Una serie de cuestionamientos ha abierto la iniciativa de regularización acotada que esta semana anunció el Gobierno. Se trata de un proceso que contempla que cerca de
182 mil personas que se autodenunciaron y empadronaron hasta febrero de este año, puedan acceder a una situación regular en el país.
De acuerdo a lo que ha explicado el subsecretario del Interior, Luis Cordero, este proceso permitirá que el Estado pueda "cumplir con el compromiso que adquirió las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. La única manera de poder encauzar razonablemente bien y colaborar a afirmar sus vidas".
Según conoció Emol, hay algunos criterios que ya se han fijado para dar forma a la iniciativa en la que aún se está trabajando. Una de ellas, apunta a la caracterización de los empadronados, los que en un 80% serían personas que ya tienen arraigo en el país -con hijos escolarizados, o un trabajo- y que viven hace cinco años en Chile.
Por otra parte, se establecerá que las personas que accedan a la regularización no tengan antecedentes penales, ni en Chile, ni en su país de origen. El beneficio, además, se concentrará en quienes puedan demostrar que tienen arraigo laboral o un vínculo con algún residente definitivo en el país.
No obstante, una de las críticas que más se ha replicado tiene que ver con el eventual "efecto llamado" que este proceso podría abrir, situación que ha sido descartada de forma tajante por varios personeros del Ejecutivo.
En conversación con Emol, expertos en materia migratoria revisan los "pros y contras" de la medida, y abordan el eventual "efecto llamado" que ha puesto en el debate, principalmente, la oposición.
Medida "apropiada" y disminución de informalidad
Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, sostiene que la medida que impulsa el Ejecutivo resulta "apropiada", considerando el contexto regional migratorio, "donde se producen altas tasas de migración forzada y donde las vías regulares para el ingreso, de acuerdo a nuestro propio sistema de visado, no es suficiente".
Entre los beneficios que podría traer una medida de regularización, Vargas destaca que "trae regularidad laboral, mejores trabajos y con ello, para quienes son padres y madres, una mayor capacidad para poder tener y criar a sus hijos en las mejores condiciones".
"(...) Trae regularidad laboral, mejores trabajos y con ello, para quienes son padres y madres, una mayor capacidad para poder tener y criar a sus hijos en las mejores condiciones".
Francisca Vargas, directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP
"Se trata de una medida favorable para las personas extranjeras y también para los chilenos y chilenas, porque son personas que ya están acá, que merecen un trato digno, justo y acorde a los derechos humanos y que además merecen tener, dado que van a estar acá igual, las mejores oportunidades para que todo se haga a la luz y no en la sombra", subrayó.
Una opinión similar sostiene Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, quien subraya que los procesos de regularización están dentro del ordenamiento jurídico de los países, y éstos se realizan cada determinada cantidad de años; lo importante es "ir distinguiendo a quienes no están con ese espíritu".
En el caso de Chile, destaca que "las personas que se empadronaron, lo hicieron con la esperanza de poder avanzar hacia la regularidad migratoria. No olvidemos que parte de los números de migración irregular tienen que ver con políticas que se han ido adoptando bastante restrictivas para poder acceder al ingreso regular y eso también llama a que tenemos que hacer una evaluación de las decisiones que hemos estado haciendo en esta materia".
Como pros, Hilliger destaca que la regularización permite a los países "conocer quienes viven en ese lugar, le permite a las personas disminuir los incentivos para los mercados informales que muchas veces son utilizados por el crimen organizado".
"Efecto llamado", "gestión ideológica" y "contexto regional"
Una opinión más crítica tiene el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, quien si bien destaca algunos "pros" de la medida que evalúa el Ejecutivo, no descarta que existan algunas consecuencias negativas, incluyendo el "efecto llamado".
Dos elementos positivos, a su juicio, es que podrá existir información más detallada, porque "este tipo de medida permite al Estado contar con datos actualizados de los migrantes empadronados, lo que podría ser útil para diseñar políticas públicas más precisas", y un control parcial, puesto que "regularizar a quienes ya están en el país podría reducir ciertas áreas de informalidad en el corto plazo, como el trabajo no regulado".
"Regularizar a quienes trabajan sin autorización puede generar tensiones entre nacionales y migrantes, además de perpetuar abusos laborales al normalizar estas prácticas. Esto afecta tanto a la convivencia como a la competencia justa en el mercado laboral".
Álvaro Bellolio, ex director de Migraciones
Por el contraste, Bellolio apunta a cinco elementos negativos, comenzando, a su juicio, por el "efecto llamado". "La medida puede generar un incentivo perverso para que más personas ingresen de forma clandestina al país, con la expectativa de futuras regularizaciones. Desde 2022, más de 120 mil personas han ingresado irregularmente, y este tipo de políticas refuerzan el mensaje de que ingresar ilegalmente no tiene consecuencias reales".
Añade que podría existir un impacto en la cohesión social y laboral, puesto que "regularizar a quienes trabajan sin autorización puede generar tensiones entre nacionales y migrantes, además de perpetuar abusos laborales al normalizar estas prácticas. Esto afecta tanto a la convivencia como a la competencia justa en el mercado laboral".
Otro elemento complejo sería una eventual "gestión ideológica y opaca" detrás de la propuesta. "Anunciar este tipo de medidas en fechas cercanas a las festividades recuerda los casos de los indultos navideños, donde se utilizan momentos de distracción para pasar agendas ideológicas que no necesariamente responden al interés general", afirma el ex director de Migraciones.
En cuarto lugar, subraya que existen algunas lecciones internacionales no consideradas, puesto que "países como Australia han demostrado que el control fronterizo estricto, combinado con sanciones a empleadores que contratan trabajadores irregulares, es más efectivo para gestionar la migración. Premiar la ilegalidad, como sería el caso de esta regularización, va en la dirección opuesta".
Por último, aborda el contexto regional y la crisis venezolana. "Con un posible nuevo éxodo venezolano a partir de enero, Chile enfrenta el riesgo de saturar sus sistemas públicos. En lugar de medidas reactivas, se necesitan políticas migratorias firmes que fomenten la migración ordenada y legal, protegiendo tanto a los migrantes regulares como a la población local", cerró.
