En los próximos días, la penalista y ex integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz, junto al abogado Mauricio Daza interpondrán una querella en conjunto contra del ex fiscal Guerra a raíz de la mensajería con el penalista Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el caso Audio.
La acción resulta de la unión de los litigantes quienes en el pasado actuaron en conjunto a Manuel Guerra como querellantes en los casos de financiamiento ilegal de la política, como Penta, SQM, además de Cascadas, Exalmar y Dominga. Sin embargo, la revelación de chats del exfiscal regional metropolitano Oriente y Luis Hermosilla, llevó a que los abogados, según consigna El Mercurio, ahora unieran fuerzas contra su colega.
Estos últimos días se han conocido conversaciones que datan de 2018 y 2020 donde Hermosilla y, sobre todo, Guerra, se refieren en términos peyorativos al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y en 2021, a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.
Pero la mensajería también muestra intentos de Guerra de darle salidas alternativas en el caso Penta, suspensión condicional y peticiones de trabajo a Hermosilla cuando era fiscal. De hecho, en una de las conversaciones, se lee que Guerra -en ese entonces a cargo del caso Penta y que derivó en la arista SQM-, le comunica a Hermosilla que ya le había "quitado" las "causas vip" a los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, inicialmente a cargo de la investigación, y quienes renunciaron por desacuerdos en cómo la fiscalía llevaba adelante el proceso.
Según dijo Horvitz al citado medio, el recurso sería, en principio, solo en contra de Guerra "por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa", aunque no descartan ampliarla a Hermosilla y al exministro del Interior, Andrés Chadwick.
El abogado Daza, por su parte, dio cuenta de la gravedad de la situación al señalar que "el enorme esfuerzo de estudio y litigación que hicimos para que se esclareciera la verdad de lo sucedido y se llevara a juicio a los responsables era inútil, ya que finalmente el destino del caso estaba definido a partir de actos de corrupción cometidos por quien tenía a su cargo la dirección de la investigación".
Así las cosas, los nuevos chats, cuestionados por la "forma" en que los autores se refieren a los alcaldes, también ha abierto un fuerte debate en torno al "problema de fondo", esto es, a la forma en que opera el sistema de Justicia en el país, lo que de paso, pone nuevamente en tela de juicio a la institucionalidad. Asimismo, abre una mirada en retrospectiva del rol que tuvo Guerra en los dos casos más emblemáticos, Penta y SQM y la trama que salpicó tanto a personeros de izquierda como de centroderecha.
Caso Penta
El caso estalló en 2015, luego que Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, iniciara un juicio laboral en contra de los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes además, eran conocidos financistas de la UDI.
Si bien el caso lo tomaron inicialmente los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena,
ya para 2018 estaba en manos de Manuel Guerra.
Con el avance de la indagatoria se conocieron correos y antecedentes que vinculaban al senador Iván Moreira con Hugo Bravo cuando estaba compitiendo por Los Lagos, en 2013. También fue indagado en la causa Jovino Novoa, condenado en procedimiento abreviado.
En julio de 2018, se condenó mediante un procedimiento abreviado a los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por delitos tributarios consumados y reiterados, mientras que al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, se le condenó por la misma vía por enriquecimiento ilícito.
El procedimiento implicó que se eliminara el delito de soborno para los dos primeros, y la recalificación del cohecho para el último, sin tener que cumplir pena efectiva de cárcel, lo que abrió fuertes cuestionamientos hacia Guerra. Una de las críticas más duras las dio el ex persecutor del caso, Carlos Gajardo, quien dijo lamentar "ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora".
Guerra salió a enfrentar las críticas y señaló que "no podemos pedir las que a nosotros nos gustarían (...) Las penas en delitos de corrupción en Chile por supuesto que son bajas, pero para eso se requeriría modificar la ley y mientras eso no ocurra tenemos que trabajar con la ley que tenemos".
En agosto de ese año, la Fiscalía Oriente informó sobre el archivo provisional de algunas aristas del caso, según explicaron, porque no existió una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Dentro de las causas archivadas estaban aquellas que referían a los supuestos aportes de empresas como Ripley a la campaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet, así también como los aportes privados a la campaña del ex ministro, Laurence Golborne.
Caso SQM
En enero de 2015, estalló el caso SQM, como arista del caso Penta. Esto, luego que Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de minería del primer gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, involucrara a la minera al confirmar irregularidades en la emisión de boletas.
El caso significó la indagatoria a políticos de izquierda y derecha, por recibir pagos ilegales que ascendieron a más de 14 millones de dólares e involucraron a cerca de 300 personas y algunos partidos políticos.
En febrero, el Ministerio Público detectó 21 boletas correspondientes a julio de 2009 pagadas por SQM a 19 personas. Aparecían los nombres de Joaquín Lavín, Roberto León, Fulvio Rossi y Marcelo Rozas.
La fiscalía resolvió entonces separar las investigaciones -Penta y SQM-, y decide dejar al exfiscal Andrés Montes -hijo del entonces senador Carlos Montes, hoy ministro de Vivienda-, a cargo del caso, situación que abrió fuertes críticas. Luego, la indagatoria la asumió el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán.
En abril de ese año, el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet reconoce que Giorgio Martelli, ex recaudador de fondos de la ex Nueva Mayoría e indagado por las boletas emitidas a través de la sociedad Asesorías y Negocios SpA a SQM, había participado en la precampaña de la Mandataria.
En abril de ese año, el SII amplía su querella y empiezan a vincularse nuevos nombres al caso, los que salpican a ex autoridades como Pablo Longueira, Pablo Zalaquett y Marco Enríquez Ominami. El 11 de diciembre, la causa la asumió el exfiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
En 2016 apareció otro nombre salpicado, luego que Katherine Bischof, ex secretaria de Patricio Contesse, asegurara al ente persecutor que Carolina Tohá -actual ministra del Interior- se reunió con el ex gerente general en las oficinas de la minera. Ella aseguró nunca haber pedido dinero.
En agosto de 2021, a seis años del inicio del caso SQM, la entonces fiscal a cargo, Claudia Perivancich, decidió que no seguiría adelante con las pesquisas respecto de 34 indagados —que no llegaron a ser formalizados— y comunicó su decisión de no perseverar.
Entre quienes resultaron beneficiados con lo resuelto por la persecutora estuvo Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior bajo la administración de Michelle Bachelet; y Harold Correa (PPD), ex jefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre cuando era titular de Educación y cercano a Peñailillo.
También resultaron sin imputación Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del ex senador DC Jorge Pizarro; el ex diputado DC Roberto León; e Irina Rossi, hermana del exsenador (ex PS) Fulvio Rossi, quien para ese entonces ya había sido sobreseído.
Desde el otro lado del espectro político, resultaron sobreseídos Joaquín Eguiluz, hijo de Claudio Eguiluz (RN); y Roberto Guerrero del Río.
En 2023, se dio inicio al juicio oral contra Pablo Longueira, a quien se le imputaba el delito de cohecho; a Marco Enríquez-Ominami, a quien se le acusaba de delitos tributarios; y a Patricio Contesse, por soborno. El juicio se ha extendido por más de un año, luego de varias suspensiones.
