La familia de Jorge Matute Johns, el joven cuya desaparición en noviembre de 1999 y posterior hallazgo sin vida en 2004 conmocionó al país, se presentó en el Congreso Nacional para exigir la detención del rodaje de la serie producida por Netflix y Fábula, basada en su historia.
En caso de que no se suspenda, la familia demanda modificaciones en el guion, incluyendo la alteración de ciertos hechos y la sustitución de los nombres reales por ficticios.
La serie, dirigida por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, es fruto de una investigación periodística encabezada por Rodrigo Fluxá, y cuenta con las actuaciones de Alfredo Castro, Paulina García y Clemente Rodríguez.
Álex Matute, hermano del joven, expresó ante los parlamentarios de la comisión de Cultura de la Cámara su preocupación y rechazo hacia la serie producida por Netflix y Fábula. "Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre ni el mío", manifestó.
Por su parte, María Teresa Johns, madre de Jorge, denunció que no autorizó la realización de la serie. "Lo he dicho de todas las maneras posibles, pero me ha dolido profundamente. En Concepción la gente me llama, he tenido que ir a la clínica por la presión alta, me ha causado alergias, no puedo dormir, he tenido pesadillas. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar, no he podido superar este dolor en los 25 años que pronto cumpliré", relató visiblemente afectada.
"Yo quiero parar esta serie, no quiero que sigan", manifestó María Teresa.
Tras la exposición de la familia, la comisión de Cultura acordó enviar oficio a las instituciones del Estado para revisar si existe financiamiento público; elaborar una declaración rechazando el actuar de Fábula; enviar un oficio al Instituto de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto; solicitar a Sidarte y Chile Actores una opinión; citar a la productora y exigir un pronunciamiento; y finalmente, oficiar al Ministerio del Interior para que entre en vigencia el proyecto extraviados.
La diputada Marisela Santibáñez (Ind.) expresó que "yo soy actriz de profesión, conozco la industria, y la industria es cruel de alguna manera, porque efectivamente la utilización de nombres en historias que se han contado de alguna manera es una cosa legal. Pero acá es una historia que nos remeció a todos los chilenos, una historia que no tuvo un final claro, una historia que tuvo muchas hipótesis, que tuvo muchísimos años, que se cerró sin ningún culpable, sin ningún responsable, y luego se vuelve a abrir".
El presidente de la Comisión de Cultura, Alejandro Bernales (PL), destacó que "hay un tema que es ético" y acusó que no es la primera vez que la productora realiza proyectos audiovisuales sin la autorización de las familias, recordando el caso de Viviana Hegers con la serie 42 días en la oscuridad.
Por su parte, el diputado Jorge Durán (RN) propuso investigar el financiamiento de la serie, planteando que "solicitemos un oficio a todas las instituciones gubernamentales para saber si esta famosa productora ha recibido, de alguna u otra manera, aportes estatales, y ver la posibilidad de fiscalizar y exigir que estos aportes no se sigan entregando y sean restituidos por no estar cumpliendo con lo mínimo de tener la autorización de las familias que están haciendo uso de estos derechos de imagen, y lamentablemente sufriendo y lucrando con el dolor de una familia que lo ha pasado muy mal".
