Diversas fueron las reacciones de diputadas y diputados respecto al dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la "confianza legítima" en los funcionarios a contrata del sector público, que, a lo menos, ha sido objeto de críticas por algunos sectores.
Y es que la decisión de la recién ratificada contralora Dorothy Pérez, que implica que los trabajadores, de ser despedidos tras algunas renovaciones de contrato -como por ejemplo después de dos años-, no podrán acudir a la Contraloría y deberán hacerlo a la justicia, significa para algunos un "retroceso" e, incluso, una "vulneración a los derechos", mientras que para otros es "una buena decisión".
El dictamen causó molestia en las organizaciones que representan a trabajadores y funcionarios como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa de trabajadores del sector público.
Desde la ANEF calificaron el criterio como un "retroceso", mientras que desde la CUT y otras organizaciones del sector público dijeron ver con preocupación "cómo se le quita a los trabajadores un beneficio al que podían optar para no ser despedidos despiadadamente", acotando que un cambio de autoridades se puede "volver en una carnicería para los trabajadores y trabajadoras".
En ese mismo sentido se pronunció este fin de semana la diputada Camila Musante, jefa de la bancada Ind-PPD, quien aseguró que dicha determinación "nos parece un retroceso". "Creemos que quedan en una situación de indefensión los funcionarios públicos, evidentemente, y de arbitrariedad que, efectivamente podría generar despidos que respondan a otra cosa que no sea el desempeño y el ajustarse a lo que establece la ley, que respondan a otros intereses, los propios, incluso, del contralor o contralora".
Para evitar aquello, agregó, "nosotros vamos a presentar un proyecto de ley como bancada. Ya lo tenemos más o menos avanzado, esperamos que pueda ingresar esta semana a más tardar, precisamente, porque recogemos las alertas que levantaron los trabajadores de la Contraloría en su calidad de funcionarios públicos. como bancada lo tomamos y ya tenemos un proyecto que se está avanzando y que se va a ingresar a más tardar la próxima semana".
El jefe de la bancada PS, diputado Daniel Melo, aseveró por su parte que el dictamen "nos deja como socialistas con bastante preocupación, ya que esto podría perjudicar la estabilidad de los trabajos en el sector público y precarizar aún más la realidad de muchos trabajadores que se encuentran a contrata, dejando abierta la posibilidad de que existan despidos de forma unilateral y arbitraria, y complicando aún más las instancias a las cuales acudir en caso de que ocurran situaciones de este tipo. Consideramos que es ir en dirección contraria a las necesidades de los trabajadores, debilitando el alcance de la confianza legítima".
Misma apreciación mostró la diputada Lorena Pizarro, jefa de la bancada del PC, quien además expuso que le parece "extremadamente grave lo que ha establecido la nueva contralora general de la República". "Lo que ha hecho ella con esto es dejar a los trabajadores y trabajadoras del sector público a expensas del Gobierno de turno y no garantizar y respetar el derecho al trabajo que tienen quienes llevan por años, además, ejerciendo labor en el aparato estatal".
"Junto con ello, señalar que ya se había establecido jurisprudencia de parte de los tribunales en relación a este tema. El derecho al trabajo debe estar garantizado en un país que se dice democrático y una autoridad como la contralora general de la República que haya hecho esto, recién asumida además, representa una grave vulneración a los derechos de trabajadores y trabajadoras, y beneficia a los gobiernos de turno que mientras menos democráticos estos sean, más en riesgo va a estar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras", añadió.
Una mirada diferente mostraron desde la oposición. El diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada UDI, sostuvo que "en ningún caso con este dictamen de la Contraloría se fragiliza la estabilidad laboral, sólo se viene a regularizar una situación que desde el punto de vista del derecho, siempre tuvo que radicarse en los tribunales ordinarios de justicia. Ahora serán ellos los que tendrán que determinar si ese vínculo laboral puede o no entenderse como un vínculo indefinido".
La jefa de la bancada RN, diputada Ximena Ossandón, advirtió que "es verdad que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista cómo este Gobierno ha usado el empleo público de manera abusiva e inaceptable. Por otra parte, nos gustaría haber visto la misma productividad e indignación de la CUT y la ANEF cuando se conocieron las condiciones en las que falleció el funcionario de la presidencia en La Moneda".
