Dos hechos de violencia registrados en Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la región Metropolitana en los últimos días, han reabierto el debate sobre cómo mejorar la seguridad en esos lugares, y las propuestas son varias.
Según consignó El Mercurio, el jueves en la noche un hombre ingresó con un arma al Cesfam Granja Sur buscando "rematar" a un herido por apuñalamiento, que había ingresado previamente mientras pacientes huían aterrorizados por la escena.
Solo horas antes, los funcionarios del Cesfam Raúl Silva Enríquez en Bajo de Mena, Puente Alto, recibieron amenazas de quienes habrían participado en la fatal balacera de la madrugada del mismo jueves en que falleció un adolescente de 17 años, y fueron heridos sus hermanos de 13 y 11 años, además de un joven de 23 años. Los atacantes les advirtieron que los "reventarían" si salvaban la vida de los heridos.
Respecto al primer hecho, el director del centro de salud, Eduardo Matus, detalló a Mega durante la semana que "esta persona ingresó con un arma de fuego al recinto, aparentemente con la intención de disparar contra el herido que había llegado minutos antes".
Sin embargo, más tarde, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, advirtió que "se pudo constatar que no hay ningún elemento que acredite que haya ingresado una persona con arma de fuego" y señaló que "la persona que ingresó muy pocos minutos tampoco está acreditado que haya tenido relación alguna con la persona que había ingresado con anterioridad con arma blanca".
En cuanto al segundo hecho, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, precisó en un punto de prensa que "en el traslado de la niña, un vehículo que sería de color blanco y entiendo que están las imágenes, que están poniéndose a disposición de la Fiscalía, habría habido integrantes de una de las bandas tratando de rematar a esta niña".
No obstante, Durán también contradijo eso comunicando que "respecto de la situación que fue informada en este centro de una persecución contra una ambulancia, a propósito de la investigación de la propia Fiscalía y del peritaje que hicieron las policías, se acreditó que esa situación no ocurrió".
Aumento de funcionarios y seguridad privada especial
Con ello, y previo a dar sus recomendaciones, Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, recuerda que las agresiones, las discusiones y situaciones violentas en los centros de salud "no son algo nuevo". "Estamos siempre expuestos a la frustración y a la violencia de los usuarios. Sin embargo, estas últimas ocasiones en donde hay bastante violencia contra usuarios de los servicios de salud, llama bastante la atención", manifiesta.
En ese sentido, dice que se debe evocar la Ley de Consultorio Seguro, que nació en 2019, que busca sancionar esas agresiones, aunque sostiene que "no ha sido tan efectiva como uno hubiese querido", por lo que "tenemos que buscar herramientas para que sea efectiva".
En primer lugar, Retamal menciona que es necesaria "una mayor relación de los funcionarios de estos centros de salud con los usuarios" para que exista un "mayor un compromiso". Y para eso, "es fundamental un aumento del personal sanitario y administrativo".
"Es la única manera de manejar un poco la frustración de las personas, el alto número de personas que quedan sin atención o con falta de una atención oportuna. Todo eso va sumando situaciones de estrés y, por ende, de agresión hacia estos funcionarios de salud. Entonces, ese es un factor fundamental", añade.
A "nivel físico", expone, que "ya existe la recomendación de aumentar botones de pánico y las videocámaras". Además, de contar con "servicios de seguridad privados". Ahora bien, respecto a esto último, indica que dicho personal "tiene que tener una formación especial, puesto que el usuario que va a los centros de salud tiene una carga de estrés emocional muy grande. Entonces, tiene que ser un personal con preparación diferente al personal de seguridad privada, que, por ejemplo, puede estar en un supermercado u otro tipo de empresa o institución. El contacto tiene que ser directo con Carabineros o las fuerzas del orden, y eso es fundamental".
