Autoridades de Gobierno en la tramitación del presupuesto en la Cámara.
Aton
A las 16:00 horas de hoy, el Senado dará inicio a la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año, en medio de un clima de alta expectación.
La discusión y votación en el Senado se llevará a cabo entre este lunes y el jueves 21 de noviembre. El tercer trámite constitucional y, en caso de ser necesario, una eventual comisión mixta, se realizarán el 25 y 26 de noviembre. Cabe destacar que el proyecto debe despacharse el 29 de noviembre.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa la semana pasada tras intensos debates, especialmente en las partidas de Educación y Salud, que marcaron un punto álgido en las negociaciones. En esta nueva etapa, el Ejecutivo intentará recuperar los fondos recortados en la Cámara Baja, mientras se anticipan nuevos enfrentamientos sobre las prioridades fiscales para el país.
Tras el paso por la Cámara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sacó cuentas alegres: "En general, hemos logrado la aprobación de todas las partidas importantes, no hemos tenido ninguna partida rechazada, y en muchos casos hemos recuperado recursos que se habían rechazado en la Comisión Mixta".
Educación
Sin duda, una de las partidas más polémicas para el Ejecutivo fue la de Educación. En la Cámara de Diputados se rechazaron los recursos destinados a la implementación de 40 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para 2025. La oposición defendió esta decisión, argumentando que se está "frenando" una "mala política pública" que, según ellos, afecta directamente la calidad educativa, y esperan que el Senado respalde sus indicaciones.
Además, se aprobaron dos indicaciones presentadas por la Unión Demócrata Independiente (UDI) que contaron con el respaldo de algunos parlamentarios oficialistas. La primera establece que los estudiantes sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media —como agresiones sexuales, lesiones graves, o el uso, porte y tenencia de armas o artefactos incendiarios— perderán el derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso.
Por otro lado, se aprobó también una indicación que suspende, para 2025, la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), conocido como "la tómbola" por sus detractores. En respuesta a esta medida, el Gobierno hizo una reserva de constitucionalidad, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió que su aprobación podría dejar al sistema educativo sin un mecanismo formal de admisión, dejándolo sujeto al criterio de cada institución.
Salud
Durante la tramitación en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo logró que se repusieran los presupuestos de todos los servicios de salud del país, incluyendo la reintegración de fondos para Fonasa y Atención Primaria.
También se restauraron los recursos para los programas de Prestaciones Institucionales, Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la inversión sectorial en salud, todos ellos previamente rechazados en la Comisión Mixta.
Sin embargo, la Sala rechazó los ítems de transferencias de capital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales al sector privado, que sumaban $317 mil millones, así como las transferencias al gobierno central destinadas a la Dirección General de Concesiones, por un monto de $517 millones.
Para llegar a este escenario, el Ejecutivo suscribió un "protocolo de salud" que aborda diversos elementos, como la atención primaria, las listas de espera, la contratación de médicos, la Ley Ricarte Soto y la formación de especialistas, entre otros. Este acuerdo deberá ser respaldado por el Senado para su efectiva implementación.
Instituto de Derechos Humanos
En la Cámara de Diputados, el Gobierno no repuso los fondos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los cuales habían sido rechazados en la Comisión Especial Mixta. Así, el presupuesto de la entidad pasará a la discusión del Senado con tan solo $1.000.
El ministro de Hacienda explicó que la falta de reposición de los fondos se debió a una "deficiencia en la estructuración de la propuesta", y aseguró que se buscará corregir la situación en el Senado.
Ante este escenario, la directora del INDH, Consuelo Contreras, expresó su "extrema preocupación" y subrayó: "Como Dirección del Instituto, esperamos que esta compleja situación pueda ser revertida la próxima semana en el Senado, para que el INDH pueda continuar con su labor de defensa y protección de los derechos humanos".
Segegob
En relación con la Secretaría General de Gobierno, liderada por la vocera Camila Vallejo, la Cámara de Diputados aprobó indicaciones que reducen los recursos destinados a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y al seguimiento de políticas públicas y gestión institucional.
En particular, se aprobó la reducción de fondos en dos áreas clave: la Secom, cuyo presupuesto se recortó de $542 millones a $250 millones, y el Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, que verá su asignación reducida de $783 millones a $350 millones. Estos recortes podrían impactar, entre otras cosas, la posibilidad de realizar encuestas.
La oposición argumentó que el año pasado ya se habían rechazado $1.000 millones para encuestas, montos que luego fueron repuestos por el Gobierno. Además, cuestionaron la existencia misma de este ministerio, considerándolo innecesario y una fuente de gasto innecesario, al calificarlo como una "grasa que se debe eliminar del Estado" y un "ministerio de propaganda".
Desde el oficialismo, en cambio, lamentaron estas afirmaciones, defendiendo la importancia de los fondos destinados a las organizaciones sociales, que también se incluyen dentro de esta cartera. Así, se subrayó el rol fundamental que cumple esta secretaría en diversas áreas, destacando su trabajo en la promoción y apoyo a las organizaciones sociales.
Ministerio del Interior
En relación al Ministerio del Interior, uno de los puntos más sensibles del debate fue el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia, que experimentó una variación del 0%. El Gobierno justificó esta cifra en la comisión mixta, explicando que se debe a la tramitación paralela de la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, que contempla recursos adicionales.
Sin embargo, la comisión rechazó los gastos variables asociados a esta partida y la Cámara también rechazó la reposición de estos recursos presentado por el Ejecutivo; situación que se deberá resolver en el Senado.
Para muchos legisladores, la inteligencia es clave para abordar desafíos como el terrorismo y la delincuencia organizada, por lo que criticaron que su presupuesto fuera tan bajo y por debajo de los niveles de otros países vecinos.
Asimismo, se aprobó una indicación presentada por la bancada Demócrata, que redujo a $1.000 los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, a propósito del caso Monsalve y un eventual mal uso de estos recursos.
