Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida.
Diputados UDI.
manifestaron su más profundo rechazo al uso de la Defensoría Penal Pública por parte de un grupo de parlamentarios oficialistas, quienes buscan así atender sus problemas legales personales.
Se trata de los diputados Daniel Melo, Lorena Pizarro, Luis Malla, Lorena Fríes, Jaime Sáez, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo y Nelson Venegas.
"Creemos inaceptable que un grupo de diputados decida usar a la Defensoría Penal Pública para sus problemas penales personales. Este es un beneficio diseñado para personas que no pueden proveerse de un abogado. Es evidente que un parlamentario, con los recursos que dispone, puede proveerse de un abogado", acusaron los diputados gremialistas.
Donoso y Fuenzalida también consideraron que este comportamiento presenta un claro conflicto de interés: "Estos diputados específicos aprobaron el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que evidencia un interés manifiesto en mantener los dos abogados proporcionados por esta institución para defenderse de una querella y del proceso de desafuero".
Los diputados de la UDI calificaron esta acción como un abuso de poder y un acto potencialmente ilegal. En consecuencia, solicitaron a la Secretaría de la Cámara una certificación oficial sobre este caso para evaluar y emprender las acciones legales correspondientes.
En esa línea, ambos parlamentarios cuestionaron duramente este proceder, subrayando que "si bien no hay una prohibición explícita en la ley, los parlamentarios somos quienes aprobamos el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que genera un evidente conflicto de interés. Ellos votaron a favor del presupuesto de sus propios abogados, lo que considero una falta grave a la probidad".
"Es fundamental que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad y transparencia, y no para satisfacer intereses personales de quienes legislan sobre ellos", concluyeron los diputados Donoso y Fuenzalida.
