Dispar ha sido la reacción del Gobierno ante la manera en que la Cámara ha administrado la crisis de la Corte Suprema, por la vinculación de ministros con el denominado caso Audios.
La revelación de las conversaciones entre Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, ha significado una bomba de racimo para el máximo tribunal, toda vez que el hemiciclo de las y los diputados ha decidido presentar en total cuatro acusaciones constitucionales contra Vivanco y los ministros Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza.
La fórmula elegida por los legisladores para presentar los líbelos acusatorios es ingresarlos por separado, lo que no es baladí para los propios legisladores, en tanto provocaría un estrés legislativo en el Congreso.
El trámite implicaría la conformación de cuatro comisiones revisoras, vale decir 20 diputados dispuestos para evaluar el mérito de los fundamentos de la acusación. Esto, en medio del trabajo sobre los fast tracks en materia económica y en seguridad, a lo que se suma el "impulso legislativo" que el Ejecutivo tiene previsto dar en el retorno de las Fiestas Patrias.
"Yo comparto las preocupaciones del ministro Cordero, porque él no es que esté inhabilitado diciendo que no tiene facultades parlamentarias, sino que diciendo que las implicancias de hoy día son bastante serias".
Ministro Montes
Este jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que "hay que dejar que las investigaciones avancen, pero también hay que administrar adecuadamente la racionalidad del debate", y en eso reconoció que
"me preocupa que estemos ocupando las acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral".
Frente al asedio parlamentario que concitó los dichos de Cordero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió al titular de Justicia, descartando que haya cometido un error. Además, tildó su declaración como un "comentario" que se enmarca en la postura del Gobierno sobre el caso Audios, y que versa en que "cada organismo haga lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias para actuar de manera tal que estos delitos ciertamente se persigan y se sancionen".
Pero adhiriendo al planteamiento del ministro de Justicia se manifestó hoy el titular de Vivienda, Carlos Montes. "Yo comparto las preocupaciones del ministro Cordero, porque él no es que esté inhabilitado diciendo que no tiene facultades parlamentarias, sino que diciendo que las implicancias de hoy día son bastante serias", dijo a radio Infinita.
En esa línea, señaló que acusar "constitucionalmente, de manera simultánea, a cuatro ministros, tiene que ser con fundamentos muy precisos y es de una alta complejidad".
Sin temor
En otro tenor se manifestó esta jornada la ministra Tohá, su par de Segegob, Camila Vallejo y el titular de Segpres, Álvaro Elizalde. Los tres se abstuvieron de opinar sobre la decisión que ha adoptado la Cámara respecto a los supremos, y se mostraron despreocupados ante una posible parálisis legislativa que pueda venir con el trámite de las acusaciones.
En el Ejecutivo no tenemos temor, nos ocupamos de estas cosas y cuando suceden, buscamos las mejores coordinaciones con el Parlamento para sacar adelante el trabajo, que es nuestra obligación"
, aseveró la jefa de gabinete.
A su vez, Elizalde indicó que en materia de acusaciones constitucionales "estamos hablando de atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el ámbito de sus facultades fiscalizadoras. Nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Cámara.
En ese sentido, indicó que "esperamos, en todo caso, que se pueda realizar una coordinación adecuada de manera tal que, al menos en las sesiones de sala destinadas a aprobar proyectos de ley que son relevantes, no se vean perjudicadas".
Para eso, consideró "necesario el diálogo con el objeto de establecer un itinerario o una planificación adecuada para que los proyectos que son emblemáticos, que son relevantes, que demandan a la ciudadanía, no se vean afectados en su tramitación" y acotó que "creemos que debería haber una buena disposición del Congreso para objetos a hacer una planificación adecuada y, por tanto, que esto no perjudique la tramitación legislativa".
En tanto, Vallejo afirmó que "
no debería ralentizarse ningún proyecto. Nosotros tenemos un principio de trabajo que es que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, sobre todo porque el Parlamento tiene, junto con el Ejecutivo, múltiples desafíos para atender a las necesidades y urgencias de la población y por lo tanto, que legítimamente quieran presentar acusaciones constitucionales no debería impedir que se avance en una, por ejemplo, reforma de pensiones".
