Las Isapres vuelven a ser un dolor de cabeza para el Gobierno. El plazo que contempló la denominada ley corta de 13 años para que las aseguradoras restituyeran los montos adeudados a los usuarios, derivó a una controversia que encendió los dimes y diretes entre el Ejecutivo y el Congreso.
Todo porque trascendieron los ínfimos montos mensuales calculados por las Isapres. El margen máximo contemplado en la ley permite que estas dividan su obligación hasta en 156 cuotas, lo que derivó a sumas menores a $1.000 cada mes y de hasta $659 para las personas.
En el Ejecutivo han aquilatado la indignación de la ciudadanía y hecho un control de daños para evitar abrir un flanco. El Ministerio de Salud difundió una minuta para los parlamentarios oficialistas, defendiendo la ley corta.
"Responsablemente el Gobierno y el Congreso buscaron una fórmula para que la deuda se pague en un plazo menor a 2 años para los mayores de 80 años y menor a 5 años para los mayores de 65 años, que son quienes tienen montos de devolución más altos".
En ese sentido, indicaron que "se comprende la molestia de quienes recibieron más de 150 cuotas por montos muy bajos, lo que responde a que la deuda es más baja en las personas menores de 65 años, y que la
definición fue dar prioridad a la devolución a las personas mayores". Ahora bien, relevaron que "la ley corta permite a las Isapre a pagar la deuda de forma inmediata (Pronto-Pago), opción que no fue recogida por toda la industria".
Este martes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que "la tramitación de la ley corta fue un proceso complejo en la que hubo que revisar distintos elementos. La propuesta del Ejecutivo inicialmente era sin plazo y producto, justamente a raíz de la discusión del proyecto y de lo que significaba la gran cantidad, la multa, o sea, los cobros en exceso que tenían que devolver la Isapres, se llegó a una fórmula en la que se priorizó el pago hacia las personas de mayor edad".
Con todo, acotó que "las Isapres tiene toda la posibilidad de ofrecer menos plazos porque, de hecho, ellos no pueden retirar utilidades mientras no paguen la última cuota".
Pero pese a los intentos del Gobierno de contener las críticas, en el Congreso detonaron las recriminaciones y sindicaron al Ejecutivo como uno de los principales responsables.
En el propio oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que "todos los planes de devolución fueron aprobados por la Superintendencia (de Salud) y por el consejo consultivo propuesto por el Gobierno. Aquí nadie se puede lavar las manos de que no supieron y que cómo es posible. Aquí hay responsabilidades directas".
En tanto, el senador Javier Macaya (UDI) acusó que "lo que hace la izquierda es del manual del populismo, es con la retórica de la lucha de clases, de defensa de los poderosos, responsabilizar a otros de sus propios errores, de sus malas ideas".
"Hay que recordar que en el programa de Gobierno del actual Presidente de la República de Gabriel Boric se establecía el fin de la Isapre y ellos aprovecharon un fallo cuestionado de la tercera sala de la Corte Suprema para buscar esto, para conseguir su objetivo y hoy día tratan de responsabilizar a una oposición que planteó distintas alternativas", agregó.
Dicho eso, aseveró que "el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, efectivamente subieron las expectativas como lo dijo el propio ministro Mario Marcel, pero eso fue un error que cometieron ellos y fue y hoy día las consecuencias evidentemente las generaron ellos".
En ese contexto, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, pasó a la ofensiva con la oposición. "Los senadores de Chile Vamos y Demócratas en la Comisión Mixta, solicitaron ampliar el plazo, cuestión que no era nuestra propuesta. Ustedes saben que la propuesta del Ejecutivo era distinta, sin embargo existía la necesidad de llegar a acuerdo y contar con los votos para resolver el conflicto", sostuvo este martes.
Ahondando en ese punto, la portavoz del Ejecutivo apuntó que la extensión del plazo y la mutualización fueron propuestas "impulsadas, sostenidas y puestas como condición incluso de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas" y descartó que el Gobierno busque "lavarse las manos" en la contoversia. "Lo que pasa es que nosotros no tenemos las mayorías parlamentarias, entonces para poder sacar un proyecto de ley necesitamos de los votos también de Chile Vamos".
