Multas por utilización de veredas, por venta de alcohol en esas mismas áreas y fiscalizaciones constantes, son las principales medidas que ha aplicado el municipio de Las Condes desde que terminó con los decretos que permitían la utilización del espacio público por parte de diversos restaurantes en Isidora Goyonechea.
Si bien, en medio de la pandemia del covid-19 se entregaron permisos precarios de ocupación de espacios públicos, debido al complicado contexto y el restringido aforo de aquel entonces, para que los restaurantes estuvieran habilitados a ocupar la calzada y asegurar atenciones al aire libre, actualmente la situación volvió a la normalidad y lo mismo exigen algunos vecinos del sector para la utilización del espacio público.
Mediante una carta enviada a El Mercurio, firmada por Alejandro Lizana, se manifiesta que "el actual uso ilegal de la franja de equipamiento urbano en Isidora Goyonechea, donde los restaurantes han instalado mesas, sillas, toldos y otros objetos incumpliendo la ley, ha causado accidentes entre peatones y meseros, reducción del espacio peatonal, expendio de alcohol en la vía pública, corte de árboles plantados y una ocupación abusiva del espacio público".
Así, Lizana sostuvo que "al igual que lo actuado por la municipalidad de Las Condes, en nuestra calidad de vecinos también empatizamos y apoyamos a los empresarios gastronómicos durante la pandemia, cediéndoles la calzada y las veredas sin objeción alguna. Hoy les pedimos su retribución y respeto a la Ordenanza y Permisos Precarios, devolviéndonos el espacio aludido, que es de toda la ciudadanía".
Quien se encarga -hace meses- de esta situación es el jefe de Gabinete del municipio, Sebastián Sotelo. Según explicó a Emol, hace un año aproximadamente que los vecinos comenzaron a pedir una mayor fiscalización de los espacios públicos, en particular, de las franjas de equipamiento urbano, que son las adyacentes a la calzada. Esto debido a común utilización de este espacio por parte de los restaurantes.
Rápidamente, recordó que esta situación comenzó durante la pandemia, donde "obviamente se entendía" por las circunstancias, haciendo referencia al distanciamiento social y la limitación en el aforo. Sin embargo, una vez que el escenario vuelve a la normalidad y las restricciones se levantan, se "retiran esos permisos. Se conversa con los locatarios y avisa que deben comenzar a retrotraer", pero los espacios en la vía pública no fueron desocupados en su totalidad.
La situación escaló el segundo semestre del 2023. Al ocupar los restaurantes las franjas adyacentes a la calzada y también al local, se genera un "pasillo", explicó Sotelo. "Tú tienes el local comercial, las mesas instaladas afuera que están pegadas al local, después la vereda y luego, de nuevo, mesas con sillas". Fue, de hecho, en ese tránsito, donde circulan los peatones y meseros, que se produjo un choque entre dos personas que despertó la preocupación de los vecinos.
Medidas
Estas infracciones por uso de espacio público por parte de los restaurantes, por cierto, generan multas. Sin embargo, según Sotelo, estas "son muy baratas". Rondan los $50 mil pesos. "Comprenderás que una mesa en uno de esos restaurantes tiene una cuenta aproximada de $150 mil pesos", dijo, agregando que "a esta gente le da lo mismo si tú literalmente pasas multando todos los días (...) terminan pagando la multa".
Tras esta constante, hace un par de semanas se eliminaron todos los permisos precarios de ocupación de espacio público del sector. Actualmente, ningún local comercial -de los 33 que se ubican en la zona- tiene este permiso.
Luego, comenzaron a aplicar sanciones por la venta de alcohol en la vía pública, multa que calificó como una de las "más gravosas" que tiene la ley y recordando que es causal -a la tercera vez- en razón para que la patente de alcohol sea cancelada, confirmando que dicho local no podrá volver a tener nuevamente una patente de alcohol. Esta medida funcionó.
A los pocos días, algunos restaurantes retiraron las mesas que tenían instaladas en la calzada de manera irregular, además de ingresar -nuevamente- solicitudes para obtener los permisos precarios de ocupación.
Escenario futuro
Ahora, lo que buscarán es regularizar la situación y mediante las múltiples solicitudes de permisos precarios de ocupación de espacio público, permitir que los restaurantes ocupen la línea continúa al local, es decir, la franja pegada a su construcción. "Pero no estamos y no se van a entregar permisos que permitan la utilización de la franja de equipamiento urbano", aclaró Sotelo, refiriéndose a la franja pegada a la calle que genera la formación de este apodado pasillo. "Eso no lo vamos a entregar, no se va a aprobar ningún permiso precario con eso", dijo tajantemente.
Así, aclaró que las fiscalizaciones continuarán de manera constante, como también lo harán las multas por venta de alcohol en la vía pública de ser el caso. Durante la próxima semana esperan que todos los locales comerciales hayan retirado sus mesas e ingresado sus solicitudes para regularizar su ocupación.
Actualmente, se demarcó la línea -con color rojo- que divide el espacio público del privado, lo que facilita el proceso de fiscalización y evita una de las justificaciones presentada ante el juzgado de policía local, que no corresponde la multa al ser propiedad privada.
Cobros de multas
Un tercer problema es el número de multas que cobran los juzgados de policía loca, y es que, algunos inspectores sostienen que no importa la cifra de sanciones aplicadas, cuando los propietarios asisten al juzgado, los partes son reunidos y muchas veces el cobro termina siendo uno.
De esta manera, Sotelo sostuvo que el camino de la fiscalización se dificulta. "Pueden estar todos los inspectores municipales fiscalizando y aplicando sanciones por ocupación de espacio público, ruidos molestos, etc., constantemente, pero cuando llegan al juzgado de policía local, los jueces juntan los partes y cobran una parte", concluyó.
