Daniel Jadue y Felipe Muñoz firmaron el acuerdo de colaboración entre las dos municipalidades en agosto de 2021.
Aton
La Contraloría General de la República declaró este viernes ilegal un acuerdo de cooperación firmado por las municipalidades de Recoleta y Estación Central en agosto de 2021.
Bajo el nombre de "Convenio de Asociatividad, Colaboración y Cooperación Mutua", el que fue alcanzado por las administraciones de Daniel Jadue (PC) y Felipe Muñoz (Ind.) buscaba "alcanzar logros comunes y soluciones para sus vecinos".
No obstante, en una resolución, Contraloría lo declaró ilegal al no ajustarse al marco legal descrito,
"toda vez que éstos se exponen de manera genérica, sin la especificación en detalle de los aspectos".
"En consecuencia, dado que el convenio en cuestión no se encuentra conforme a derecho, las Municipalidades de Estación Central y Recoleta deberán adoptar las medidas necesarias a fin de regularizar dicha situación, procediendo, por lo pronto, a dejar sin efecto todas las actuaciones realizadas", mandató Contraloría.
Para ello, fijó un plazo de 10 días.
En esa línea, Contraloría hizo mención a un convenio que antes ya había realizado la Municipalidad de Recoleta y que también fue declarado no procedente. Fue en 2010 con la Municipalidad de Mostazal y donde pidieron "abstenerse de continuar celebrando convenios" con otras casas consistoriales.
En la denuncia ingresada a la Contraloría, se expone la contratación bajo el acuerdo de Juan Hernández Zepeda, quien trabajaba en la Dirección de Obras Municipales de Recoleta, pasando al mismo cargo como director pero en Estación Central.
Esto, como se expone, habría favorecido a la entrega de permisos de construcción a ciertas inmobiliarias. "Se denuncia que existiría un esquema defraudatorio generado por los alcaldes de ambas municipalidades y la existencia de un mecanismo de presión a las empresas inmobiliarias para generar "negociaciones a través de terceras personas, solicitando prestaciones pecuniarias a cambio de autorizaciones urbanísticas", incluye la denuncia.
Al respecto, el ente contralor señaló: "Tampoco resulta procedente que Hernández Zepeda continúe subrogando en el cargo de DOM, por lo que la aludida municipalidad debe adoptar las medidas conducentes a la inmediata regularización".
Por último, la Contraloría remitió los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para hallar posibles delitos.
