Esta semana, se conoció que la Fiscalía de Antofagasta solicitó ante la Corte de Apelaciones el desafuero de la
diputada Catalina Pérez (IND ex FA), en el marco de la indagatoria por el caso Convenios, en su arista Democracia Viva.
"En opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de esta investigación", sostuvo el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
El requerimiento, que deberá ser resuelto por el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, surge después de que La Segunda publicara conversaciones vía WhatsApp de la congresista con su expareja, Daniel Andrade, quien le comentaba, en más de una oportunidad, sobre la gestión y aprobación de los convenios. Esto, pese a que en junio del año pasado, cuando estalló el caso, Pérez salió a decir que nunca se había enterado de esas tratativas.
Pero la diputada Pérez no es la única que se ha enfrentado a situaciones que han motivado solicitudes de desafuero. De acuerdo a El Mercurio, en lo que va del año se han solicitado más de una docena de estos procedimientos, lo que ha abierto un fuerte debate en torno a la forma en que está concebido este "beneficio" o "privilegio", según algunas voces.
Por ejemplo, este año también se produjo el desafuero del diputado Juan Francisco Pulgar (IND), imputado por violación de un mayor de 14 años en 2014; de Mauricio Ojeda (IND ex republicano) en el contexto del caso Convenios -en la arista Manicure-; de María Luisa Cordero (IND Pro Chile Vamos), por afirmar que la senadora Fabiola Campillai "tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega".
"Un privilegio"
El fuero parlamentario es un beneficio de naturaleza procesal, que permite que un diputado o senador no pueda ser imputado o privado de su libertad de manera instantánea, sino que antes tiene que existir un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que sea descubierto cometiendo un delito flagrante.
Yo creo que eliminar el fuero es el 'desde' con que deberían producirse los cambios y modernización del Congreso".
Germán Silva, analista político U. Mayor
A juicio de Germán Silva, analista político de la U. Mayor, "es el momento que el Parlamento chileno se empiece a poner a tono con los tiempos que vivimos". Esto, porque "mantiene privilegios que muchos vienen de épocas en que los que se dedicaban a esta función era la élite que lo hacía como una especie de favor al país".
Para el experto "no es entendible que mantengan un receso parlamentario de un mes, ganan sueldos que duplican a los de países desarrollados, no hay control de sus asistencias, se pasan semana viajando a otros países, etc.", por ejemplo.
En concreto, respecto al fuero, enfatiza en que "no solo es un privilegio que no tienen otros poderes del Estado, como el Ejecutivo, sino que además, refuerza una percepción de privilegio que a propósito de todos los escándalos que hemos visto en los últimos años, tiene a ese poder como el peor evaluado de todos. Yo creo que eliminar el fuero es el 'desde' con que deberían producirse los cambios y modernización del Congreso".
Con todo, subraya que "si imaginamos que Manuel Monsalve hubiera tenido este mismo privilegio en el Ejecutivo, como lo ha tenido un parlamentario acusado de un delito de connotación sexual, el escándalo sería inaguantable para los ciudadanos".
Octavio Avendaño, analista político de la U. de Chile, coincide en que "el fuero es una suerte de privilegio que debe ser revisado, y debe ser revisado en función también de los hechos o los delitos en los que se vean involucrados algunos parlamentarios. Si esos delitos atentan contra la probidad, si pueden ser considerados graves, desde luego amerita que el desafuero sea inmediato, y por ende se tenga que revisar permanentemente".
"Lo que ha ocurrido con la diputada Pérez demuestra que, más que el desafuero, los procedimientos judiciales han sido lentos porque, en estricto rigor, la diputada debiera haber sido desaforada hace bastante tiempo", sostiene.
Una opinión similar tiene el exfiscal Carlos Gajardo, quien señaló a El Mercurio que "en general, el desafuero es un privilegio para los parlamentarios que no se justifica, contraría el principio de igualdad ante la ley y, por lo tanto, debieran poder ser formalizados por la fiscalía sin necesidad de este trámite previo".
