El Congreso Nacional aprobó la "Ley Antiterrorista" tras más de un año de tramitación, convirtiéndose en una de las principales iniciativas legales de la agenda de seguridad que el Ejecutivo priorizó junto al Parlamento.
Este proyecto, que aún debe ser revisado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación por el Presidente Gabriel Boric, establece que ya no será necesario demostrar exclusivamente el ánimo terrorista —como lo exige la legislación actual— sino que se contemplarán otros elementos adicionales como prueba.
Además, se permitirá perseguir y sancionar a los integrantes de una "asociación terrorista" solo por el hecho de pertenecer a ella. Las penas varían entre 5 años y un día, hasta 15 años. Si los miembros de la asociación cometen otros delitos, las penas se acumularán.
Catálogo de delitos
Entre los fines de la asociación terrorista está cometer los siguientes delitos: Secuestro o sustracción de niños, niñas y adolescentes, homicidios, lesiones, incendios o destrucción con riesgo para las personas, ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios, así como con armas químicas o biológicas. También se incluyen la propagación de elementos peligrosos para la salud, delitos de peligro nuclear y delitos informáticos.
Según la legislación, el objetivo de estos actos es socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, lo que podría producir pérdidas de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir decisiones de una autoridad; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella; e infundir temor generalizado en la ciudadanía.
Lobo solitario
Asimismo, la nueva legislación sancionará los casos de terrorismo individual, también conocido como "lobo solitario". En particular, se considerará un delito terrorista cualquiera de los crímenes mencionados si se cometen en concordancia con los fines de una asociación terrorista.
La ley también penaliza a quienes colaboren con las asociaciones terroristas, así como a quienes financien o recojan fondos para estas organizaciones sin ser parte de ellas. Igualmente, se sancionará a quienes financien la comisión de delitos terroristas individuales.
Interceptación
Finalmente, la legislación permitirá el uso de técnicas especiales de investigación para delitos terroristas, tales como la interceptación de comunicaciones, el registro de equipos informáticos, la captación subrepticia de imágenes o sonidos, el uso de agentes encubiertos, informantes y reveladores, y las entregas vigiladas.
En cuanto a la interceptación de comunicaciones, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la implementación del sistema Imsi Catcher, pese al rechazo de los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Este sistema, que el Gobierno considera "adecuado", permitirá interceptar metadatos de un amplio rango, no solo de los teléfonos de los investigados. La herramienta se utilizará en delitos terroristas, así como en aquellos relacionados con la ley de drogas y la ley de armas.
Sombra del TC
La ministra Tohá aclaró que, según la legislación, "no se van a poder conocer los datos, las conversaciones, el contenido de los mensajes, nada de eso. Solamente se va a poder identificar la presencia de un dispositivo en un lugar donde hay una investigación de interés y del teléfono que está ligado a ese dispositivo".
Por otro lado, parlamentarios del Partido Comunista advirtieron que este sistema podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Frente a esta advertencia, Tohá respondió que “esta ley, por la temática que tiene, va a tener un control constitucional de todas maneras; será revisada en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Que hayan planteamientos de parlamentarios que ponen el acento en un punto en particular, es parte de las competencias que tienen. No hay que espantarse por seguir los rumbos que la institución tiene previsto”.
