La discusión sobre la Ley de Presupuesto para 2025 continúa en el Senado. La asignación de recursos al Ministerio del Interior se ha convertido en uno de los temas más complejos para el Ejecutivo. Esto se debe, en primer lugar, a que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, y cualquier monto destinado a enfrentar la crisis resulta insuficiente. En segundo lugar, el caso Monsalve ha afectado negativamente la gestión de la cartera.
En este contexto, la Cámara de Diputados rechazó los fondos destinados a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) durante la votación de la semana pasada. En un principio, el Ejecutivo había propuesto mantener el presupuesto del año anterior, debido a que en la Cámara de Diputados actualmente se tramita un proyecto de ley para fortalecer la ANI, que incluye un aumento de recursos. No obstante, en la búsqueda de generar una discrepancia entre ambas cámaras para que el asunto sea resuelto en una comisión mixta - y evitar que la ANI quede sin los recursos necesarios - el Ministerio de Hacienda se comprometió a asignar más dinero a la ANI con cargo al Tesoro Público, adelantando los montos previstos en la legislación en trámite.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), señaló que "la Agencia Nacional de Inteligencia necesita, para cumplir mínimamente con su tarea, 30 nuevos funcionarios el próximo año, para poder anticiparse al crimen organizado y a posibles actos terroristas cada vez más complejos. Eso es todo".
Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) enfatizó que "no invertir en inteligencia, como propone este presupuesto, es comenzar derrotados frente al crimen organizado. Aquí hay dos opciones: o tenemos prioridades, o claudicamos. Nosotros creemos que es urgente destinar mayores recursos a la Agencia Nacional de Inteligencia".
En este marco, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que fortalecer la ANI "es una prioridad que el Ejecutivo comparte plenamente" y le propuso a los legisladores la siguiente alternativa: "La razón por la cual el Ejecutivo no introdujo mayores modificaciones al presupuesto, sino que propuso una continuidad presupuestaria, es que los recursos adicionales ya están provisionados para financiar ese proyecto en tramitación. Sin embargo, dado que dicho proyecto está suficientemente avanzado y tiene la urgencia correspondiente, estamos dispuestos a hacer lo mismo que hicimos este año en el caso de salud: trasladar recursos del Tesoro Público, destinados originalmente a financiar una reforma legal, para incorporarlos al presupuesto y adelantar el incremento de personal".
Finalmente, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, confirmó que la indicación incrementará el número de funcionarios de 155 a 185, lo que implica la incorporación de las 30 personas comprometidas; lo que fue respaldado de forma unánime por el pleno del Senado.
Senado repone gastos reservados de la subsecretaria del Interior
Asimismo, se aprobó la reposición de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. La semana pasada, la bancada de los diputados del Partido Demócrata propuso reducir dichos gastos a $1.000, en el contexto del caso Monsalve y un eventual mal uso por parte de la ex autoridad.
Sin embargo, el Senado repuso los recursos. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, expresó que "más allá de la coyuntura, nos parece necesario contar con estos recursos para las labores permanentes del ministerio, especialmente en materia de seguridad".
En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) manifestó: "Uno puede tener diferencias políticas sobre determinadas partidas, y en eso podemos estar de acuerdo o en desacuerdo (…) Yo voy a votar a favor de reponer los recursos para el Ministerio del Interior en relación a los gastos reservados. Aquí se está actuando por una cuestión puntual. El día de mañana, el gobierno será de otro signo, y nosotros asumiremos en el próximo periodo. Creo que no podemos ver estos temas de manera casuística, solo por un caso puntual que afecta al gobierno actual. En esto debemos ser responsables. Los gastos reservados siempre han existido precisamente para controlar ciertos gastos que deben ser reservados, y todos los gobiernos los han tenido".
Finalmente, se aprobó la restitución de los recursos con 36 votos a favor, un voto en contra del senador Karim Bianchi (Ind.) y dos abstenciones, de Rojo Edwards (PSC) y Ximena Rincón (Demócratas). Este asunto deberá ser sometido a votación en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados; en caso de no haber acuerdo, se resolverá en una comisión mixta.
Gobierno irá al TC
El Gobierno no solo obtuvo victorias en su paso por el Senado. La Cámara Alta aprobó una indicación que establece que todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular deberá ser aprobado previamente por ambas Cámaras del Congreso Nacional, en una sesión especialmente convocada para ese fin. En dicha sesión, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá fundamentar de manera detallada los motivos que justifican la implementación del proceso.
El ministro Mario Marcel advirtió que esta indicación "determina cómo se van a usar los recursos y, al mismo tiempo, parece adquirir un rango casi constitucional, al establecer que algo que actualmente es una cuestión administrativa pasaría a ser materia de ley, es decir, prácticamente estaría interviniendo sobre el artículo de la Constitución que define qué temas son competencia de la ley".
"Sinceramente, se puede entender la motivación de esta indicación, pero es a todas luces contraria no solo a las facultades que tienen los parlamentarios en materia fiscal y presupuestaria, sino también en términos de regular el proceso legislativo", agregó.
Tras el respaldo del Senado a la moción, el jefe de la billetera fiscal anunció que acudirán al Tribunal Constitucional: "No es por molestar ni porque tengamos un problema con el contenido, sino porque es nuestra obligación hacer respetar la Constitución".
Además, lamentó que "como consecuencia de esto, en relación con la Ley de Presupuestos, la implementación de la ley se verá demorada. Por lo tanto, todos los procesos iniciales para ejecutar el presupuesto se retrasarán. Pero es algo que no podemos dejar de hacer cuando se aprueba una norma evidentemente inconstitucional".
