Esta semana fueron presentadas las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Los dos primeros se han visto salpicados por la revelación de los chats con el abogado, Luis Hermosilla, protagonista del conocido Caso Audios. Muñoz, por su parte, es cuestionado por la filtración de información a su hija respecto a un proyecto inmobiliario en el que estaba interesada.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, cuestionó en una columna titulada "el deber de los parlamentarios" -publicadas por diversos medios regionales como El Austral de Temuco- la línea que los diputados están siguiendo con dichas AC.
Según expresó, las AC contra la ministra Vivanco y los ministros Matus y Muñoz, "reclaman de los legisladores un particular deber. Si reprochan a esos ministros haberse apartado de las reglas, ellos no pueden ser descuidados a la hora de esgrimirlas o invocarlas o a la hora de fundamentar sus acusaciones".
"Si se reprocha abandono de deberes, los diputados deben ser escrupulosos a la hora de cumplir los suyos", ahondó Peña.
De esta manera, el abogado sostuvo que "desde luego, los parlamentarios de lado y lado han de abandonar la idea, que suele oírse, de que en este caso se trata de un juicio político. Es este un error que no debe consentirse. El juicio político es un procedimiento mediante el cual los representantes emiten un pronunciamiento acerca del mérito de una decisión, acerca de su contenido. Este tipo de juicio -que es propio de los regímenes parlamentarios- tiene por objeto asegurar que sea la mayoría parlamentaria la que fije la orientación de los actos gubernamentales. Basta advertir eso para caer en la cuenta de que un juicio de esa índole respecto de la actividad judicial es simplemente inaceptable. Significaría el fin de la independencia de los jueces. Luego en este caso no corresponde que los diputados emitan opinión acerca de la actividad jurisdiccional en sí misma considerada. La acusación no es pues un juicio político".
Así, se preguntó "¿De qué se trata entonces la acusación constitucional?", para explicar que "consisten en dilucidar si acaso la conducta de los sometidos a la acusación -los jueves Vivanco, Muñoz y Matus- se han apartado de manera flagrante o notable de aquella que las reglas prescriben para un juez. Se trata, en suma, de verificar si entre la conducta esperada a la luz de las reglas y aquella llevada a cabo por los jueces acusados hay o no una grave y deliberada divergencia".
De haberla, "si esa divergencia se constata, entonces la causal se configuró y lo correcto es que el ministro o ministra sea destituido. La pregunta que entonces debe guiar el discernimiento de los parlamentarios es la relativa a cuál sea -a la luz de las reglas- el comportamiento esperado de los jueces a la hora de cumplir o llevar a cabo su quehacer, o, en otras palabras, cuáles son las expectativas que respecto de su comportamiento les son exigibles ¿Está dentro del comportamiento esperado la reserva de la decisión, la neutralidad frente a los litigantes, el respeto escrupuloso del procedimiento?", consultó el rector de la UDP.
Inmediatamente agrega: "La respuesta a esta pregunta es la que sellará el destino del ministro Matus y de paso fijará un estándar de comportamiento para los propios parlamentarios".
"Como fuere -continuo-, los parlamentarios no deben emitir excusas o formular reproches a los ministros y ministra, según la preferencia política que en casa caso se atribuya, que es el peligro que asoma en ese tipo de debates, sino esforzarse por emitir un juicio políticamente imparcial. De lo que se trata -es lo que exigen las reglas- es de dilucidar si acaso la conducta de los jueces Vivanco, Muñoz y Matus estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos, si acaso ejecutaron la conducta que debían ejecutar o si, en cambio, por negligencia inexcusable la abandonaron de manera flagrante", sostuvo el abogado.
Finalmente, Peña indicó que "como se ve, los diputados, y luego los senadores, habrán de juzgar a los jueces con la misma actitud con que estos últimos deben juzgar a los ciudadanos".
