene una explicación. No es un asunto caprichoso, ni exótico, ni un invento a lo García Márquez, para que lo tengamos claro", expuso el abogado.
Luego del estallido social, en 2019 asumió la representación de la excandidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, formalizada por fraude de subvenciones, por emitir boletas falsas por servicios no prestados y declaradas ante el Servel.
También fue el abogado de Marco Enríquez-Ominami en las primeras etapas del caso SQM, y en 2018 representó al exministro José Antonio Gómez, imputado en la arista Ascar del caso Sename.
En 2015, trabajó con la congresista Marta Isasi (Ind.), quien estaba imputada en el caso Corpesca; en 2014 patrocinó una demanda de la familia de Felipe Camiroaga contra la FACh por su responsabilidad de la muerte del exconductor de televisión en el accidente del Casa 212 en Juan Fernández; y en 2010, Manríquez defendió al exdiputado Maximiano Errázuriz (RN) en un caso de fraude al fisco.
