La propuesta de una "regulación acotada" para los migrantes que participaron voluntariamente en el proceso de empadronamiento biométrico —cifra que se estima en alrededor de 182 mil personas— ha generado un amplio debate.
Desde la oposición han manifestado preocupación, advirtiendo que esta medida podría interpretarse como un "perdonazo" o un "llamado masivo" para que más inmigrantes ingresen al país por pasos no habilitados con la expectativa de regularizar su situación posteriormente.
Sin embargo, los gremios empresariales manifestaron otra opinión. Subrayaron la importancia de una regulación ordenada, sobre todo para el sector agrícola.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, en conversación con La Segunda, señaló que "no hemos podido controlar el ingreso por las fronteras, entonces existen las preocupaciones de que esto no detone en ingreso masivo de gente, el 'efecto llamado', y de si vamos a ser capaces de recibir migración, considerando que el crecimiento no sube, con tasas de desempleo de 8,5%".
Subrayó que "la migración es buena para el país y lo ha sido históricamente". Sin embargo, destacó la necesidad de una regulación ordenada con mecanismos que permitan controlar el ingreso en la frontera, asegurando que "realmente sepamos quiénes son, con nombre y apellido, y se pueda constatar que son quienes dicen ser en sus países de origen". Subrayó la importancia de verificar antecedentes, asegurándose de que no sean delincuentes y que tengan la disposición de trabajar.
Mewes también mencionó: "conversando con la gente del agro, requieren trabajadores agrícolas y necesitan que estén regularizados, y eso muchas veces no pasa".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, afirmó: "Estamos hace mucho tiempo en este tema. Hemos tenido muchas reuniones con Manuel Monsalve (exsubsecretario del Interior), Luis Thayer (director del Servicio Migraciones), Miguel Yaksic (funcionario de la Subsecretaría del Interior a cargo de temas migratorios), Carolina Tohá (Ministerio del Interior) y el subsecretario (del Interior) Lucho Cordero".
Sobre dichas conversaciones, Walker señaló que ha planteado que "Chile no es capaz de abordar la realidad de la agricultura con trabajadores nacionales, no es una posibilidad. Regularizar a los extranjeros es condición fundamental para la agricultura".
Como ejemplo, destacó que en las próximas semanas el país exportará unos US$3.500 millones en cerezas, un proceso que debe completarse en ocho semanas.Sin embargo, advirtió que "no hay disponibilidad" de trabajadores suficientes para cumplir con esta tarea. "Necesitamos trabajadores extranjeros seis meses del año, pero tenemos que ordenar la casa".
Walker añadió: "Hay certificados que dicen que tenemos que cumplir las buenas prácticas agrícolas, que exigen no contar con trabajadores extranjeros irregulares".
Por ello, consideró necesarias dos vías: "Que trabajadores, fundamentalmente bolivianos, vengan con visas que les permitan trabajar y regresar a su país, como ocurre en Nueva Zelanda, que recibe a trabajadores de las islas aledañas para las cosechas".
La segunda vía es la regularización de los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en el país. Según Walker, "esto es urgente, no para mañana, es para hoy. Por esto, lo que está haciendo el subsecretario Lucho Cordero está muy bien alineado. No nos pongamos una venda, esta es la realidad. Es gente que va a la autodenuncia y le dice al Estado: ayúdame a regularizarme".
Walker concluyó: "¿Creemos en el mundo globalizado? Para el desarrollo de la agricultura, los extranjeros son fundamentales, pero regularizados. Bienvenidas todas las iniciativas para regularizar a los trabajadores que hayan entrado, se denuncien y cuenten con un antecedente intachable".