Luis Sánchez, jefe de la bancada del Partido Republicano, en tanto, manifestó que "los chilenos están aburridos de los privilegios que tienen unos pocos. Esos apitutados del Estado y operadores políticos que viven en un mundo aparte, un mundo donde incluso si hacen mal su trabajo no se les puede despedir. La gran mayoría de los chilenos hoy día está sufriendo producto de una economía que está destruida, que ha sido destruida precisamente por este Gobierno, y creo que el nuevo dictamen de la Contraloría hace un poco de justicia. Tiene que haber igualdad en este país, tiene que haber justicia, y eso parte también porque no haya una casta privilegiada como la que existe hoy día en el Estado".
"Los funcionarios públicos honestos que se levantan temprano día a día y que trabajan para el bien común pueden estar tranquilos, porque estas decisiones y estas medidas no van dirigidas hacia ellos, van dirigidas hacia esas personas que se han enquistado en el Estado, que no hacen su trabajo, que siguen viviendo a costillas de todos los chilenos y que abusan del sistema", puntualizó.
El subjefe de la bancada, diputado Cristián Araya, también entregó su opinión en la que destacó que le "alegra que de una vez por todas la Contraloría alce la voz frente al abuso que ha ocurrido en materia contractual frente a muchos operadores políticos. Esperamos que haya una salida masiva de operadores políticos del Estado y de una vez por todas tengamos un Estado más liviano, que no le cargue la mano a los contribuyentes y que haga la pega".
El diputado Stephan Schubert (Ind-Partido Republicano) afirmó a su vez que "para comenzar una conversación sensata respecto al planteamiento de la nueva contralora general de la República, hay que partir por reconocer que los trabajadores a contrata no son funcionarios de planta del Estado, y esto hace que año a año se evalúe la pertinencia de su continuidad. Es una relación laboral que no es estable y que se ha utilizado además, a lo largo de los años, y tanto gobiernos de distintos signos, para dejar en el sistema público a funcionarios que son muchas veces de confianza o que son también en algunos casos operadores políticos".
Por lo tanto, aseveró que "es legítimo que cuando las administraciones cambien entonces tengan la libertad y no hayan quedado amarrados de planta en el Estado, de sacar a aquellas personas que no cumplirían con esta confianza necesaria para continuar en el cargo. Y también permite, lo que siempre debería permitirse, la posibilidad de evaluar el desempeño de las personas que están prestando servicios y determinar entonces su continuidad o no".
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo (PSC), mencionó que le parece "una buena decisión". "En primer término debemos entender que los empleos 'a contrata' son solo por un año y susceptibles de ser renovadas año tras año. No debemos confundir estabilidad laboral con acercamiento en un cargo público. Lo que debemos procurar es establecer mecanismos para que un buen funcionario público, que hace bien su pega, no sea objeto de persecuciones y desvinculaciones por otras razones que no sea su desempeño laboral. No debemos olvidar que el Estado es el peor empleador y no tiene las mismas exigencias que el sector privado, eso es desigualdad ante la ley. El Estado no es una institución de caridad en el necesitamos a las personas más comprometidas y con mejores capacidades".
Finalmente, la diputada Karen Medina (Ind-Comité Demócratas) aseguró que "en estos tiempos, además muy complejos, la decisión de la Contraloría viene a mover el piso no precisamente en beneficio de los trabajadores. Es lamentable, que hoy día se pretenda dejar una responsabilidad que ha sido toda la vida de la Contraloría en la Justicia, que es otro poder del Estado".
"Aquí sabemos que es Contraloría quien dirime las controversias del sistema público. Si faltan herramientas, si faltan argumentos para poder pronunciarse frente o referente a estos temas de contrata y la legítima confianza, creo que es necesario generar esas nuevas herramientas, pero debe ser Contraloría quien se hace cargo de dirimir estas controversias y no los tribunales de justicia", acotó.
Por último, indicó que "no podemos seguir exponiendo a los trabajadores que debieran ser puestos fijos, puestos de planta, puestos que avancen por meritocracia, a generar causas de despido injustificado hoy día y avalar eso. Además, cuando tenemos un Estado que tiene exceso de contrataciones a contrata, al igual que honorarios, cosa que no corresponde. Creo que esa es la línea de la conversación. Cómo buscamos mejoras, cómo generamos espacios de estabilidad, cómo además premiamos el mérito en el sistema público y cómo nos hacemos cargo desde la Contraloría que es el ente que corresponde a dirimir este tipo de diferencias o controversias".
