Una diferencia entre el Gobierno y los trabajadores del Estado se hizo patente este jueves en que los funcionarios públicos convocaron a una paralización nacional,
motivada principalmente por el nuevo criterio sobre confianza legítima que estableció la contralora, Dorothy Pérez.
Bajo la conducción de la nueva titular, la CGR emitió se pronunció sobre la "confianza legítima", que es la idea de que un trabajador público se mantendrá en el cargo si su contrato es renovado por más de dos años. El órgano señaló que cualquier discusión debe quedar en manos de los tribunales de justicia y que la institución debe abstenerse. Vale decir, los funcionarios no podrán reclamar a Contraloría.
Ante los reclamos del mundo sindical, el Gobierno destacó que la decisión es de una entidad autónoma del Estado, dando a entender que no asumirá un rol en la controversia. No obstante, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, que lideró la movilización de hoy con el titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, emplazó al Ejecutivo.
"Llamamos al Gobierno a legislar en esta materia, que también se defina y nos mande señales. Creo que la ministra de Trabajo, siendo exdirigente sindical con una carrera política importante que valoramos, tiene que tener sintonía y pronunciarse a favor de sus trabajadores y trabajadoras públicas. Es nuestra representante en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social", sostuvo.
Otros ejes de la movilización, explicó, es la falta de certeza respecto diversos compromisos del Ejecutivo, como la Ley de 40 Horas, la seguridad de los funcionarios, el teletrabajo y el incentivo al retiro.
De hecho, en la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales que la CUT elaboró para la negociación colectiva del sector público, incorpora una mesa por 40 Horas.
En ese acápite expone que "las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público vienen a representar y reclamar la falta proactividad del Ejecutivo para cumplir este compromiso central del Programa de Gobierno" y llama a "ratificar los compromisos suscritos en la materia y fijar una agenda de trabajo que permita resolver los formatos de implementación y presentar, al Congreso Nacional, todos los Proyectos de Ley que implementen los acuerdos que se alcancen, a más tardar al mes de mayo de 2025".
Esta molestia lleva tiempo en la multigremial. En la movilización que la CUT y la ANEF lideraron por la muerte del trabajador que se desempeñaba como gasfíter en La Moneda, Acuña acusó que "hoy día el Estado todavía ni siquiera ha sentado las bases para tener 40 Horas, ni siquiera ha sentado las bases para tener hoy día realmente un trabajo decente, de cómo se implementan las normativas laborales que ellos mismos están llevando, incluso como la ley Karin, tenemos denuncias de ministerios donde también hoy día se vulneran a dirigentes trabajadoras, eso no puede pasar en el Estado".
Con todo, en el Ejecutivo han dicho desconocer los motivos de la paralización de este jueves. Este martes, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, señaló que "este viernes nos vamos a reunir nuevamente ambos ministros, el ministro Marcel y yo, con los trabajadores públicos para iniciar formalmente la negociación". Por ello, consideró que "la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir".
Hoy, el titular de Hacienda, Mario Marcel, se plegó a lo sostenido. "Es difícil de entender". "Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones. Desgraciadamente, en el sector público eso no está regulado, pero igual es como de sentido común que es en esas circunstancias en las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores", indicó a Radio ADN.
Más tarde en La Moneda, el jefe de la billetera fiscal fue nuevamente requerido por la paralización. "Es un paro que se plantea en protesta a expresiones de parlamentarios, entiendo yo, de oposición, es un paro que afecta a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que es difícil de entender".
Con ello, el ministro aludió a los dichos de la oposición, relativos a que van a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores que piden un alza real de 3% y 7,5% nominal. No obstante, este es uno de los factores por los que los trabajadores del Estado levantaron la paralización.
