El 1 de octubre, el Gobierno ingresó al Congreso la primera parte de su reforma comprometida en la ley corta de isapres: el fin de las preexistencias. El proyecto, que es discutido por la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuenta con varios puntos, entre los que destacan la eliminación de la declaración de salud y la prohibición de que las aseguradoras restrinjan la afiliación en función de preexistencias, junto con eliminar la tabla de factores y sustituirla por una tarifa plana para que los afiliados paguen lo mismo, salvo para aquellos que prefieran no migrar al nuevo plan común. También incluye la creación de un plan común, que será el único ofrecido; y hace obligatorio un reaseguro para las isapres, con el fin de mitigar los riesgos de afiliar personas con altos costos de salud, medida que reemplaza la idea de generar un fondo común compensatorio. Según un análisis realizado por investigadores de la U. San Sebastián y la U. de Newcastle (Australia), aunque la iniciativa avanza en mejorar el sistema privado, faltan elementos.
