Siendo aprobada la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, y habiendo destituido a la ministra Ángela Vivanco, a la Corte Suprema aún le resta un itinerario relacionado a las consecuencias del impacto del caso Audios.
En particular, el máximo tribunal deberá arrancar con el proceso de nombramientos de los nuevos ministros de la Corte para suplir las vacantes que dejan los dos jueces salientes.
Para esto la Suprema debe conformar una quina para presentar al Presidente de la República, el que debe seleccionar a un candidato y someterlo a votación del Senado. Será nombrado en el cargo quien alcance dos tercios de la votación el hemiciclo.
Pero en medio de la destitución de Vivanco y Muñoz, el Gobierno ha presentado una reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales, que modifica significativamente el procedimiento actual.
Sobre en qué sistema deberán elegirse a los nuevos supremos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó en Tele13 Radio que "la regla que tiene el proyecto es que los nombramientos se regulan o se rigen por el procedimiento vigente al momento en que se inician. Por lo tanto, esto va a depender en buena parte de la agilidad del proceso de nombramientos, o sea de este proyecto".
"Es un proyecto que podemos sacar rápidamente", relevó. "Nosotros hemos conversado con la Cámara de Diputados y hay voluntad de hacerlo, podrían ejecutarse al amparo del nuevo procedimiento. De lo contrario, tendrían que mantenerse del procedimiento de acuerdo a las reglas que están".
En cualquier caso, destacó que "hay un punto que no es menor, una de las reglas adicionales que obliga al Senado a dictar regulaciones estrictas en materia de audiencias públicas para todos los procesos de nominación".
Al margen de ese proceso, hay una gestión que debe zanjar la Suprema por de pronto. Este jueves, el pleno de la Corte revisaría y votaría el informe de la comisión de Ética respecto a Muñoz. La instancia puede proponer la apertura de un sumario administrativo, dar por cerrado el caso u otro tipo de alternativa.
La indagatoria inició a fines de julio pasado, luego que la inmobiliaria Fundamenta, representada por el abogado Marco Antonio Fuentes presentara una denuncia a la comisión de Ética, atribuyéndole a Muñoz el presuntamente haber anticipado parte del fallo de una causa que podría tener efectos patrimoniales para su hija, la jueza Graciel Muñoz.
