"Es una muy buena señal" y "demuestra que siempre fue necesaria". Con esas palabras parlamentarios de la macrozona sur valoraron que en el primer año de vigencia de la Ley 21.633 -también llamada de Usurpaciones-, las ocupaciones ilegales de predios disminuyeran 59%, al pasar de 103 casos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, a 42 en los mismos once meses de este año.
Según consignó El Mercurio, el informe de Carabineros -autoridad policial que concentra las denuncias y lleva a cabo los desalojos y las aprehensiones- reveló que en el período analizado, además, las personas detenidas por participar en tomas de terrenos subieron 900%, al pasar de 7 a 63. Un desglose de la última cifra mostró que en La Araucanía los arrestos se incrementaron de 4 a 35, y en Biobío, de 3 a 28.
Ahora bien, los Lagos y La Araucanía fueron las regiones donde la nueva norma tuvo mayor impacto. La primera bajó de siete a cero, mientras que la segunda de 82 a 26. Por el contrario, Biobío subió los casos de 10 a 14 en el período comparado.
Desde la región del Biobío, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), destacó el balance y aseguró que la ley ha sido "un avance en fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, y ese avance ha derrotado esta mirada sobreideologizada que hubo durante mucho tiempo, en que se consideró que los ataques a la propiedad privada eran normales. Se quiso normalizar una situación que atentaba contra el derecho a propiedad y que atentaba contra la ley".
En la misma línea, el diputado sostuvo que esta norma "ha puesto las cosas en su lugar", pues "se ha bajado drásticamente el número de usurpaciones" y "hay muchos más detenidos (...) lo que es un avance positivo".
Desde la región de La Araucanía, el congresista Henry Leal (UDI) aseveró que "esto demuestra que la Ley de Usurpaciones siempre fue necesaria" y relató: "Aquí hubo un amplio debate, incluso, hubo sectores (del Gobierno) que querían aplicar solamente una multa cuando no fueran usurpaciones con intimidación. Se nos trató a la derecha de que era una ley demasiado severa, demasiado dura, pero el tiempo nos da una vez más, tal como en la ley de robo de madera, la razón".
"(Esta ley) ha sido, sin lugar a dudas, el principal instrumento para que disminuyan las usurpaciones, porque hoy día son un delito, tienen penas de cárcel, no solamente de multa. Además, se puede quitar el desalojo inmediatamente, hay un procedimiento expedito para hacerlo y, por lo tanto, es disuasiva y eso ha ayudado", agregó.
Leal también resaltó a la fiscalía, indicando que "ha hecho una labor importante. Hay delincuentes que están tras las rejas, cabecillas de algunas bandas, eso también ha ayudado, así que es una buena noticia para La Araucanía y espero que esto siga así".
Una apreciación similar mostró el presidente nacional de Amarillos, diputado Andrés Jouannet, quien remarcó que las ocupaciones ilegales disminuyeron y afirmó: "Es una muy buena señal".
No obstante, también dijo que existe una "mala señal" y es "la venta del Fondo El Nudo por 10 mil millones de pesos, un predio que está, según tasación fiscal, en 2.500 millones de pesos, porque es un predio violentado". De hecho, por lo mismo, precisó que "vamos a presentar esto a la Contraloría, al Ministerio Interior y al Ministerio de Desarrollo Social, para retrotraer esta compra. Esto es absolutamente ilegal. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no ha ayudado en este proceso respecto de la aplicación de la Ley de Usurpaciones".
La diputada Gloria Naveillan (Ind-Comité Social Cristiano) de igual forma abordó ese tema: "Tenemos a una Conadi que insiste en comprar predios que están usurpados, predios que están violentados. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, logran que el dueño del predio firme una declaración jurada diciendo que el predio no está violentado, cuando en realidad sí lo está, pero el dueño ante todas las amenazas que tiene, a veces por muchos años, y sobre todo por la cantidad de plata que le ponen arriba de la mesa, firma cualquier cosa y desgraciadamente ese es un incentivo perverso que Conadi sigue practicando, y que va absolutamente en contra de todo lo que queríamos lograr con esta ley".
De todas formas, la parlamentaria acotó que la nueva norma "ha tenido un efecto relevante". "Yo creo que ha sido una de las leyes más importantes que hemos aprobado para lograr de alguna manera bajar el nivel de violencia", advirtió.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Ind-Partido Republicano) manifestó que "es positivo el análisis que se hace" y "demuestra que una buena legislación puede tener un impacto positivo en el comportamiento criminal de la población y, en este caso, beneficiando en forma particular a la macrozona sur".
"Aquí lo que hay que hacer es un trabajo conjunto, porque las usurpaciones persisten a pesar de la ley", añadió.
Finalmente la senadora del mismo partido, Carmen Gloria Aravena, expresó que "es una excelente noticia la significativa disminución de las usurpaciones en Chile, y es aún más valioso destacar las detenciones que se han logrado en estos casos".
Además, dijo que "demuestra que Chile necesita endurecer penas y proteger la propiedad privada como la vida de las personas. En este contexto, es importante recordar que muchas veces en política se dan discusiones banales que no abordan directamente los problemas reales que afectan a las familias chilenas".
"Hoy, tras un año de la entrada en vigor de esta normativa, es un buen momento para reflexionar con calma sobre posibles mejoras que podamos implementar para que su impacto sea aún mayor, reforzando su efecto disuasivo contra quienes pretenden usurpar o dañar los bienes privados que tanto esfuerzo han costado a sus dueños", terminó.
