Sala de la Cámara de Diputados.
Aton
Después de una serie de controversias, la Cámara de Diputados votará hoy el proyecto que busca endurecer la actual Ley de Migraciones.
La atención se centrará especialmente en cómo se posicionarán los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, ya que la iniciativa propone medidas más restrictivas que la legislación vigente, lo que ha generado diferencias dentro del oficialismo.
Aunque el Ejecutivo espera contar con el respaldo de toda la coalición oficialista, se anticipa que algunos parlamentarios podrían abstenerse o incluso rechazar ciertos artículos del proyecto.
El debate está programado para el segundo punto de la jornada legislativa de hoy. Si el proyecto es aprobado, continuará su tramitación en el Senado.
La polémica se intensificó la semana pasada, cuando el Presidente Gabriel Boric decidió retirar la urgencia al proyecto, lo que retrasó la discusión en el pleno, que había comenzado el 6 de noviembre. En ese momento, quedaban solo nueve intervenciones antes de iniciar la votación.
Esta decisión provocó una ola de críticas desde la oposición y, también desde algunos sectores del Socialismo Democrático, que acusaron al Frente Amplio de frenar la tramitación y exigieron la reposición de la urgencia.
En medio de las críticas, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno había decidido restablecer la urgencia al proyecto, con el objetivo de que la votación se realice esta semana.
El proyecto de ley incluye varias medidas clave, entre las que destacan la ampliación de las causales de expulsión por delitos graves como violencia intrafamiliar, violación, explotación sexual, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, tráfico de personas, entre otros; el aumento de las sanciones para los transportistas que trasladen a personas en situación irregular desde las fronteras; la elevación de las penas para quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes; y la revocación de permisos de residencia para quienes cometan faltas reiteradas que alteren el orden público, como riñas, ruidos molestos o ventas ilegales.
Uno de los puntos más polémicos es la preferencia de cupos en el sistema de salud y educación para migrantes y ciudadanos nacionales. Además, se ampliarán las causales de expulsión para los extranjeros titulares de permanencia transitoria que hayan cometido delitos en el extranjero o que enfrenten procesos judiciales pendientes en sus países de origen.
Otro aspecto relevante del proyecto es la propuesta de un procedimiento administrativo que permita ejecutar la expulsión de migrantes determinada por la Subsecretaría del Interior, incluso cuando exista un proceso judicial pendiente en el extranjero.
