El Gobierno intensifica las conversaciones luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara el recurso presentado por el Ejecutivo, a través de la Delegación Presidencial Regional (DPR), para aplazar el desalojo de la megatoma del cerro Centinela.
La decisión de la justicia generó una serie de protestas que comenzaron la misma noche del miércoles y se prolongaron durante toda la jornada de ayer.
En ese marco, es que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó que "esta fue una decisión de la Corte, nosotros tenemos que verla y buscar alternativas porque respetamos al Poder Judicial en sus decisiones; sin embargo, queremos buscar alternativas y encontrar un acuerdo que favorezca a las familias que están ahí viviendo".
En ese sentido, el titular de la cartera ratificó que el Ministerio de Vivienda estudia nuevas alternativas jurídicas para poder postergar un desalojo que, en caso de efectuarse, sería el más grande de la historia del país.
A su vez, y lamentando el fallo del Tribunal de Alzada, la seremi de Vivienda, Belén Paredes explicó a El Mercurio de Valparaíso que esta solicitud buscaba generar una temporalidad de un año para continuar con el trabajo de la cartera, que busca que los ocupantes puedan comprar el terreno y luego generar allí proyectos habitacionales.
"El trabajo que ha sido dado a conocer, que es trabajar mediante cooperativas de vivienda, es la organización del territorio para poder generar un proyecto habitacional marcado por las personas que se mantienen en el lugar", precisó Paredes.
Luego del revés judicial, desde la cartera aclararon que el proyecto sigue en pie y que buscarán entablar conversaciones con los propietarios.
"Nosotros ya nos comunicamos con los dirigentes, indicando que el trabajo continúa en ese sentido para poder establecer algún tipo de diálogo con los propietarios del terreno", precisó la seremi, agregando que "lo que a nosotros más nos interesa es poder materializar este trabajo en las cooperativas, formalizarlo, porque de esta manera podemos dar también cuenta de una nueva forma o estrategia de trabajar las ocupaciones en terrenos privados".
Incluso Paredes reconoció que ya han existido acercamientos entre el Ministerio y la Inmobiliaria San Antonio.
"Las últimas conversaciones han sido para presentar esta estrategia que se está abordando con las comunidades", detalló.
En la propuesta, el abogado de los propietarios del predio, Diego Pereira, en diálogo con El Mercurio declaró que "en este momento no adherimos a ella ni la rechazamos de plano porque desconocemos los detalles. No obstante, aseguró que "tenemos plena disposición a reunirnos para que nos expongan el proyecto y analizarlo".
Protestas
Con barricadas la misma noche del 6 de noviembre, cuando se conoció la decisión de la justicia, partieron las manifestaciones. Anoche en sectores de San Antonio y Cartagena se repitieron los bloqueos del tránsito.
Ayer, desde la mañana hasta las 18.00 horas, un centenar de pobladores se apostó en la plaza de la Gobernación, esperando una respuesta de las autoridades de Gobierno para frenar la salida de 3 mil 954 familias que habitan el predio.
En la tarde, representantes de los pobladores se reunieron con la delegada presidencial provincial, Caroline Sireau.
Según consignó El Líder de San Antonio, la representante del Ejecutivo en la zona, explicó sobre el rechazo del "téngase presente" interpuesto el miércoles 30 de octubre, que "esta es una acción judicial que va por un camino independiente de lo que es el proceso que se está llevando a cabo con las familias en torno a buscar una solución definitiva y un acuerdo con los dueños", en relación a la conformación de cooperativas para que los pobladores compren los terrenos.
Sireau dijo que "se están buscando otras acciones judiciales que se puedan volver a presentar, pero no están relacionadas, una no afecta a las otras".
La DPR solicitaba un año o el que estimara conveniente la justicia para aplazar el desalojo, argumentando que el Gobierno está ejecutando acciones para solucionar el conflicto.
