Mientras abogados expertos advierten que podría vulnerar la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, comunicadores destacan la falta de regulación sobre el uso de redes sociales en Chile.
Esto, luego de que parlamentarios del Partido Demócrata y de la bancada de IND-PPD presentaran un proyecto de ley que pretende limitar el uso de redes sociales para personas formalizadas que se encuentren bajo la medida de reclusión parcial.
La propuesta surgió a raíz de la participación de figuras como Camila Polizzi y Cathy Barriga en plataformas para adultos, lo que ha generado debate sobre la influencia que estas actividades pueden tener en el desarrollo de investigaciones penales.
La iniciativa busca evitar que los formalizados obtengan beneficios económicos o interfieran en investigaciones judiciales a través de publicaciones en redes sociales.
"Se entenderá quebrantada la cautelar (…) cuando, a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero", señala la iniciativa.
Además, se estipula que, en casos calificados, un juez podrá autorizar el uso de redes sociales siempre que no ponga en riesgo la investigación.
Polizzi, formalizada por la arista lencería del Coso Convenios, se pronunció en contra del proyecto desde su cuenta de Instagram, cuestionando: "¿Y la presunción de inocencia? Un proyecto de ley que va en contra de la propia Constitución", apuntó.
La arista legal: "Populismo punitivo"
Por eso, el debate legal en torno al proyecto se abrió. Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, expresó dudas sobre la constitucionalidad de la medida.
Primero, sostuvo que "habría que distinguir entre el mecanismo de comunicación pública que pueda tener una persona que está siendo imputada por un delito, y, por otra parte, los efectos jurídicos de lo que está siendo sometido".
Respecto de esto último, considera que el proyecto de ley "se hace cargo más bien de los efectos jurídicos de una persona que está siendo imputada de un delito, no del aspecto comunicacional. Por lo tanto, creo que hay que remitirse a ello".
""Un proyecto de esta naturaleza sería inconstitucional a mi juicio, en la medida de que afectaría la presunción de inocencia"
Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma
"Un proyecto de esta naturaleza sería inconstitucional a mi juicio, en la medida de que afectaría la presunción de inocencia", explicó.
Con todo, Zárate sostuvo que las medidas cautelares deben ser proporcionales y no deben restringir derechos más allá de lo estrictamente necesario.
"El prohibir actividades económicas de cualquier índole (…) sería un atentado a esta presunción de inocencia", añadió, advirtiendo que la propuesta podría ser una manifestación de "populismo punitivo".
Además, el académico señaló que "esto más bien parece una respuesta de venganza frente a casos específicos, en lugar de una solución normativa acorde a los principios de proporcionalidad".
En esa misma línea, Gonzalo Hoyl, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, comparte la crítica hacia la falta de proporcionalidad en la propuesta.
"Al fijar esta prohibición de forma general, podrían afectar la libertad de expresión y el derecho a ejercer una actividad económica de los formalizados sin una justificación procesal concreta"
Gonzalo Hoyl, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
"El proyecto de ley que busca restringir el uso de redes sociales para personas bajo reclusión parcial introduce una regulación que, si bien persigue un objetivo legítimo de proteger el proceso penal y evitar interferencias indebidas, plantea serios problemas en términos de proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales", expresó.
Y explicó que "al fijar esta prohibición de forma general, podrían afectar la libertad de expresión y el derecho a ejercer una actividad económica de los formalizados sin una justificación procesal concreta".
"Absurdo, el arresto domiciliario no es una pena y tratar de transformarla en una es atentar contra lo poco que queda de la presunción de inocencia. Lo ideal es que los imputados gocen de la mayor libertad posible, que la restricción sea la mínima necesaria"
Cristián Riego, profesor derecho de la Universidad Diego Portales
Por eso, Hoyl advirtió que el enfoque del proyecto puede desencadenar una regulación excesiva. "Las comunicaciones en redes sociales deben ser analizadas en el contexto de cada caso. Si no están interfiriendo directamente en la investigación, no existe una razón suficiente para restringirlas. Se trata de un principio básico en las medidas cautelares: la proporcionalidad y necesidad de la medida".
