Varias reacciones ha generado esta tarde la remoción de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema luego que su proceso fuera votado por unanimidad por el pleno del máximo tribunal.
Desde la Cámara de Diputados, parlamentarios celebraron esta determinación manifestando que se trata de una "buena decisión" y llamaron al Senado a aprobar la acusación constitucional que pesa en su contra, pese a que ya fuera removida del cargo.
Las razones, que sea sancionada con cinco años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Para la diputada
Camila Flores (RN) esta determinación de la Corte Suprema "va a generar alguna situación en el Senado donde quizás desestimen seguir perseverando con la acusación constitucional".
"Desde mi perspectiva creo que debiese seguir igual porque los efectos que tiene la acusación constitucional al ser aprobada en el Senado no es solamente sacar a una persona del cargo que está ejerciendo sino que también la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. Y creo que los hechos que se le imputan a la ministra Vivanco son tan graves que ameritan una sanción como esta", agregó la legisladora opositora.
La petición ha sido transversal. En el Partido Socialista, los diputados Marcos Ilabaca y Ana María Bravo también insistieron en lo mismo: "Espero que así como hoy día es removida por unanimidad por sus pares, esta semana que viene sea destituida en este Congreso Nacional aplicándole también esta sanción de cinco años de inhabilidad para poder ejercer cargos públicos", dijo Ilabaca, quien además llamó a impulsar una reforma al sistema judicial.
"Aquí hay infracciones graves y que fueron probadas, así fue señalado por este pleno, por este presidente de la Corte Suprema. Hay infracciones a la probidad, infracciones a la transparencia, a la independencia, que es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y en el poder judicial, y también a la integridad. De esta forma, vamos en la senda correcta, porque uno de los poderes del Estado que estaba mejor evaluado ahora está por el suelo y es necesario que con este punto de inflexión vuelva a recuperar la confianza en la ciudadanía", señaló por su parte Bravo.
Mientras que el diputado Diego Ibáñez (FA) indicó: "Creemos que es una decisión correcta, eso no obsta que nosotros vamos a continuar con la acusación constitucional que presentamos acá en el Congreso porque nos parece que estos casos de corrupción en el corazón del Poder Judicial hay que ser bien drásticos y muy responsables en castigarlos con todo el rigor de la ley, con todo el instrumento que tenemos a nuestra disposición para que no vuelvan a ocurrir nunca más".
En tanto Raúl Soto (PPD) puntualizó: "Ya son dos poderes del Estado los que se pronuncian respecto de la existencia de graves irregularidades y faltas a la probidad, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. Hechos tan graves como estos no pueden pasarse por alto ni quedar en la impunidad. Por eso valoramos esta decisión y esperamos que se ejecute a la brevedad posible".
Por último, la diputada independiente pro PPD, Camila Musante, también pidió al Congreso a acusar constitucionalmente a Vivanco: "A mí me daría realmente una tremenda decepción escuchar a algún parlamentario decir que el hecho que la ministra Vivanco sea removida es una excusa para no votar a favor la acusación constitucional o no sancionarla por la responsabilidad política que ella tiene. Hay que ser capaces de separar y condenar todas las responsabilidades que puedan recaer sobre la ministra Vivanco".
