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Cómo afecta y qué camino seguir: El análisis a los efectos en el sistema judicial de las filtraciones en el caso Audio

Especialistas abordaron las implicancias que están teniendo las filtraciones y el cuestionamiento a los jueces en la institucionalidad.

06 de Octubre de 2024 | 20:10 | Redactado por Javiera Riquelme, Emol.
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Abogado Luis Hermosilla, principal involucrado del caso Audio, quien se encuentra en prisión preventiva.

El Mercurio
Prácticamente todas las semanas se conocen nuevos antecedentes en el marco del caso Audio, donde el principal involucrado es el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, sobornos y lavado de activos.

En los últimos días, por ejemplo, se difundieron chats entre el ex fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, y Hermosilla, que hicieron volver al interés público causas como Penta.

Una serie de mensajes revelados por The Clinic reflejaron una relación de años entre ambos, que solo acabó al incautarse el teléfono del jurista a fines del año pasado.

Dichos mensajes también abordaban una supuesta coordinación entre el exministro del Interior, Andrés Chadwick, Guerra y Hermosilla, que habría incluido el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con el senador Iván Moreira (UDI) en el marco del caso Penta. Esto fue rechazado por el ex secretario de Estado, quien afirmó que es "absolutamente falso".

Cabe mencionar que todo comenzó en noviembre de 2023 cuando se informó la conversación que sostuvo Hermosilla, en junio de ese año, con su par Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, donde acordaban el pago de eventuales sobornos a funcionarios públicos.

Pero tras pasar los meses, según consignó El Mercurio, diversos especialistas advirtieron que esta se convirtió en la crisis más importante que ha enfrentado el sistema de justicia nacional, que incluye a jueces, fiscales, e incluso exautoridades policiales investigados tanto administrativa como penalmente.

Entre las instituciones más golpeadas por la coyuntura se encuentra la Corte Suprema, que mantiene a cinco ministros investigados por su Comisión de Ética por, entre otras cosas, comunicaciones con el abogado Hermosilla o con el exmagistrado Juan Antonio Poblete relativas a nombramientos judiciales.

El caso más grave, hasta ahora, es el de la ministra Ángela Vivanco -quien está suspendida- respecto de quien se abrió un cuaderno de remoción por parte de sus pares, además de una investigación penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. De forma paralela, tanto ella como sus pares Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz enfrentan acusaciones constitucionales presentadas por distintas bancadas de diputados, las cuales serán definidas por el Senado.

"Se afecta la democracia en sí"


Expertos consultados por Emol abordaron cómo afecta toda esta situación a la imagen del sistema de justicia y qué camino debería seguir.

Marcelo Acuña, docente y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad de O'Higgins (UOH), asegura que el caso Audio afecta evidentemente la imagen de la justicia, porque "pone en tela de juicio la función de los tribunales y la idoneidad de las personas que cumplen el rol del juez, lo que resulta muy importante, porque se afecta todo lo que es el Estado de Derecho, se afecta la democracia en sí".

En ese sentido, cree que "tienen que llevarse adelante los procesos sancionatorios correspondientes, ya sea a nivel del Poder Judicial, como desde el punto de vista de la labor que está haciendo el Congreso en cuanto a la acusación constitucional, y lo que debería, es terminarse con algún tipo de sanción".

Acuña reconoce que el camino "es complejo", pues este tipo de asuntos tiene una serie de ramificaciones que también llegan al ámbito político y en algunos casos es el poder político el que debe tomar decisiones. En el caso de la acusación constitucional es el Congreso el que puede destituir, y en el caso de la remoción solicitada por la Corte Suprema, es el Presidente de la República quien dicta un decreto para remover a los jueces involucrados".

Con todo, estima que hay que "tener en presente lo importante que es la ética profesional, lo importante que es establecer sistemas de elección de jueces que solamente se basen en la idoneidad del postulante, en su calidad profesional, y no en los contactos o redes que usted pudiese tener".

