El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aprobó las modificaciones del plan regulador para ampliar el penal Santiago 1 y construir la nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago.
Con lo anterior, se dio luz verde al nuevo centro penitenciario. Desde el Minvu se encuentran trabajando en la redacción del decreto supremo que permitirá modificar el plan regulador y tras la publicación en el Diario Oficial, comenzará a correr el plazo de seis años para comenzar con las obras de la nueva cárcel.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que la decisión es "es inapelable: el primer trimestre del 2025 vamos a tener el decreto y los cambios de las normas, tanto del Plan Regulador Comunal, como del Plan Regulador Metropolitano, para tener una facultad para intervenir, y hacerlo compatible con lo que ha solicitado el Ministerio de Justicia".
"Tenemos que convivir, vivir juntos con distintos problemas, no podemos decir 'la tiramos para allá o para acá'. Creemos que si nos movemos bien, hacemos las cosas bien, podemos enfrentar los riesgos que esto tiene. Queremos tener un sistema penitenciario que realmente sea consistente con un país con mejor calidad de vida y seguridad", afirmó el ministro Montes.
En esta línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, mencionó que "desde el inicio del debate, hemos señalado la urgencia y la importancia de que Santiago cuente con una cárcel de alta seguridad, sobre todo para las cabecillas del crimen organizado, y también manifestamos nuestro interés de que se hiciera fuera del radio urbano de la ciudad".
En ese sentido, Orrego, quien se opuso al proyecto tras ser anunciado, se resignó luego de conocerse la decisión del Minvu: "Ahora, el Gobierno ha decidido que se haga en el mismo lugar de la cárcel pública, y frente a eso, que ya es una decisión tomada, sólo nos queda pedirle al Gobierno dos cosas: uno, que exista un plan de compensación y de renovación urbana para los vecinos del sector, y dos, que se establezcan metas y plazos claros respecto de la construcción de esta cárcel; quién va a ser el responsable, cuánto va a durar, y cuándo vamos a poder contar con una cárcel de alta seguridad en la RM", puntualizó.
La opinión de los vecinos
Ante la solicitud del gobernador de la RM al Gobierno para que implemente un "plan de compensación" para quienes habitan en el sector, los vecinos dudan de que se realice alguna indemnización.
Paola Moreno, vocera de los vecinos del Barrio Rondizzoni, aseguró que aún están pendientes las compensaciones ofrecidas a los vecinos cuando se construyó el Centro de Justicia: "Difícilmente nosotros podemos partir pensando en medidas de compensación cuando el Estado aún no se hace cargo de las compensaciones que prometieron en el año 2000 y tanto cuando se empezó a construir el Centro de Justicia", puntualizó la vocera de los vecinos.
Según recuerda Moreno, durante los años de construcción de los tribunales, entre 2004 y 2006, la entonces diputada por Santiago y actual ministra del Interior, Carolina Tohá, "vino a negociar con los vecinos y a prometer el oro y el moro. Por ejemplo, se prometió que se iba a cambiar la entrada de la ExPenitenciaría hacia el sector de la calle Centenario para mitigar las más de 20.000 personas que circulan por el sector hacia el Centro de Justicia todos los días. Nada de eso se ha cumplido hasta ahora. Al contrario, se ha abandonado más el barrio", mencionó.
Además, Paola Moreno critica que los vecinos se enteraron por la prensa que se aprobó la construcción de la cárcel a través de un decreto supremo: "Se saltaron toda instancia de participación incluso saltándose las opiniones de otros poderes del Estado como el Congreso. Es una medida que se está imponiendo a través de decretos supremos pasándose a llevar la voluntad de las comunidades".
"Sólo nos queda pedirle al Gobierno dos cosas. Uno, que exista un plan de compensación y de renovación urbana para los vecinos del sector, y dos, que se establezcan metas y plazos claros respecto de la construcción de esta cárcel".
Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana
Al ser consultada sobre si se ha planteado por parte de las autoridades alguna compensación para los vecinos, la vocera aseguró que "nadie ni del Gobierno, ni del Gobierno Regional, ni de los ministerios se ha acercado a hablar con nosotros para plantearnos alguna medida de mitigación.
No se hizo cuando anunciaron el proyecto y tampoco se ha hecho ahora".
Incluso, los vecinos han solicitado en varias ocasiones reunirse con autoridades para manifestarles su preocupación por la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad: "Hemos pedido a través de la Ley del Lobby reuniones con el antiguo ministro de Justicia. Ahora acabamos de solicitar uno al nuevo ministro, Jaime Gajardo. Pero acá es una decisión absolutamente vertical que se tomó en el Ejecutivo, a espaldas de los vecinos y de las comunidades, sabiendo ellos ya que este es un sector altamente criminalizado por el tema de la ExPenitenciaría y el Centro de Justicia".
En concreto, la mayor preocupación de los vecinos es la sensación de inseguridad con la que viven todos los días por vivir en las cercanías de Santiago 1. "Imagínate vivir con la cárcel al lado. Los peloteros que hacen las pelotas a medio cuadra de tu casa, que se orinan, que defecan, que hay prostitución, venta de drogas. Imagínate tenerlo más cerca todavía con la nueva cárcel" que se busca empezar a construir en los próximos seis años desde que se publique el decreto en el Diario Oficial.
