El anuncio del proyecto del Gobierno que busca poner fin al
Crédito con Aval del Estado (CAE), que entrega una condonación parcial de la deuda a quienes se adhieran voluntariamente y crea un nuevo sistema de financiamiento público, continúa generando debate en distintos frentes.
Desde las universidades, actores directamente involucrados en los efectos que tendrá el mecanismo, ya varias voces han levantado alertas sobre posibles impactos económicos, considerando que el
Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) -mecanismo que viene a reemplazar al CAE- establece que los alumnos estudiarán sin pagar aranceles, sólo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos.
En efecto, hay algunos reparos y matices en torno a la propuesta, aunque de acuerdo al rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Osvaldo Corrales, hay una cosa en la que sí hay consenso: el CAE "es una política pública que ya cumplió su ciclo".
Lo relevante ahora es ver cómo se terminan por materializar los objetivos clave de la propuesta de Boric y cómo aquello conversa con el bienestar de las universidades -y de las familias- como actores relevantes para el país, en materia de formación de profesionales y desarrollo de tecnologías, entre otros. Por eso, al menos desde el CUECH, esperan conocer pronto el texto para que se discuta "con altura de miras y sin estridencias".
Sobre eso, el rector de la UDP, Carlos Peña, plantea que hay dos miradas: "si el nuevo sistema se juzga desde el punto de vista de los estudiantes y su bienestar inmediato, no cabe duda que su bienestar se incrementará (...) pero si el nuevo el nuevo sistema puede mejorar el bienestar individual inmediato, no cabe duda de que lesionará al sistema universitario, puesto que lo empobrecerá y, lo que es peor, atará a las instituciones a los vaivenes del ciclo político".
Exclusión de la banca
Al momento de ponderar los alcances del proyecto -y lo que se conoce hasta ahora-, Corrales destacó como elementos "interesantes" que se deje fuera a la banca.
"No es sólo una cosa de principios, la verdad es que los bancos también tienen poco interés en el CAE. Entiendo que en las últimas licitaciones sólo se ha presentado el Banco Estado, entonces hay un problema con eso y nos parece, por lo tanto, como una parte positiva, la necesidad de constituir un sistema de financiamiento que sea sostenible y que a la vez garantice el desarrollo razonable de las instituciones de educación superior", expresó el presidente del CUECH a Radio ADN.
Corrales también destacó que la iniciativa también se hace cargo de la necesidad de establecer ciertas regulaciones para todas las instituciones que reciben recursos públicos, especialmente en torno a transparencia. Esto, en alusión a la USS y la polémica abierta por el pago del elevado sueldo a Marcela Cubillos.
Impacto del FES
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, es una de las voces que ha puesto el acento en la preocupación por la viabilidad al sistema de educación superior, a raíz de que el proyecto deja sólo a los alumnos del decil 10 con copago. A su parecer, que los primeros nueve deciles queden sin copago "es como extrapolar la gratuidad".
Según dijo a El Mercurio, aquello es "particularmente grave", puesto que "el Gobierno actual podría decir que va a cumplir rigurosamente los días de transferencia, pero nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos gobiernos, en los próximos 20 o 30 años, que pueden ser de distintos signos políticos".
Añadió que "
tener de la mano del Estado el 90% de los recursos de una institución, considerando que hay una distribución homogénea de los deciles en una universidad, atenta contra la autonomía de la institución, porque esa institución va a depender absolutamente de las políticas estatales. Y ya nosotros sabemos, y tenemos experiencia en los últimos seis años, que la definición del arancel regulado ha sido siempre compleja".
En la misma línea, el rector de la PUCV y presidente de la Red G9 de Universidades, Nelson Vásquez, comentó al citado medio que aún tienen "varias incógnitas y preocupaciones", y que "las universidades dependemos de los aranceles que recibimos de los estudiantes, entonces preocupa el daño que esto pueda generar. Según rectores del G9, se produciría un detrimento muy importante".
Peña añade en su columna para El Mercurio de Valparaíso que "en efecto, para controlar las transferencias que, con cargo a rentas generales, se efectuarán, de suerte que cuán innovadora sea una universidad, o cuánto investigue o alimente el esfuerzo crítico de sus cuerpos académicos, dependerá de la disposición del Estado a financiarla o del ciclo económico que se experimente".
Sobre este tema, Corrales comentó que, a su juicio, "es importante conocer las simulaciones que se han hecho, porque la eventual brecha que existe con el copago -con la parte que no cubre el arancel que fija el Estado y que las universidades cobran a los estudiantes-, es algo que todavía está indeterminado, que es cuál va a ser el monto de esos aranceles y cuáles brechas se van a generar".
"Me parece que lo que han planteado algunos rectores, el rector Sánchez entre ellos, tendrá que ser discutido y atendido en el marco del proceso parlamentario, pero sobre la base de datos", expresó. De todos modos, reconoció que efectivamente "una decisión equivocada en este ámbito puede afectar económicamente a las universidades, por supuesto que sí".
Devés valora proyecto, pero apunta a desarrollo de las Ues
Quien también abordó la propuesta fue la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, que si bien valoró el proyecto, puso el acento en la necesidad que el nuevo sistema de financiamiento resguarde el desarrollo de las instituciones.
"El foco está fundamentalmente puesto en la demanda, en la gente, pero esa gente va a concurrir a instituciones y no es irrelevante lo que pase con ellas".
Rosa Devés, rectora U. de Chile
Para la rectora, es positivo que el proyecto "sea acotado, que responda al mérito y que reconozca a quienes han hecho esfuerzo por pagar", según dijo a CNN Chile, a la vez que recordó que esa promesa del Gobierno de condonar en su totalidad la deuda, "era quizás irreflexiva".
Consultada respecto al nuevo sistema de financiamiento, la rectora indicó que "tiene aspectos positivos y también tiene que llevarnos a una reflexión más amplia". Según dijo, es positivo porque "va a introducir regulación, la transparencia que se va a requerir en este nuevo sistema y positivo en el sentido de que esperamos que los aranceles regulados que van a haber, reflejen realmente los costos de la educación superior, que es muy diversa de acuerdo a la historia y el desarrollo de cada institución".
Por el contraste, hizo el punto en que se debe considerar que "el foco está fundamentalmente puesto en la demanda, en la gente, pero esa gente va a concurrir a instituciones y no es irrelevante lo que pase con ellas. El financiamiento de la educación superior, tiene que considerar no solamente la demanda y el acceso, sino también el resguardo y el desarrollo de las distintas instituciones, eso es fundamental".