Diego Palomo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, destaca, en primer lugar, que "lo central que es para un estado democrático de derecho que las instituciones centrales sobre las cuales se levanta este estado democrático de derecho tengan por parte de la ciudadanía confianza y un sustento de legitimidad. Eso, por distintas razones, ha estado en entredicho y bajando en distintas encuestas, y también distintas mediciones de organismos serios a lo largo de los años".

Si bien dice que algunas veces son con justificación y otras veces no tanto, porque se trata de encuesta de percepción, "todos los intervinientes del servicio de justicia (...) aparecen a propósito del caso Hermosilla con un fuerte cuestionamiento. Eso por un lado es un remezón importante para esta necesidad de tener una institucionalidad fuerte, sólida, porque esa es la diferencia, a mi juicio fundamental, entre los países que aspiran al desarrollo y aquellos que están condenados al subdesarrollo, la solidez de sus instituciones, y dentro de la solidez de sus instituciones, el sistema de justicia y todo lo que involucra es un pilar central, absolutamente decisivo".

Palomo también piensa que, probablemente, esto significa la crisis más importante del sistema de justicia y que van a seguir apareciendo antecedentes, por lo que dice que "hay que confiar en que las propias instituciones, en este caso el Ministerio Público, respecto de sus miembros que han estado eventualmente involucrados, adopten medidas oportunas, pero también siempre respetuosas de los derechos involucrados en las personas".

Con ello, quiere decir que "no se trata de poner y quemar en la plaza pública a cualquier persona citada en los famosos chats, sino que hay que, de algún modo, ponderar, respetando todas las garantías que puedan existir -y que existen por parte de la Constitución-, en los procesos ya sea disciplinarios o bien judiciales que se abran a este respecto, lo propio respecto de las acusaciones constitucionales".

"No debería terminar en clases de ética"


En relación a qué sendero debería tomar este caso, el experto afirma: "Yo lo respondería en forma negativa: qué camino o qué salida no debiese tomarse. La que no debiese tomarse es justamente la que se tomó en años pasados, que terminó con los imputados formalizados del caso Penta, en clases de ética. Eso nuestro país y nuestra ciudadanía no lo toleraría otra vez y eso es impresentable. Por lo tanto, las personas, los involucrados, cuya participación en ilícitos que constituyan delitos o bien que sean incompatibles o conductas con el estándar ético de la institución a la cual pertenecen, deben recibir la sanción que esté prevista con antelación para dichas conductas".

Una apreciación similar muestra el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, quien en conversación con El Mercurio señala que "no sabemos cómo va a terminar esto, pero creo que si termina con una sensación de impunidad, de que por alguna razón esto no se investigó adecuadamente o de que hubo un perdonazo o cualquier otra fórmula que pueda dar esa sensación, que fue lo que pasó en el caso del financiamiento de la política, que todos sabemos cómo terminó, creo que la situación va a ser muy negativa, y la imagen de la justicia y del sistema institucional va a quedar devastada".

Agrega que "si hay un avance razonable de los casos y se aplican sanciones importantes para personas que muy evidentemente han cometido actos impropios, ya sea sanciones penales, pero también pueden ser expulsiones, remociones de sus respectivos cargos, me parece que podría mejorar en algo la imagen del sistema judicial, aunque creo que el proceso de mejora sería de más largo plazo. Sería una partida, porque el proceso de mejora supone que haya reformas sustantivas, estructurales, que se necesitan".

En tanto, su par de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce, apunta a que si bien la confianza ciudadana en el Poder Judicial y el Ministerio Público antes de estos casos ya era baja, "los escándalos representan un fuerte retroceso, porque tienden a reiterar historias que, por así decirlo, pueden ser de aquellas que dan razón a la desconfianza, a pesar de que tal vez no representen el funcionamiento cotidiano del sistema; entonces, generan un enorme desprestigio, y que va a tener un impacto probablemente por un tiempo importante".
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