Opiniones encontradas generó la propuesta del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes sobre destinar parte de los recursos provenientes del royalty minero a fortalecer la seguridad en las comunas de Chile, como parte de un esfuerzo nacional contra la delincuencia.
El dirigente gremial, cuyo padre de 91 años sufrió recientemente una violenta encerrona, extendió la idea hoy en Radio Universo. "¿P
or qué los gobernadores o las gobernadoras, ahora que tienen que asumir los nuevos, no destinan parte de los recursos del royalty minero al tema de seguridad en cada una de las comunas del país con mecanismos tecnológicos, pero que además estén interconectados entre los distintos gobiernos regionales? Así tenemos a todo un país conectado tal cual pasa, por ejemplo, en España", inquirió.
La idea concitó reacciones en el Congreso Nacional, donde la agenda de seguridad ha sido la prioridad de los últimos años.
El diputado de la UDI, Henry Leal, sostuvo que "un país y un Gobierno tiene que priorizar sus recursos de la mejor manera que favorezca a sus ciudadanos. Si hoy día el principal problema que tiene Chile es la inseguridad, me parece absolutamente pertinente y necesario que, si hay recursos que están ingresando al país por este concepto del royalty, me parece no solamente necesario, útil, una obligación de parte del Ejecutivo de destinarlo al principal problema de los chilenos, al menos una parte de él".
"Sin duda que tener más recursos para enfrentar la inseguridad es vital, pero en base a una estrategia que analice y evalúe resultados, porque sin esto, los recursos pueden ser muchos pero el gasto ineficiente, como lo hemos visto a propósito de lo que ocurre en el país".
Andrés Longton
En esa línea, afirmó que "
respaldo plenamente esta propuesta. Creo que el Presidente no se debe equivocar, él se debe primero a su pueblo, a los chilenos, y el principal deber y responsabilidad de un gobernante es brindarle seguridad a sus ciudadanos".
A su vez, el diputado de RN, Andrés Longton, reconoció que "sin duda que tener más recursos para enfrentar la inseguridad es vital", pero acotó que "en base a una estrategia que analice y evalúe resultados, porque sin esto, los recursos pueden ser muchos pero el gasto ineficiente, como lo hemos visto a propósito de lo que ocurre en el país".
"El incremento de mayores recursos durante este Gobierno no ha significado menos delincuencia, sino que todo lo contrario, está se ha profundizado. El plan Calles Sin Violencia es el fiel reflejo de ello", adicionó.
Al respecto, la diputada Marlene Pérez (UDI), expresó que "la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, por eso valoro enormemente la propuesta de Ricardo Mewes, sobre destinar recursos del royalty minero a combatir la delincuencia. Es un esfuerzo válido que destaca la importancia de trabajar en conjunto con todos los sectores. Todas las iniciativas son bienvenidas, pero deben ser articuladas desde una estrategia estatal sólida y eficiente".
Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, advirtió que "el royalty minero no debe convertirse en una bolsa sin fondo ni ser malgastado en fines ajenos a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Hoy, la seguridad es la prioridad número uno para las familias chilenas, y todos los municipios deberían destinar estos recursos exclusivamente a fortalecerla".
Ahora bien, reparó que "no se trata solo de dinero. El verdadero problema en Chile está en la falta de voluntad para hacer lo que la Constitución exige: garantizar la seguridad. Se necesitan decisiones firmes y coraje para enfrentar los desafíos de seguridad de manera efectiva".
"Estos recursos se pueden destinar a seguridad en materia de prevención social y situacional, no sólo recuperando espacios públicos, sino también estableciendo medidas de control, como bien plantea Ricardo Mewes".
Raúl Leiva
"Por nuestra parte
, estamos comprometidos con el buen uso de los recursos, pero aún más con que se utilicen todas las herramientas ya disponibles para combatir el crimen", añadió y acotó que "más que un acuerdo nacional lleno de discursos, lo que Chile necesita es acción, liderazgo y determinación. Las familias no pueden esperar más."
Su correligionaria, la diputada Catalina del Real, consideró que "este tipo de ideas enriquecen la discusión y demuestran que todos debemos aportar soluciones. No obstante, el rol central debe recaer en el Estado, que tiene el mandato constitucional de garantizar la seguridad pública de manera equitativa en todo el territorio, eso no lo podemos olvidar".
En esa línea, el diputado del PSC, Roberto Arroyo, relevó que "todas las propuestas suman en este gran desafío que es enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado en forma severa. Sin embargo, es fundamental recordar que la seguridad es un derecho garantizado por el Estado".
Por tanto, adujo que "la coordinación público-privada es clave, pero siempre dentro de un marco en el que el Gobierno lidere y dé respuestas claras a las demandas de protección ciudadana. Concuerdo también en que debe haber una articulación y coordinación a nivel nacional, regional y local, sumando tecnología de punta a esta batalla en contra de la delincuencia".
Oficialismo
Sobre al idea del líder de la CPC opinó el diputado del PS, Raúl Leiva. "Atendida la crisis de seguridad, es necesario disponibilizar recursos para poder invertir en políticas públicas de mediano y largo plazo en materia de seguridad. De eso se ha hecho cargo de manera continua y ascendente la ley de presupuesto del Gobierno del Presidente Boric, que en tres años va a aumentar más de un 15% ya la inversión en materia de seguridad", partió formulando.
En lo que dice relación con el royalty minero, Leiva relevó que "este impuesto específico genera tres fondos, uno para comunas mineras, otro para productividad y desarrollo a nivel regional, y un tercer fondo fundamental, que es el de equidad territorial, que va a más de 300 comunas, en donde estos recursos se pueden destinar a seguridad en materia de prevención social y situacional, no sólo recuperando espacios públicos, sino también estableciendo medidas de control, como bien plantea Ricardo Mewes, que permitan coordinar y sistematizar los esfuerzos en materia de seguridad y también en monitoreo de cámaras de televigilancia".
"Un claro ejemplo de ello es el proyecto SITIA, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que lo que hace es unificar recursos, no sólo del Estado, sino que también de privados, para mediante inteligencia artificial poder monitorear eventos en materia de seguridad", remató.
Mientras, el diputado de la bancada PPD Independientes, Jaime Araya, dijo estar "100% de acuerdo", con la idea de Mewes. "La principal urgencia es financiar el conjunto de medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, donde deben estar incluidas las mejoras y fortalecimiento de las policías, Gendarmería y Ministerio Publico, para acelerar la puesta en marcha de nuevas iniciativas, y dichos recursos frescos, pueden ser aportados transitoriamente por dineros provenientes del Royalty a la minería, en tanto no se logre otra fuente de financiamiento permanente".
