Durante la jornada del viernes volvió a hacer noticia el nombre del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Daniel Urrutia, porque fue él quien firmó la resolución que autorizó cambiar de recinto penitenciario al exsubsecretario del Interior,
Manuel Monsalve.
Hay que recordar que en las últimas horas la exautoridad -acusado de violación y abuso sexual por parte de una funcionaria de la repartición que él encabezaba- fue trasladada desde la cárcel de Rancagua al anexo Capitán Yáber ubicado en Santiago, luego de recibir amenazas.
La defensa de Monsalve ingresó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones por la intimidación que habría recibido el exsubsecretario por parte de "una mujer" -de acuerdo con el relato de uno de sus abogados, Lino Disi-, "en el contexto de un traspaso por el área de salud". Según ha trascendido, se trata de Antonella Marchant, narcotraficante de Lo Espejo y cabecilla del clan de "Los Marchant".
Ahora bien, fue Gendarmería -dependiente del Ministerio de Justicia- la que ofició al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitando el traslado al penal Yáber, que tiene -principalmente- imputados por delitos económicos.
"A sus antecedentes ORD 7195-2024 por el cual Gendarmería de Chile solicita autorización judicial para trasladas al interno referido al Recinto Especial de Alta Seguridad, anexo Capitán Yáber, fundado en la necesidad de proteger su vida e integridad física (...), se autoriza a Genchi (Gendarmería) el traslado referido", dice una parte de la resolución dictada por el juez Urrutia, según consignó este sábado El Mercurio.
Esta situación provocó cuestionamientos por parte de la oposición. El presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado (RN), por ejemplo, sostuvo que el traslado "demuestra que hay chilenos de primera y chilenos de segunda. A todas luces, lo están tratando con guante blanco".
Desde la misma cartera, la diputada Camila Flores criticó que "seguimos con los privilegios (…) me parece increíble que sigan teniendo un trato especial a Manuel Monsalve. Creo que si el juez en primera instancia había determinado un lugar, se tenía que en ese lugar dar las condiciones para que Manuel Monsalve hubiese permanecido, no estarlo trasladando inmediatamente, sin buscar asegurar el lugar donde él estaba".
De todas maneras, cabe mencionar que quien decretó la prisión preventiva de Monsalve durante esta semana fue el juez Mario Cayul, también del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (y dicha resolución será apelada por la defensa).
Dos meses atrás, el juez Urrutia se vio involucrado en una disputa en el marco del caso de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco -cuando aún no se aprobaba la acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes y por injerencias indebidas en distintos nombramientos de cargos judiciales y públicos-. En concreto, y en medio de las primeras diligencias que se realizaban entonces, el magistrado autorizó realizar una nueva incautación de pruebas en el domicilio de la abogada.
Tras ello, los defensores de Vivanco interpusieron una recusación para inhabilitarlo. Se cuestionó el allanamiento, porque fue avisado por un juez, en su opinión, con "falta de imparcialidad". Entre otros argumentos, Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio, indicaron que, luego del caso Audio, Urrutia se manifestó a las afueras del edificio de la Corte con una pancarta que decía: "No más corrupción en el Poder Judicial".
Pocos días después la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó al juez Urrutia abstenerse "de intervenir en la causa respectiva, mientras no se resuelva este incidente".
En febrero de este año controversia es lo que, al menos, generó otra de sus decisiones, de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad.
En ese entonces, magistrados, parlamentarios y el mismo Gobierno apuntó a que era algo "inexplicable", conociendo, incluso, sus argumentos.
Urrutia citó en aquella oportunidad, y para fundamentar su resolución, normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares".
"El ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento", expuso.
En julio de este año, su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julio Arbizu, reconoció a El Mercurio que "hay 18 sumarios abiertos en su contra (de Urrutia) en el Poder Judicial desde hace más de 20 años, por razones de decisiones jurisdiccionales".
"Una de las últimas polémicas ocurrió en enero pasado, cuando permitió videollamadas a un grupo de internos relacionados con el crimen organizado y donde se le cuestiona haberse 'atribuido facultades que no le correspondían', y que eran internos cuyas causas se tramitaban en otros tribunales (...) Tras un reclamo de Gendarmería, la Corte de Santiago revirtió su decisión y abrió un sumario en su contra", afirmó.
Otros casos
Antes de aquello, Urrutia debió dejar en manos de otro magistrado la audiencia de preparación del juicio oral contra el exsargento de Carabineros Sebastián Zamora, luego que parte de la defensa lo recusara por "falta de imparcialidad" ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
"Es de público conocimiento que el magistrado señor Urrutia Laubreaux es un usuario activo de la red social Twitter y, además, ha enfrentado diversos sumarios administrativos respecto a sus actuaciones ministeriales y opiniones permanentes, tanto en sus resoluciones judiciales como usuario de la mencionada plataforma", decía el documento en aquel entonces.
Para el plebiscito de salida de septiembre de 2022, el magistrado se manifestó en su cuenta de X (antes Twitter), en más de una ocasión en favor de la opción Apruebo. "¡Buenos días a todes! Hoy es un hermoso día para leer la nueva constitución, discutirla y echarle ganas para aprobar el 4 de septiembre. ¡Querides fuerza para hoy! ¡No se me achicopalen!", escribió el 13 de julio de ese año.
"Dignidad ni más ni menos, en septiembre aprobamos". "Tiempos acelerados, lleno de esperanzas, miedos, mentiras y verdades, estamos en la campaña más importante de la joven historia de Chile, aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, vamos sembrando y desalambrando, el 4 de septiembre aprobamos por un nuevo Chile más justo", comentó días antes, el 8 de julio de 2022.
Ello implicó que en agosto del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago abriera un sumario en su contra, por eventuales faltas a la "necesaria prescindencia política", que para los miembros del Poder Judicial exigen las normas que regulan esta materia.
A ello se suma que el 25 de marzo de 2020, él resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva -dirigida a 13 imputados de la llamada "primera línea" por delitos cometidos tras el estallido social-, por la de arresto domiciliario total.
Tras ello, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió y revocó la resolución. Volvió a ordenar la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados en la causa. Sin embargo, eso provocó que se abriera un sumario en su contra y se le suspendiera de sus funciones. Tras eso, fue trasladado de la sede penal, aunque el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado, permitiéndole regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