Frente a esto, la vocera de los vecinos asegura se reunirán con abogados para presentar nuevamente un recurso de protección y evitar la construcción del penal.
Paola también afirmó que los vecinos no buscan una compensación, sino que derechamente quieren que se cambie la ubicación de la construcción de la nueva cárcel, por lo que no están dispuestos a tranzar: "Acá no estamos hablando de que los vecinos vamos a querer que nos pasen plata a cambio, porque esa plata me la voy a gastar en uno o dos meses, y la cárcel se la voy a tener por 100 años más. Acá el tema está en que los vecinos quieren mejorar su calidad de vida, no quieren que se la empeoren".
"El Gobierno se va a ir porque al Presidente Boric le queda un año. Va a venir otro gobierno y va a inaugurar la cárcel otro, y los únicos que van a quedar son los vecinos viviendo con un penal al lado", concluyó Paola.
Expertos analizan la nueva cárcel
Según Pía Greene, investigadora Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado USS, "no hay evidencia de que haya mayor cantidad de delitos por la instalación de una cárcel, pero sí se produce mayor temor de las personas porque tienen miedo de que haya fugas o que tienen miedo de que las personas que visitan estas cárceles sean también personas asociadas a las personas que están internas".
Según la experta en seguridad, esto también puede producir sensibilidades en los habitantes del sector porque "tienen problema también de que se puede depreciar el valor de las propiedades y puede bajar la cohesión social, o haber tensiones sociales en los alrededores. Pero en el fondo no hay evidencia de mayor cantidad de delitos".
"Acá no estamos hablando de que los vecinos vamos a querer que nos pasen plata a cambio, porque esa plata me la voy a gastar en uno o dos meses, y la cárcel se la voy a tener por 100 años más. Acá el tema está en que los vecinos quieren mejorar su calidad de vida, no quieren que se la empeoren".
Paola Moreno, vocera vecinos del Barrio Rondizzoni
Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y experto en seguridad pública, aseguró que la ampliación de Santiago 1 es "absolutamente necesaria, es lo que resuelve el tema o permite acercarse a reducir el déficit carcelario en el menor plazo posible".
En ese sentido, el experto en seguridad menciona que dado que ya se tomó la decisión de que será ubicada en la comuna de Santiago, "lo mejor es hablar de una compensación hacia los vecinos que permita primero que nada garantizarles seguridad, vigilancia permanente, circuitos cerrados de cámaras en todos los barrios que están en el entorno de la nueva cárcel".
Según Araya, "no cualquier compensación o indemnización va a suplir el tema de la inseguridad, pero si se toman las medidas adecuadas para darle garantías de seguridad a la gente con vigilancia reforzada y una exigencia también a quienes visitan a los reos, creo que es la manera de aminorar al máximo las externalidades negativas que puede tener el proyecto".
Catalina Droppelman, directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC y académica de la carrera de Sociología de la casa de estudios, aseguró que otra de las consecuencias "que trae la instalación de la cárcel en espacios urbanos tienen que ver, en general, con el comercio informal que se genera alrededor por las visitas".
"Las visitas en Chile tienen que llevar y proveer de una serie de bienes y servicios a las personas que están privadas de la libertad, ya que ellos no reciben de parte del sistema penitenciario. Y eso genera muchas veces mercados informales donde los vendedores ambulantes se instalan en los alrededores para que las visitas puedan comprar", afirmó Droppelman.
La académica, al igual que Pía Greene, asegura que esto podría generar uno de los mayores costos de la instalación de una cárcel, que "es probablemente la devaluación de las viviendas que están alrededor".
"Imagínate vivir con la cárcel al lado. Los peloteros que hacen las pelotas a medio cuadra de tu casa, que se orinan, que defecan, que hay prostitución, venta de drogas. Imagínate tenerlo más cerca todavía con la nueva cárcel".
Paola Moreno, vocera de los vecinos del Barrio Rondizzoni
En esa línea, menciona que la compensación para los vecinos que habiten el sector "es una medida que, comparada en otros países, se ha utilizado en lugares donde las cárceles se están instalando por primera vez, es decir, en lugares donde no ha habido una cárcel antes", que no sería el caso específico de la nueva cárcel de alta seguridad que será una ampliación de Santiago 1, por lo que
no habría algún "modelo a seguir" de indemnización.
Pese a esto, Rodrigo Martín, vicedecano de Investigación y Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, valora que el gobernador Claudio Orrego haya puesto sobre la mesa la idea de compensación.
"Creo que la propuesta del gobernador va en una buena dirección porque es importante que se empiecen a pensar las medidas de mitigación respecto a los proyectos de escala intercomunal, proyectos de infraestructura importante para la ciudad", mencionó el también Doctor en Arquitectura y Ciudad Inteligente.
"El rol del gobernador es poder hacer la gestión en una escala regional y cuando hablamos de un centro penitenciario en de alta seguridad en Santiago, las formas de mitigación debieran ser negociadas en esa misma escala regional en donde efectivamente se pueden hacer proyectos complejos", por lo que sería ideal que tanto el Gobierno Regional o el Ejecutivo planteen medidas de mitigación.
Sin embargo, hizo énfasis en que en este caso "no estamos hablando simplemente una indemnización económica. Hay que hacer planes participativos, hay que involucrar a la gente y a los privados para evitar que los barrios no cambien, generar infraestructura, producir compensaciones que generen equipamiento positivo para el barrio", mencionó.
