El proceso de empadronamiento biométrico comenzó en julio de 2023 y se extendió hasta febrero de este año.
Aton / Archivo.
Esta semana, el Gobierno anunció que está estudiando un
proceso de regularización acotada para aquellos migrantes que se sometieron al proceso de empadronamiento en el país. Esto, aludiendo a razones de seguridad y económicas.
De acuerdo a lo que explicó el
subsecretario del Interior, Luis Cordero, "esas personas participaron de buena fe en ese proceso (de empadronamiento), son antecedentes de los cuales disponemos, hay un conjunto de evidencia disponible que da cuenta de
cuál es el perfil de esas personas, en qué situación se encuentran".
El proceso de empadronamiento biométrico se inició en julio de 2023 y se extendió hasta fin de ese año. Uno de los requisitos, es que quienes se acercaran voluntariamente a empadronarse, presentaran su autodenuncia de ingreso clandestino ante la PDI -con fecha máxima al 30 de junio de ese año- y se hayan inscrito en la plataforma digital del proceso.
De hecho, al ser consultado por si se regularizará a personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, Cordero planteó que "en el caso del empadronamiento, hay personas que están identificadas por ingresos no regulares".
El registro incluyó fotografía frontal de rostro y toma de huellas dactilares. De ahí que Cordero apuntara a que se conocen el perfil de las personas, que llegaron a conformar un universo de 182 mil empadronados.
Con este proceso, de acuerdo a Cordero, "el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. La única manera de poder encauzar razonablemente bien y colaborar a afirmar sus vidas".
Las otras dimensiones de la iniciativa
Según la información a la que accedió Emol, en el Ejecutivo ya han fijado algunos criterios que darán forma a la iniciativa, de la mano de una suerte de caracterización del proceso de empadronamiento voluntario.
Por ejemplo, se detalla que la mayor parte de personas que se empadronaron llevan más de cinco años en Chile -cerca de un 80% ya tiene arraigo con el país-, con hijos escolarizados, por ejemplo, y que más de la mitad de ellos ingresó durante el gobierno anterior.
Entre los criterios que se fijarán, está que las personas que se regularicen
no tengan antecedentes penales ni policiales, ni en su país de origen ni en Chile. En el caso de Venezuela, los antecedentes se solicitarán online de acuerdo a la base de datos que dispone la policía, por lo que no haría falta el funcionamiento del consulado venezolano en Chile.
Además, se concentrará el beneficio en quienes puedan demostrar que tienen arraigo laboral -mecanismo que se dará a conocer más adelante- o quienes tengan un vínculo con un chileno o chilena, o con un residente definitivo en el país.
Estos elementos, señalan fuentes conocedoras, darían cuenta de un elevado estándar de seguridad -a diferencia de los procesos de regularización anteriores- y que además, permitirían que las personas que se regularicen sean personas con cédula de identidad, lo que facilita la trazabilidad. Según comentan, se trata de una buena decisión de política pública sostenible.
Además, los regularizados podrán acceder a un contrato de arriendo, o aquellas que están trabajando, tengan su contrato formal. De paso, al estar en norma, pagarán impuestos.
¿Efecto llamado?
La propuesta ya ha abierto una serie de críticas, especialmente desde la oposición, desde donde afirman que el proceso podría constituir una suerte de "efecto llamado" para que lleguen más personas al país, incluyendo aquellas que atraviesan pasos irregulares.
Ayer, Cordero descartó tal situación en medio de proceso de regularización de migrantes empadronados, puesto que "no hay evidencia".
"Invito a la lectura del informe del Banco Interamericano y del Banco Mundial, no hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados regularización signifiquen efectos llamados", sostuvo, junto con añadir que en realidad, lo que se produce, "es el efecto contrario".
Conocedores de la iniciativa también descartan el "efecto llamado", y entre varias razones, porque esta iniciativa no está abierta hacia el futuro ni a quienes lleguen, sino que está orientada a quienes ya se empadronaron y autodenunciaron.
