Esta semana, la diputada Catalina Pérez volvió a verse complicada por el caso Convenios, pese a que hace cuatro meses el Frente Amplio había terminado con el congelamiento de su militancia. Nuevos chats revelados de un informe de la PDI, dieron cuenta de que Pérez habría estado al tanto de las millonarias transferencias y comunicaciones que ocurrieron entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La diputada era pareja de Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, quien hoy se encuentra con arresto domiciliario por el caso y acusado de fraude al fisco. Y pese a que hasta el día de hoy la parlamentaria niega haber estado al tanto de los convenios, las transferencias y todo lo que ocurría, desde el propio Frente Amplio surgieron cuestionamientos por los nuevos antecedentes, y se derivaron al tribunal supremo del partido, con la finalidad de analizar si corresponde iniciar una investigación o cuál será la forma de proceder. La diputada ya estuvo suspendida por un año mientras militaba en Revolución Democrática, y fue descongelada a comienzos de julio de este año. Su causa está cerrada en el partido, pero podría abrirse (y enfrentar una nueva sanción o suspensión en el partido) si es que el tribunal considera que hay antecedentes nuevos o diferentes que lo ameriten, lo que fue consultado a raíz de estos chats.
