Varios eran los candidatos a alcalde que se presentaban a estas elecciones habiendo enfrentado causas en la justicia, algunos de ellos incluso estando formalizados.
Sus nombres fueron aprobados por el Servicio Electoral (Servel), pues tal situación no es un impedimento legal para postularse, explicaron desde dicha institución.
La mayoría de ellos, además, iba a la reelección o habían sido ediles en periodos anteriores.
Entre estos casos, los candidatos obtuvieron un dispar resultado.
Uno de los que fue apoyado por los electores es el postulante del pacto del oficialismo Boris Chamorro (PS), actual alcalde de Coronel, que anoche fue reelegido.
El jefe comunal iba a ser formalizado este mes por cohecho, en el marco del caso Puerto Coronel, pero la audiencia se reagendó para el 9 de diciembre, ya que el juez accedió al reclamo de las defensas, que argumentaron un tardío acceso a elementos de la carpeta de investigación.
Chamorro es investigado por supuestos pagos irregulares que habría recibido de la empresa y, debido a esta investigación, se allanó tanto el municipio como su casa.
En julio pasado, a través de un video publicado en sus redes sociales, sostuvo que "no he recibido ni un peso del Puerto de Coronel. Es más, hemos colaborado en todo lo que va a la investigación, entregando más de 6.000 documentos en lo que va a la causa".
Otro jefe comunal reelegido fue el de Buin, Miguel Araya (UDI), quien hace unos meses fue reformalizado, tras la presentación de una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por fraude al municipio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La investigación comenzó en 2017 por una denuncia anónima sobre la existencia de un "funcionario fantasma".
Los alcaldes de Linares, Mario Meza (RN); Victoria, Javier Jaramillo (ex-PPD, en lista independiente); y Loncoche, Alexis Pineda (ind.), también continuarán en el cargo.
El primero fue formalizado en septiembre pasado por presunto fraude al fisco reiterado por el pago de sobreprecios de cajas y productos sanitarios que se entregaron a vecinos en la pandemia, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y reclusión nocturna.
"Hoy hicimos historia juntos. Por tercera vez consecutiva, ustedes han depositado su confianza en este equipo para continuar trabajando por nuestra querida ciudad. Este logro no es solo mío, es de todos los linarenses que creen en el poder de la unidad, el esfuerzo y el compromiso", manifestó a través de su cuenta de Instagram.
A Jaramillo, en tanto, se le formalizó por abuso sexual calificado y violación contra dos funcionarias municipales, por lo que está con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional.
Mientras, el proceso de Pineda, de 2022, fue por conducir bajo estado de ebriedad una camioneta municipal.
No lograron los votos
Por el contrario, hubo otros que no fueron respaldados por los electores.
Por ejemplo, el ex alcalde de Peñalolén, Manuel Fuentes (ex-UDI), quien nuevamente competía, en agosto estuvo en prisión preventiva tras ser formalizado por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en su domicilio, descubiertas en medio de indagatorias por supuesto uso fraudulento de claves únicas para conseguir respaldos para su candidatura como independiente.
Asimismo, quien no consiguió la reelección fue el actual jefe comunal de Laja, Roberto Quintana (ind.), quien fue sentenciado por acoso sexual de una funcionaria.
La semana pasada (23 de octubre) el Juzgado de Garantía de Laja lo condenó a 40 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, en calidad de autor del delito consumado de acoso sexual.
Esto, tras el ilícito perpetrado en agosto del año 2021, en dependencias municipales.
En procedimiento simplificado, el magistrado Óscar Pacheco, impuso a Quintana la accesoria legal de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena, además del pago de una multa de 5 UTM ($332.805).
Tampoco lo logró el ex jefes comunal de Bulnes, Guillermo Yéber (ind.), formalizado por cohecho agravado y fraude al fisco, con arresto domiciliario total.
Lo anterior, por el Caso Cuentas Corrientes. Yéber estuvo involucrado en una serie de convenios entre su municipalidad y la empresa Gestión Global SpA, la cual está siendo investigada por malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y soborno.
Esa empresa, que está dedicada a los servicios económicos, habría pagado sobornos a funcionarios públicos para que los municipios contraten sus servicios.
Por último, otro que no logró ser reelegido, es el de Calama Daniel Agusto (ind.), formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible.
Todo, luego que se iniciaran investigaciones por la compra de una vivienda con fondos públicos durante su gestión. Además, el inmueble en cuestión era de propiedad de su familia, incluyendo su prima, Jubitza Tapia Pérez, quien ejercía como directora de finanzas del municipio.