"Una problemática de seguridad mucho más compleja"
Patricio Saavedra, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), cree que "este tipo de hecho no son aislados", sino que "según lo ha revelado la investigación hasta el momentos", constituyen "probablemente, conflictos entre bandas criminales por disputas entre ellos, pero también por disputas territoriales. Por tanto, cuando se habla de seguridad de lugares como el Cesfam, se tiene que ver como una problemática de seguridad mucho más compleja".
"Acá no solo tiene que ver con el ataque que se hace a ciertos lugares, sino que en el fondo cómo las bandas criminales han ido ganando territorio y han estado afectando servicios básicos de la población, que en este caso están a cargo del Estado", manifiesta.
En esa línea, afirma que "es un hecho grave, porque más allá de la situación puntual de la balacera, de los fallecidos y heridos que existen en este momento, todo esto tiene que ver con un atentado a la institucionalidad, a la democracia y a la labor del Estado".
Así, él considera que dicha situación se puede mejorar con lo que han hecho las autoridades hasta el momento", lo que dice, "es la dirección correcta: poner un punto fijo de Carabineros en el lugar y evaluar su extensión o su ampliación para la cercanía en los próximos días, de acuerdo a cómo se da la situación".
Pero también, agrega, "es necesario hacer el énfasis de que, en el fondo, en estos problemas de seguridad, y en este caso particular de los centros de salud (...) tiene que haber un rol de cómo las autoridades establecen un trabajo conjunto con distintos agentes comunitarios, ya tiene que ver con los vecinos u otras organizaciones que trabajan en el lugar".
"Entonces, si bien, obviamente, por este tipo de situaciones los vecinos pueden estar atemorizados, que es lo lógico, también es parte de aumentar la seguridad en estos lugares que se establezcan acciones coordinadas entre las policías, los municipios, que son las autoridades locales, y las autoridades vecinales u organizaciones barriales. De alguna manera son medidas multidimensionales que, de todas formas, tienen que tener un amplio respaldo por parte de la autoridad central", señala.
Presencia militar
Diversos diputados también entregaron sus puntos de vista. Mientras algunos apuntaron a que los centros de salud deben ser considerados infraestructura crítica, otros afirmaron que debe haber un cambio de la máxima autoridad del Ministerio del Interior.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, diputada Gloria Naveillan (Ind-Comité Social Cristiano) cree que "estamos ante un tremendo problema de violencia desatada, donde no hay mayor control, y acá el único que puede ponerlo es el Poder Ejecutivo, a través de las fuerzas de orden y seguridad".
"No parece razonable pensar en tener una guardia de Carabineros afuera de cada Cesfam, pero sí creo razonable que en ciertos lugares donde se ensaña la violencia, donde sabemos que hay bandas de crimen organizados funcionando, donde se han producido asesinatos en ciertos barrios, especialmente de Santiago y probablemente de otras regiones del país, haya un refuerzo de seguridad por fuerzas de orden, en el entorno de estos centros de salud", expresa.
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), asegura que "lo que ocurre en Santiago, y en otras partes del país, respecto de la indefensión en la que están los centros de salud, es parte de la crisis de la seguridad" y agrega que además hay una reacción "muy lenta, porque este Gobierno no ha hecho nada para crear una nueva plaza de Carabineros".
"Lo único que tenemos son 500 a 1.000 carabineros menos cada año y, por tanto, lamentablemente estamos en manos de un grupo de inexpertos en materia de seguridad que no hacen nada, que no hacen nada para en definitiva proteger los centros de salud", sostiene.
El diputado Jaime Araya (Ind-PPD), afirma por su parte que "los centros de salud, Cesfam, clínicas y hospitales, deben ser incorporados como infraestructura crítica de manera tal que puedan tener resguardo militar en caso de ser necesario. La crisis que vivimos es tan severa y profunda que cada día es más evidente que se requiere apoyo militar en lugares y horarios muy precisos, para fortalecer las medidas de control, tal como se hizo en la pandemia del covid-19. Además se debería incorporar tecnovigilancia para resguardar los perímetros adyacentes cuando ocurren eventos de alto riesgo".
