Leonarda Villalobos saliendo del Centro de Justicia durante su formalización.
El Mercurio (archivo)
Nuevas audiencias y revisiones de medidas cautelares marcarán el caso Audio en los próximos días, luego que los funcionarios públicos imputados por cohecho pidieran rebajar las restricciones de movilidad a las que están sujetos y, a su vez, la abogada Leonarda Villalobos, formalizada por soborno, lavado de dinero y delitos tributarios, denunciara haber recibido amenazas en su celda, en la cárcel de San Miguel donde cumple su prisión preventiva, y solicitara al 4º Juzgado de Garantía de Santiago medidas de resguardo.
Así por lo menos lo revela en la denuncia que realizó su defensora Alejandra Borda ante la Fiscalía Metropolitana Sur, quien además presentó ante el tribunal una acción de cautela de garantías y pidió la revisión de las cautelares de su representada.
"Desde la formalización, esta defensa ha sostenido que nuestro sistema penitenciario no tiene la capacidad de resguardar adecuada e igualitariamente a nuestra representada, por cuanto no existe un penal habilitado para mujeres que cuente con las condiciones y la seguridad que existe en (el anexo penitenciario) Capitán Yáber, y lejos de preocuparnos por diferencias de forma, como la inexistencia de comodidades, agua caliente, calefacción o distracciones para los internos, nuestro punto principal ha sido la falta de seguridad que un penal especial para delitos económicos le puede ofrecer al imputada", consigna Borda en uno de los escritos.
"Nuestros temores no eran infundados"
En ese sentido, la abogada describe en su presentación que "el sábado 14 de septiembre, en horas de la mañana, en circunstancias que mi representada se ausentó de su celda para asistir al baño, alguien ingresó a su celda, depositando un ‘bulto’ extraño que contenía una nota, lo anterior fue inmediatamente informado a Gendarmería, quien a través de cinco funcionarias lograron descifrar que la nota correspondía a una amenaza directa en que se le indicaba que debía tener cuidado, porque la iban a 'masacrar'. Dicha situación terminó en la realización de una denuncia ante el fiscal de turno".
"Podrán apreciar -agrega- que nuestros temores no eran infundados ni buscaban generar beneficios de forma artificial, solo buscaban generar una esfera de resguardo igualitaria para nuestra representada en comparación con la que actualmente tienen el resto de los coimputados por la misma causa. Los hechos hacen patente el riesgo constante en el que se encuentra nuestra representada. Incluso existiendo instrucciones directas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago".
A su juicio, "el sistema penitenciario no es capaz de garantizar que nuestra representada mantendrá a salvaguarda su integridad física y emocional", por lo que pide que "se adopten las medidas necesarias, en forma urgente, para impedir el riesgo inminente en el que se encuentra nuestra representada".
Ello, finaliza, a pesar de que "nuestro temor fue reconocido y acogido por la magistrada (Mariana Leyton) que debía resolver, al momento de decretar la prisión preventiva, ordenó consultar a Gendarmería de Chile si era posible habilitar un espacio dentro del mismo penal 'Capitán Yáber', para recibir a una mujer, dado que el principio de igualdad, consagrado a nivel constitucional, así debiera exigirlo. Sin embargo, al poco andar -y antes incluso de la fecha en que se había decretado audiencia para recibir la respuesta de Gendarmería- se recibió la respuesta, que señalaba: 'Es del caso hacer presente que, el Anexo Capitán Yáber no cuenta con dependencias para internas imputadas o condenadas por delitos económicos'".