Otro experto, Cristián Riego, profesor derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), también criticó la iniciativa, calificándola de "absurda".
A través de su cuenta en la red social "X", señaló que transformar el arresto domiciliario en una pena más severa sería un atentado contra la presunción de inocencia, añadiendo que la restricción debe ser "la mínima necesaria".
Redes sociales y moralidad pública
Desde una perspectiva comunicacional, la propuesta enfrenta críticas por intentar controlar la imagen pública de los imputados en plataformas digitales.
Andrés Azócar, CEO de Ubik, señaló que en Chile no existe una regulación específica para las redes sociales, lo que hace complejo imponer límites a las actividades de los usuarios.
"Las redes sociales están completamente descentralizadas en Chile. No hay normativa local que impida lo que una persona puede hacer en estas plataformas, más allá del control editorial que aplican las propias empresas", explicó.
Azócar resaltó que la discusión no debe centrarse en la moralidad de las actividades en plataformas como OnlyFans, sino en la consistencia del proyecto con otras formas de comunicación digital.
"Es absurdo que se piense legislar sobre la participación en OnlyFans, cuando las personas en reclusión parcial pueden seguir utilizando plataformas como Instagram o TikTok para comunicarse con sus seguidores sin restricción", afirmó.
"Es absurdo que se piense legislar sobre la participación en OnlyFans, cuando las personas en reclusión parcial pueden seguir utilizando plataformas como Instagram o TikTok para comunicarse con sus seguidores sin restricción"
Andrés Azócar, CEO de Ubik
En su opinión, la medida refleja "una visión moralista" que no aborda los desafíos reales de la legislación sobre actividades digitales.
El CEO de Ubik también planteó un dilema más profundo sobre los derechos de los imputados en arresto domiciliario: "Limitar el uso de redes sociales es como convertir una casa en una prisión. Si queremos discutir las características de lo que significa estar en arresto domiciliario, hagámoslo de manera integral, no con medidas parciales que solo buscan apaciguar una polémica pública".
A su vez, Guillermo Bustamante, académico de la Universidad de los Andes, considera que "esta normativa viene a igualar en este ámbito las condiciones de una medida cautelar en una cárcel con la de detención domiciliaria".
Asimismo, subrayó la falta de claridad técnica para implementar esta restricción.
En ese sentido, comentó que "lo crítico está puesto en el anonimato y la posibilidad de fiscalización que tendrán los organismos encargados para efectivamente custodiar que personas privadas de libertad, pero en sus domicilios puedan acceder a este tipo de plataformas".
"Esta normativa viene a igualar en este ámbito las condiciones de una medida cautelar en una cárcel con la de detención domiciliaria"
Guillermo Bustamante, académico de la Universidad de los Andes
"Si una persona está en arresto domiciliario y vive con otros miembros de la familia, no puedes restringir el acceso a Internet en todo el hogar. Tampoco puedes controlar si el imputado usa una cuenta anónima", comentó, alertando sobre los desafíos que plantea fiscalizar este tipo de actividades sin vulnerar los derechos de otros integrantes del hogar.
Incluso, advirtió que la publicidad generada por estas actividades podría aumentar los ingresos de los imputados. "La publicidad que reciben va a permitir que aumenten los seguidores", comentó, resaltando la posible ampliación de creadores de contenido motivados por los resultados visibles.
Finalmente, Marcelo Santos, investigador de CICLOS UDP, destacó que las redes sociales operan bajo intereses comerciales, lo que dificulta una regulación efectiva.
"Ninguna plataforma digital está preocupada con los juicios en Chile", señaló, subrayando el conflicto entre los intereses públicos y comerciales.
Según Santos, la falta de regulación convierte a las redes sociales en un "oeste lejano", donde prevalece la búsqueda de ganancias sin importar las consecuencias sociales.
"Entonces, una plataforma de interés público, un lugar donde se dan discusiones sobre asuntos públicos, deberían tener una inspiración de lo público, no la inspiración de lo privado", concluyó.
