La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del megaproyecto Maratué en Quirilluca, en Puchuncaví, provocó la molestia de diputados del Frente Amplio.
Y apuntaron sus dardos contra la delegada presidencial regional, Sofía González (PC). "En votación dividida y con profunda decepción se aprueba un proyecto que no da certezas de conservación a especies protegidas por ley, que ofrece incertidumbre respecto al recurso hídrico a utilizar, que es sobre suelos contaminados, que no cumple con los estándares que la propia inmobiliaria se impuso", expuso el diputado Diego Ibáñez.
Aseguró estar "decepcionado" de la delegada. Acusó que "esta votación dividida da cuenta, una vez más, de una falta de conducción de la delegada presidencial Sofía González, carente de toda mirada estratégica sobre el desarrollo regional, y eso nos decepciona profundamente".
Por su parte, la diputada Francisca Bello concordó en que "la aprobación del Proyecto Maratué representa una pésima noticia para los habitantes de Puchuncaví y su ecosistema. Esta decisión supone un claro retroceso en los esfuerzos por conservar los espacios de biodiversidad de la comuna. Ya se ha alertado sobre los graves problemas asociados con la instalación de ciudades satélites y sobre la presencia de alta concentración de arsénico en la zona".
Además la parlamentaria apuntó sus críticas a Sofía González. "Lamentamos mucho la decisión del espacio y especialmente la falta de liderazgo de la delegada presidencial por continuar este proyecto".
Ante esto, la aludida Sofía González expresó que "como Gobierno siempre hemos advertido y atendido las preocupaciones de la ciudanía que cualquier proyecto que se desarrolle en nuestra región debe necesariamente cumplir directamente con la normativa vigente en materia medioambiental, situación que es abordada por la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad que fiscaliza la Resolución de Calificación Ambiental o RCA asociada a cada proyecto".
Agregó que "destacar que la Comisión de Evaluación Ambiental es un espacio normado por ley, y las decisiones que se dan en este espacio, donde participan otras autoridades regionales, da cuenta de sus votaciones en base a elementos técnicos que son entregados por los distintos servicios y por el propio Servicio de Evaluación Ambiental, y a partir de esos antecedentes cada autoridad debe o aprobar, rechazar o poner condiciones para poder entregar esta RCA. Por lo tanto, ninguna decisión que se enmarque en este espacio es una decisión arbitraria o es una decisión que solo depende de la voluntad de quien esté ostentando en ese momento el espacio de la autoridad, sino que debe acogerse a la normativa vigente".
Y cerró con que "por ello, lo que nos corresponde como autoridades es cumplir con la normativa, y eso tiene que llevarse adelante sin ningún tipo de relatividad. De otra manera, estaríamos esperando que las autoridades incumplan la normativa, lo que me parece que no es adecuado".
