En total son once instituciones de educación superior del país las que atraviesan por una compleja crisis económica y que corren el riesgo de sus cierres pese a la implementación de medidas para sopesar el complejo escenario financiero.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó hace unos días el cierre de la Universidad de La Frontera (UFRO), la cual notificó la desvinculación de 298 personas por la grave crisis que atraviesa el establecimiento estatal de la Región de La Araucanía.
En concreto, su deuda total ascendería a los
$38 mil millones por pagos a proveedores y sueldos de prestadores de servicio. Pese a esto, el ministro Cataldo mencionó que
"No hay ninguna posibilidad que la Universidad de la Frontera cierre. Eso no está en los análisis ni en las predicciones de nadie". Además, aseguró que reconoce que la situación financiera de la casa de estudios es crítica, pero que se está realizando un proceso de ajustes, el cual se sabía que contemplaba la
reducción del personal.
"No hay ninguna posibilidad que la Universidad de la Frontera cierre. Eso no está en los análisis ni en las predicciones de nadie (...). La Superintendencia de Educación Superior se ha preocupado de estar acompañando, dimensionando e identificando también las causas de esta situación financiera que es crítica, que por cierto, se reconoce".
Nicolás Cataldo, ministro de Educación
La
Universidad de Magallanes (UMAG) también informó la semana pasada que por su situación financiera decidieron no renovar el contrato de 36 funcionarios de la casa de estudios. "Esta decisión ha sido muy difícil, pero responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de Magallanes en un escenario que afecta a todo el sistema de educación superior, en especial, a las universidades estatales de regiones", explicaron en un comunicado.
Lo anterior también forma parte del plan de acción que informó la UMAG en julio de este año, donde se decidió quitar los permisos sabáticos de funcionarios y reducir en un 20% los honorarios.
Esta semana fue el turno de la Universidad de Antofagasta, la cual debió despedir a 223 docentes de la Planta de Académicos no Regulares para el período 2025. Lo anterior llevó a que los estudiantes realizaran una toma de las instalaciones de la casa de estudios en el Campus Coloso y la Área Clínica.
Desde la administración de la universidad señalaron que esta medida aseguraría la sostenibilidad financiera, ya que la deuda de la institución alcanza los
$28 mil millones.
La crisis financiera también afecta a universidad no estatales. En abril de este año la Universidad Austral (UACh), que forma parte de la Red Universitaria G9 que contempla universidades públicas pero no estatales, anunció que en 2024 se proyectaban despidos de entre 200 a 300 funcionarios de la casa de estudios, los cuales se espera que se notifiquen a fin de año.
Otra universidad, pero privada, que ha pasado por un complejo escenario financiero es la Universidad Alberto Hurtado (UAH). El pasado 18 de julio se anunció la desvinculación de 55 trabajadores. El rector de la institución, Cristián del Campo, señaló a través de una carta que la razón se debía a que "el sistema de educación superior enfrenta desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad y son primera generación en sus familias de acceder a la educación superior".
¿Crisis financiera por la gratuidad?
Tras las declaraciones del rector de la UAH, se abrió un nuevo debate sobre si la gratuidad sería una de las causas directas de la crisis financiera que atraviesan once universidades del país.
En este sentido, el exsubsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, mencionó que "la principal causa que lleva a una situación compleja desde el punto de vista financiero es un problema de gestión, porque en términos generales, si revisas los ingresos que tienen estas instituciones, los cuales provienen no solamente por los aranceles que provee la gratuidad, sino también por una serie de otros ingresos que el Estado les entrega directamente, puedes concluir que sus ingresos son suficientes como para tener una situación relativamente holgada", según consignó El Mercurio.
"La gratuidad es un porcentaje muy relevante de los ingresos. Puede ser que una razón que explique una situación financiera más compleja esté relacionada con la gratuidad, que ha implicado en términos prácticos un menor aporte a estas instituciones", mencionó el exsubsecretario Vargas.
"La gratuidad es un porcentaje muy relevante de los ingresos. Puede ser que una razón que explique una situación financiera más compleja esté relacionada con la gratuidad, que ha implicado en términos prácticos un menor aporte a estas instituciones".
Juan Eduardo Vargas, exsubsecretario de Educación Superior en El Mercurio
En esta línea, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que
"la fijación de aranceles que sirve de sustento a la política de gratuidad implica déficits que para algunas instituciones son muy difíciles de abordar. Dicha realidad se advirtió en su momento y debe ser considerada para el debate actual del proyecto de Financiamiento a la Educación Superior (FES, que reemplazará al CAE), que no hace más que acelerar las mismas dificultades para todo el sistema", mencionó en conversación con El Mercurio.
"Sería muy extraño echarle la culpa a la gratuidad"
Esta jornada el ministro Cataldo abordó la compleja situación financiera que atraviesan once establecimientos del país.
Ante la idea de que la estrechez financiera de las instituciones se debe a la implementación de la gratuidad, el jefe de la cartera aseguró que "no es la regulación arancelaria lo que ha generado problemas de financiamiento en estas instituciones. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Frontera hay un desorden administrativo y financiero por malas decisiones", señaló Cataldo en Radio Pauta.
Según el informe financiero elaborado por la Superintendencia de Educación Superior, el ministro declaró que "la gratuidad no es algo que movido ni para mejor ni para peor la situación económica de las instituciones. Sería muy extraño echarle la culpa a la gratuidad".
Según la segunda versión del Informe sobre Salud Financiera del Sistema de Educación Superior en Chile realizado por la Superintendencia de Educación Superior, "el número de instituciones de educación superior clasificadas en el perfil de riesgo alto fueron 25, mientras que el año pasado ese registro aumentó a 28. No obstante, el número de estudiantes matriculados en este grupo de planteles bajó de 59.605 a 59.069". Esta cifra corresponde a un 4,6% del total de matriculaciones en instituciones universitarias en Chile, los cuales se verían afectados en caso de que los establecimientos cierren sus puertas por la crisis financiera.
Consultado esta mañana sobre el posible cierre de las universidades, el ministro de Educación no lo descartó: "Esto puede terminar en un cierre eventual, pero la ley contempla que los estudiantes que ahí están deben ser reubicados para que terminen sus procesos educativos", afirmó a Radio Pauta.