Desde la UDI, el diputado Henry Leal, manifiesta que lo que está ocurriendo "merece una atención especial" y, por eso, le han "propuesto formalmente al Gobierno y esperamos que acojan nuestra propuesta, que los consultorios de salud sean considerados como infraestructura crítica para que tengan un resguardo especial por parte de las Fuerzas Armadas y las policías".
Por otra parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) piensa que el presidente Gabriel Boric debe "sacar de su cargo" a la ministra Carolina Tohá, "e instalar a (Manuel) Monsalve -actual subsecretario- como el ministro del Interior, quien ha demostrado ser una persona más realista y acertada en su relato, no como Tohá, quien siempre normaliza los asesinatos".
Sumado a lo anterior, dice que "es el momento de que los centros hospitalarios sean insertados dentro de infraestructura crítica y así siempre tener el resguardo militar. También modernizar los protocolos de seguridad de cada centro de salud para que así cada persona sepa qué realizar cuando se ven amenazados".
El diputado Daniel Lilayu (UDI), quien considera "inconcebible y lamentable que la delincuencia homicida ya está llegando a nuestros centros hospitalarios", también se suma a la petición anterior, advirtiendo: "le pido a la ministra Tohá que si es que hay que catalogar a los establecimientos como infraestructura crítica, lo haga, y que coloque militares a resguardo de estos servicios que tienen que estar al servicio de la ciudadanía".
Finalmente, tres diputados de Renovación Nacional (RN), considerando la situación antes mencionada y la gran cantidad de homicidios que se han reportado en el país, solicitaron aplicar el modelo de "Tolerancia Cero" de Nueva York.
De acuerdo con los parlamentarios María Luisa Cordero, Jorge Durán y Camila Flores, dicha estrategia logró bajar un 77% la criminalidad en la ciudad estadounidense.
Colmed y mapa de zonas críticas
Desde el Colegio Médico esperan una segunda reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, puesto que las zonas que él les anticipó que estarán en un mapa de zonas críticas, de manera preliminar, "nosotros no estuvimos tan de acuerdo, habían zonas que faltaban", dijo la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, hoy a Radio Universo. Un segundo encuentro, según se proyecta, será de carácter más técnico, e incorporaría a Carabineros y PDI.
La titular del Colmed dijo que "
es evidente" que algunos cesfam y hospitales "
deben ser defendidos como zonas críticas", y si bien el diseño será definido en la ley, "nosotros estamos súper claros que en algunas zonas, el cesfam abierto y los hospitales abiertos,
obviamente tienen que ser defendidos como infraestructura crítica (...) obviamente salud tiene que ser parte de eso".
Consultada por las zonas más peligrosas para los funcionarios de la Salud, Arriagada afirmó que "hay temas complejos en zonas como Alto Hospicio, La Araucanía, algunos lugares de Concepción y en la RM, San Bernardo, Puente Alto, el hospital Padre Hurtado".
Lo anterior, sin contar que, a su juicio, "hay zonas que tienen que ser protegidas desde ya, que tienen que ver con balas locas, por ejemplo, el Cesfam de Puente Alto, tiene que tener sus vidrios y todo resguardado, da mucha pena hablar así, como de formar un cesfam que sea un búnker, pero mientras el Estado no sea capaz de resolver este tipo de violencia que va a demorar varios años, lo que corresponde es proteger las instituciones del Estado que tienen que funcionar en esos lugares".
Incluso, la titular del Colmed no descartó que además de blindar los cesfam, también se blinden ambulancias y los funcionarios incluso deban acudir con casco y chaleco antibalas.
"(Hay que) establecer zonas críticas, y habrá que protocolizar la atención, no todos los funcionarios tendrán que usar chaleco antibalas, pero aquellos que van a entrar a una zona donde otras veces han sido atacados, tendrán que hacerlo de esa manera, y tendrán que ser entrenados para atender en esas condiciones", cerró.
